Las asociaciones que defienden la sanidad pública en Galicia preparan una iniciativa legislativa popular para recuperar las inversiones en atención primaria y recuperar un sistema que, según aseguran, han destrozado las políticas de recortes y privatizaciones de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo.

Las organizaciones, agrupadas en torno a la plataforma SOS Sanidade, iniciarán la próxima semana una campaña de recogida de firmas para obtener las 15.000 que hacen falta para presentar la propuesta en el Parlamento de Galicia. Allí se tramitará como proposición de ley y será defendida ante el pleno de la cámara por sus promotores.

"Las medidas de los últimos años estaban destinadas a hundir la atención primaria, y la covid ha sido demoledora, ha acelerado el proceso y nos ha dejado una situación terrible, con la población sintiéndose desamparada y los profesionales, en un ambiente de frustración y desesperación", asegura Manuel Martín, portavoz de la plataforma y presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp).

Desde que Feijóo es presidente, la Xunta ha recortado la inversión en atención primaria en un 20%, desde los 1.717 millones del 2009 -los 1.437 millones de ese año representarían esa cantidad hoy, actualizada en euros corrientes con el incremento del índice de precios al consumo- a los 1.389 de los presupuestos para el 2022. Una desinversión que incluso se ha mantenido durante la epidemia de covid, ya que para el 2021 se habían destinado a la atención primaria 1.391 millones, dos más que este año.

Los recortes han motivado el cierre de centros, la eliminación de consultas y la implantación de la consulta telefónica como modo habitual de relación del paciente con su médico de cabecera, sin que eso haya supuesto un recorte en los tiempos de espera. Según una información publicada este mismo jueves por La Voz de Galicia, las citas se demoran días y hasta semanas en las grandes ciudades, en las urbes medianas y en las villas pequeñas, desde los ocho días de espera para ser atendido un centro de salud de Santiago a los once de uno de A Coruña y los dieciséis de uno de Foz (Lugo).

Feijóo y su conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, han reconocido el colapso del sistema, y aunque responsabilizan en parte al covid, el presidente de la Xunta ha advertido que la atención primaria "seguirá saturada" cuando pase la pandemia. Feijóo culpa al Gobierno central por no convocar más plazas de médicos internos y residentes (MIR) e incluso a los propios sanitarios, que en su versión no querrían trabajar para el Servizo Galego de Saúde (Sergas). No le falta razón, porque la fuga de galenos gallegos al extranjero y a otras zonas del Estado es constante desde el 2009.

Lo que Feijóo no dice es que les ofrece salarios 350 euros al mes más bajos que hace doce años, y en buen número de casos con contratos por meses, semanas e incluso días, haciendo guardias y cubriendo varios centros de salud a decenas de kilómetros unos de otros. Los que se han quedado también han reducido su número: había 2.523 en el 2009, y hoy son 2.519.

"Feijóo ha cometido multitud de errores, durante la pandemia pero también antes de ella. Y el responsable es él, las competencias en materia de sanidad le corresponden a la Xunta", afirma José María Dios Diz, médico en atención primaria en Outes, una localidad de 6.000 habitantes en la ría de Muros y Noia, en A Coruña, y portavoz de SOS Sanidade en el área sanitaria de Compostela.

Dios, que asegura que atiende a cuarenta pacientes diarios, denuncia que la Xunta tiene desde hace más de un año "metidas en un cajón" las conclusiones del informe de recomendaciones y medidas destinadas a a mejorar la atención primaria que elaboraron las quince comisiones de estudio en las que la que la Xunta dividió al Consello Galego de Saúde, su organismo asesor en materia de sanidad.

Esas conclusiones son el fundamento de la iniciativa legislativa popular que SOS Sanidade quiere llevar al Parlamento, y que incluye medidas como cumplir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para incrementar la inversión en atención primaria hasta el 25% del total excluyendo el gasto farmacéutico; recuperar las plantillas recortadas en los últimos doce años, reabrir los centros cerrados y convocar las plazas vacantes; acabar con la precariedad de los profesionales y con las listas de espera que sufren los pacientes; eliminar las respuestas telefónicas robotizadas y garantizar el derecho a las consultas presenciales, entre otras.

"Sabemos que el PP, que tiene la mayoría absoluta en el Parlamento, no la va a aprobar porque no les interesa este modelo, que no busca otra cosa que la eficiencia en la atención primaria", resume José María Dios. Manuel Marín también insiste en que, más allá de sus posibilidades de convertirse en ley, la propuesta también pretende movilizar a la sociedad gallega en torno a la defensa de la sanidad pública "y recuperar la relación profesional-social, entre profesionales y ciudadanos". "La gente debe saber que si en un centro de salud no le atienden no es por la desidia de quienes trabajan en él, sino por lo que está haciendo la Administración. Queremos transformar el enfrentamiento en alianza", concluye.

Los sindicatos y partidos de la oposición, que forman parte de la plataforma, se han prestado a apoyar la iniciativa. "Feijóo tiene que escuchar el clamor social en las calles reclamando una sanidad pública, universal y gratuita", asegura Montserrat Prado, portavoz de Sanidade del Bloque Nacionalista Gallego, en referencia a las miles de personas que se manifestaron en noviembre pasado en Santiago contra el modelo de atención primaria de la Xunta.

El portavoz del PSOE, Julio Torrado, consideró necesario reorientar ese modelo y celebró que la iniciativa de SOS Sanidade vaya a permitir que el debate sobre la atención primaria "salga de los foros institucionales". "Tenemos que hablar de lo que está pasando en los hospitales y en los centros de salud", dijo.