La Atalaya, el pulmón social de Vallecas al que Almeida ha dado la puntilla en su guerra contra los centros autogestionados

El pasado miércoles, la Policía desalojó sin previo aviso el centro social okupado (CSO) La Atalaya, en el barrio madrileño de Vallecas. El centro, que llevaba una década en activo, ya había sufrido anteriormente intentos de desahucio, de los que salió airoso. En esta ocasión, sin embargo, los agentes acudieron al centro sin aviso del juzgado.

La noticia llegó a través de X (anteriormente, Twitter), cuando la cuenta de otro centro social, La Villana de Vallekas (@lavillanavk) publicó un vídeo que muestra a varios efectivos entrando en La Atalaya. Como luego confirmó la Policía a Europa Press, el operativo contó con decenas de policías, una veintena de furgones, y la presencia de Antidisturbios.

El desalojo se dio sin violencia, pese a que hubo tensiones durante el dispositivo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallekas cuenta a Público que "se vio un dispositivo agresivo y tenso, realizando identificaciones sin justificación, no dejando acercarnos a negociar ni a hacer fotos y, en un principio, reacio a dejarnos sacar nuestras cosas".

Mientras se daba el desalojo, distintas asociaciones hicieron un llamamiento a través de redes, instando a defender La Atalaya. También se convocó una protesta frente a la Asamblea de Madrid, que se encuentra a escasos minutos del centro social. Desde la Villana de Vallekas informan que la delegación de Gobierno no autorizó la manifestación "con la excusa insostenible" de que no se había convocado con 24 horas de antelación, "pero como ya se había convocado masivamente", se pudo iniciar la concentración. En ella, se cantaron consignas como "10,100,1000 centros sociales" y "Vallekas no se vende, Vallekas se defiende". La protesta se desarrolló sin conflictos.

La Atalaya, un "pulmón" para Vallecas

El CSO La Rosa define estos centros autogestionados como "un pulmón de los movimientos sociales", siendo "de los pocos espacios de ocio gratuitos de los que dispone la clase trabajadora en los barrios de las ciudades". También son un lugar de encuentro político y de militancia, que acogen colectivos como el Sindicato de Inquilinas. "Sus bases son la solidaridad, la cooperación y la puesta en común".

La Atalaya era crucial para Vallecas. Desde que, en 2014, el grupo juvenil Yesca decidió reformar el instituto público Margerit de Vallecas –abadonado en 2012–, este centro social ha ofrecido todo tipo de actividades sociales y culturales a los vecinos del barrio. Con la cooperación de distintos colectivos, el antiguo instituto fue reformado y reconvertido. Actualmente, entre sus muchos servicios se incluían un rocódromo, un taller de bicicletas, gimnasio, biblioteca y estudio de grabación. También destacaba su patio, que acogía conciertos, actos y charlas de contenido feminista, antirracista o antifascista. "Es una enorme pérdida para el barrio y para los espacios comunes", lamentan desde la Villana de Vallekas.

Y es que muchas de las actividades que se realizaban allí se debían a las características de las instalaciones, como el rocódromo o la pista de skate. Por ello, representantes de la PAH ven difícil hallar otros espacios similares donde continuar con muchas de ellas. También muestran su preocupación por los niños del barrio, ya que para muchos, La Atalaya era el lugar en el que disfrutaban del ocio. Según denuncian desde la PAH, con el cierre del centro los más pequeños podrían experimentar un descenso en su rendimiento escolar, a la par que una reducción de los espacios de ocio libre y gratuito. En consecuencia, esto hace que perdure "un sistema que consigue que los pobres sigan siendo pobres".

El Gobierno de Almeida, señalado

La Atalaya no es el primer centro social autogestionado desalojado, ni tampoco será el último. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid desde 2019, ya aseguró cuando tomó el poder que la capital sería "una ciudad libre de okupas". Durante estos últimos cinco años de legislatura, el Ayuntamiento libra una guerra contra los centros sociales. La Dragona y La Ingobernable en 2019, o la Casa del Cura en 2023, son algunos de los más sonados. "Saben (el Gobierno de Almeida) que en los centros sociales se ensayan dinámicas que difieren mucho de las que interesan al capitalismo político", explican desde La Rosa.

La propia Atalaya ya se ha enfrentado a otros dos intentos de desahucio. El primero, en 2016, finalizó sin condena para quien se personó en el proceso. El segundo, en mayo de 2022, terminó con una sentencia que, sin embargo, "quedó en nada", recuerda la PAH. No obstante, lo particular de este desalojo es que el juzgado no envió un aviso previo. Desde La Rosa se muestran tajantes al respecto: "Hay que denunciarlo y hay que contar que ocurre en condiciones de dudosa legalidad", pero avisan que "hay que tener claro igualmente que Estado y Capital no dudan siempre en saltarse sus propias normas".

La Agencia de Vivienda Social (AVS, anteriormente conocida como IVIMA), legítima propietaria de las instalaciones de La Atalaya, ya ha anunciado que pretende construir 60 viviendas sociales, destinadas para familias en situación de vulnerabilidad. No obstante, las asociaciones ponen en duda estas afirmaciones. La Rosa transmite su desconfianza de que detrás del desalojo de La Atalaya haya un propósito social: "Parece improbable que vayan a construir vivienda social, pero que lo hagan tampoco es garantía, visto lo visto, de que no sea con fines especulativos".

La PAH, además, ve este anuncio de la construcción de viviendas sociales como "un intento de enfrentar a los okupas (malos) con las familias 'vulnerables' (buenas). Como si no fuéramos la misma gente. Como si la AVS no nos desahuciara diariamente." Apuntan a la campaña de criminalización de la okupación y de los centros sociales liberados, y responsabilizan al Gobierno de la Comunidad de Madrid, al Partido Popular, y a sus políticas de vivienda, "caracterizadas por la especulación, el desvío de fondos públicos a sus empresas amigas y el negocio que hacen de nuestra pobreza".

También se muestran firmes al afirmar que, desde el mismo día del desalojo, "vamos a ver las consecuencias de las políticas del Gobierno más progresista de la historia, reflejadas en subidas del alquiler, incapacidad de acceder a una vivienda, trabajos precarios y explotación laboral". 

En cuanto al futuro de La Atalaya, aún es incierto, aunque desde La Rosa confían en que la red solidaria de asociaciones les ayudará a rearticularse. "Son procesos delicados en los que conviene más actuar en frío y no en caliente" explica la PAH. Aún así, "actualmente en Vallekas no hay espacios que cumplan con las mismas características". Más de un centenar de personas se beneficiaban de los servicios solidarios de La Atalaya.