Santos González ha sido la última víctima del amianto. Fue el primer trabajador del Metro de Madrid al que se le diagnosticó asbestosis –la enfermedad crónica pulmonar que se desarrolla por la inhalación de partículas de amianto– y el séptimo que pierde la vida en la empresa pública de transportes. Su muerte, tras décadas reparando escaleras mecánicas, es el símbolo de un problema de salud pública que se extiende más allá de los andenes y vagones de la capital española. Tanto es así, que los datos de UGT confirman que en 2020 se produjeron 23 decesos profesionales por causa de este material tóxico que durante mucho tiempo se utilizó en España como material de construcción. Una cifra que supone un ligero descenso respecto a los últimos registros de la Seguridad Social, que hablan de 32 fallecidos por esta causa en 2018.

Desde el sindicato explican que los daños que el amianto provoca podrían ser superiores si se mejorasen los criterios con los que la Seguridad Social identifica las enfermedades laborales. "La asbestosis está relacionado directamente con exposición al amianto y es fácil de reconocer en los trabajadores, pero hay otros casos que se deberían contemplar, y que ya se han dado en algunas sentencias, ya que muchos familiares que conviven con los trabajadores también se exponen al desarrollo de algún tipo de cáncer", advierte José de las Morenas, coordinador de Salud Laboral de UGT.

Desde 2002 el trabajo con amianto está prohibido en España, sin embargo, su presencia continúa siendo una máxima. De hecho, en el Registro de Empresas por Riesgo de Amianto (RERA) que cada Comunidad Autónoma elabora se contabilizan centenares de compañías cuyos trabajadores se ven expuestos a este material tóxico. La mayoría de ellas se dedican precisamente a las labores de limpieza de asbesto. En Madrid, la lista asciende a las 481 empresas; en Euskadi hay 266; y en Catalunya más de mil. Y es que, este material fue empleado como material de construcción durante la segunda mitad del siglo XX, así como aislante para la fabricación de piezas de transporte, lo que hace que la mayor parte de los trabajadores que se exponen a él procedan de empresas ferroviarias como Renfe o Metro.

Un problema de salud pública

Carlos Arribas, responsable de Residuos de Ecologistas en Acción, señala que las cifras dramáticas relacionadas con muertes laborales son, a pesar de todo, la minoría de un problema que permanece oculto. "Lo que existe es una exposición incontrolada por parte de toda la población, debido a la ingente cantidad de vertidos de amianto y a la permanencia de este material en instalaciones públicas. Por desgracia, no sabemos la cantidad exacta de edificios que puedan tener todavía amianto en su interior y por eso creemos que es necesario que se realice un censo para empezar a atajar el problema", argumenta el activista.

"El amianto fue ampliamente distribuido. Se decía que era incorruptible, pero cuando pasan 20 o 30 años, se deteriora y empieza a liberar partículas muy finas que se pueden liberar con el aire. Hay que tener en cuenta que están presentes en multitud de edificios públicos, incluso colegios, por lo que los riesgos son elevados", advierte Carmen Diego, jefa de Neumología en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. De hecho, un informe de CCOO denunciaba en 2018 que el 80% de los colegios de la capital española podrían tener restos de amianto. A ello, hay que añadir la tendencia de reutilizar algunos componentes como tejados de uralita para la fabricación de cubiertas en huertos o garajes de ámbito rural. "Por desconocimiento, muchas personas han retirado esos materiales y los han reaprovechado, sin saber que no es un material reciclable. Esto abre un problema de exposición ambiental", agrega la experta.

Apenas unos segundos de exposición a una de estas fibras puede derivar en una grave enfermedad pulmonar. "No hace falta mucho tiempo para que se incrementen las posibilidades de padecer un mesotelioma, que es un cáncer de pleura –la membrana que rodea el pulmón– muy agresivo del que no existe ningún tratamiento curativo", informa la neumóloga.

"Inicialmente el mesotelioma se detectaba en ámbitos laborales. Luego se fue ampliando y se empezó a detectar en familiares. Sin embargo, en la actualidad vemos que cada vez hay más personas que lo padecen sin tener relación laboral con el amianto", detalla Josep Tarrés, neumólogo, doctor en Medicina y experto en amianto. El mesotelioma está ahora mismo al alza. Y es que la enfermedad tiene una latencia muy lenta, es decir, tarda en aparecer hasta 20 o 30 años desde la exposición a la enfermedad lo que hace, según el experto, que "nos ubiquemos en la rampa de salida de la epidemia".

Los datos de este neumólogo, una de las personas que más ha estudiado los efectos del asbesto en la salud, hablan de una evolución ascendente de los mesotelioma, cuya aparición se relaciona al 100 % con el amianto. Si a principios del siglo XX se detectaba un caso por cada millón de habitantes, en la década de los noventa la frecuencia pasó a los 4 casos por cada millón en toda España. Los últimos datos manejados por el doctor hablan de que entre 2005 y 2015 ya había una tasa de 7 casos detectados por cada millón de habitantes. En lo que se refiere al cáncer, Tarrés apunta que entre el 10% y el 15% de los casos diagnosticados tienen relación con la exposición al amianto.

Una ley para erradicar el amianto

"Erróneamente la gente piensa que es un problema del pasado, exclusivamente de gente que ha tratado con el amianto, pero la realidad nos dice que no es así. Si no actuamos ya, no sólo veremos morir de amianto a gente de nuestra generación, sino que veremos morir a nuestros hijos por ese amianto que se acumula y que no está siendo tratado como se debe", denuncia Leonardo Visconti, miembro de la plataforma Por una ley integral de amianto, que cuenta con colectivos ecologistas y asociaciones médicas por la salud pública.

Desde UGT reconocen también la urgencia de una ley que de protección a los trabajadores que durante años han estado expuestos a ese material, pero también ataje el problema de raíz, ya que se ha convertido en un problema que afecta a toda la sociedad. Según los colectivos, esa herramienta legislativa debe estar provista de un fondo para indemnizar a los familiares de las víctimas que hayan muerto por las partículas tóxicas. También debe poner las bases para censar todas las empresas, edificios y vertidos que cuenten con amianto, así como mejorar los protocolos de actuación para su eliminación total.