Hamza Yalçin La Audiencia deja en libertad provisional al periodista turco reclamado por Erdogan

La Audiencia Nacional dejará en libertad provisional al periodista sueco-turco Hamza Yalçin, quien permanecía encarcelado desde el pasado 3 de agosto cuando fue detenido en el aeropuerto de Barcelona porque Turquía cursó su detención internacional a través de Interpol. Así lo ha acordado el juez Ismael Moreno, al tiempo que impone al periodista como medidas cautelares la obligación de comparecer ante el juzgado cada semana, la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio sin autorización judicial.

La puesta en libertad se ha logrado porque Yalçin cuenta con un domicilio en la ciudad de Barcelona que ha sido facilitado por la asociación PEN Català –entidad que defiende los derechos lingüísticos- en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, que garantizan su alojamiento mientras se resuelve la extradición que solicita Turquía contra el periodista. La Audiencia Nacional girará un mandamiento a la prisión de Brians I para que ponga en libertad a Yalçin. La resolución no es firme, porque cabe recurso en los próximos tres días.

Numerosas organizaciones y autoridades reclamaban la puesta en libertad del escritor y periodista, condenado por terrorismo en Turquía cuando es el editor de una revista crítica con el régimen. El régimen de Recep Tayyip Erdogan recurre a las órdenes de detención internacional de Interpol para capturar a personas críticas con este gobierno.

Entre las organizaciones que han defendido la liberación de Yalçin destacan la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), el Síndic de Greuges, la Federación Internacional de Periodistas, el Ayuntamiento de Barcelona o el el presidente del Instituto Internacional del Ombudsman-Europa, Rafael Ribó.

En una carta abierta, el periodista sueco-turco explica que es un escritor y activista socialista, que fue detenido y torturado en Turquía hasta que en 1985 pidió asilo en Suecia, donde obtuvo la nacionalidad. Autor de la revista Odak, publicada legalmente, y coordinador del Movimiento de Educación y Solidaridad, Yalçin se define como “un luchador por la libertad que utiliza herramientas y métodos pacifistas”, para quien la resistencia “contra la atrocidad es un derecho”.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), que representa a Yalçin a través del despacho de abogados ILOCAD considera que la detención del periodista y escritor, de 59 años y residente en Suecia, vulnera sus derechos de asilado por motivos políticos.

Sobre Yalçin pende aún la decisión sobre si se otorgará o no la extradición solicitada por el Gobierno de Erdogan. El Consejo de Ministros del pasado viernes dejó sobre la mesa esta petición formulada por Turquía. La defensa del periodista había solicitado al Ejecutivo que denegara directamente esta solicitud dado que Yalçin tiene nacionalidad sueca y le fue concedido el asilo en Suecia en su día.

En el escrito de solicitud de libertad provisional presentado por sus abogados se destacaba "la patente ausencia del requisito de doble incriminación, su condición de refugiado o asilado y la existencia de un riesgo cierto de que, de ser extraditado, Yalçin sea sometido a torturas, a un proceso carente de las mínimas garantías del derecho de defensa y a un trato inhumano o degradante". Señalaban además que “los hechos a partir de los cuales las autoridades turcas afirman la pertenencia a grupo terrorista o criminal del señor Yalçin son de todo imprecisos y carecen de sustento fáctico, cuando no incurren en contradicciones, siendo lo único cierto que el señor Yalçin, en tanto que su profesión es la de periodista, escribe artículos con el fin de desarrollar su deber de informar verazmente y con libertad de opinión”.

“La orden de detención internacional emitida por las autoridades turcas no es sino manifestación de una situación de persecución política de los periodistas opositores del actual régimen turco, entre ellos nuestro defendido y representado”, señalan los letrados añadiendo que los hechos por los que las autoridades turcas requieren la extradición son de naturaleza estrictamente política y atentan contra su libertad de expresión.