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MADRID. - El presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, se ha acogido a su derecho de no declarar. El acusado ha llegado visiblemente molesto a los juzgados ya que, según su defensa, se enfrenta a un juicio en el que "ya está juzgado".
Con un escueto "no voy a declarar" ha respondido el procesado a la presidenta de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, María Luisa Aparicio, cuando le ha preguntado al inicio de la vista oral si tiene intención de responder a las preguntas del Ministerio Fiscal o de alguna de las partes. Ni siquiera ha accedido a contestar a las preguntas de su defensa.
Pero cuando la presidenta de la Sala le ha preguntado si conoce los hechos y las penas a las que se enfrenta, de hasta 126 años de prisión, el procesado ha respondido: "Sí, las conozco señoría". Por ello, se ha decidido no dar lectura de los escritos de acusación.
Tras manifestar que no declara, la presidenta se ha negado a que se lean las preguntas a instancias del abogado de una de las acusaciones particulares. "Este señor no ha declarado nunca", ha espetado María Luisa Aparicio al letrado José Antonio Tuero.
Unos minutos antes, Ortiz, con una sudadera gris, pelo muy corto y visiblemente más delgado y menos musculado, ha agachado la cara y se la ha tapado con la mano cuando han entrado los fotógrafos a la sala al inicio de la vista, mientras que su abogado ha pedido al tribunal no salir en vídeos ni en imágenes "para no tener más problemas en la calle" al ser un asunto tan mediático.
Así lo ha indicado su defensa en un corrillo en los pasillos de la Audiencia de Madrid. El acusado siempre ha defendido su inocencia y su defensa sostiene la tesis de que se han manipulado pruebas de cargo que hay contra él.
El acusado sigue en forma y, a pesar de que iba vestido con ropa ancha, se le ha apreciado visiblemente corpulento, aunque no tanto como cuando fue detenido el 24 de septiembre de 2014 en Santander, donde se refugió en casa de un familiar supuestamente después de la última agresión.
Hoy se ha sentado en el banquillo de los acusados con semblante serio y frío y con mirada al frente. Su estado era de relativa calma y se ha mostrado impasible y pensativo durante las cuestiones previas planteadas por Fiscal y acusación.
En este sentido, Cristóbal López Sitjar, abogado de Ortiz, se ha opuesto a que haya nuevas pruebas, dado que no es el momento procesal para ello. El acusado afronta penas de entre 26 y 126 años de cárcel. La Sección Séptima será la encargada de juzgar los hechos, con la presidenta María Luisa Aparicio al mando de las sesiones.
El Ministerio Público solicita una pena de 77 años y seis meses de prisión. Además, exige una indemnización de 75.000 euros para la testigo protegido 2 (TP2) por los daños morales, a la testigo protegido 3 (TP3), de 300 euros por los días que tardaron en curar sus lesiones y estuvo impedida para dedicarse a sus ocupaciones habituales y de 100.000 euros por los daños morales causados.
En el caso de la testigo protegida 4 (TP4), la Fiscalía solicita una indemnización de 900 euros por los días en que estuvo hospitalizada para curar sus heridas y de 150.000 euros por los daños morales. La testigo protegido 5 (TP4), deberá ser indemnizada, en su caso, en la cantidad de 100 euros por el día que tardó en curar sus lesiones y en 100.000 euros por los daños morales.
Tentativas de homicidio y más agresiones
El abogado de la testigo protegido número 2, José Antonio Tuero considera que además de los delitos tipificados habría que añadir dos delitos de tentativa de homicidio porque "hubo riesgo vital para dos de las víctimas".
Por su parte, la abogada de la acusación popular de la asociación Clara Campoamor, Ángeles López, ha recordado que ellos piden cuatro delitos de secuestro, cuatro de agresiones sexuales y, en algún caso, de lesiones. Sobre las tentativas homicidas pedidas por el letrado anterior, ha afirmado que respeta la decisión pero que "hace bien en plantearlo".
López también ha apuntado, a preguntas de los periodistas, que hubo más intentos de agresión sexual investigados por la Policía atribuidos presuntamente a Antonio Ortiz, pero que por motivos familiares y de protección a los menores sólo se ha llevado a juicio cuatro de los siete casos investigados.
En cuanto al hecho de que el procesado no declare, Ángeles López cree que la decisión de es "correcta". "Es un magnífico abogado y hace un planteamiento muy bueno", ha finalizado.
Mientras, la defensa de Ortiz pedirá la absolución al considerar que hay pruebas que evidencian su inocencia, si bien antes solicitará la nulidad del procedimiento alegando que las ruedas de reconocimiento y los registros no fueron acordes a la ley.
El juicio se prolongará hasta el próximo 15 de diciembre, período en el que se visionarán los vídeos de las declaraciones de las menores tomadas en instrucción como prueba preconstituida y comparecerán más de un centenar de testigos.
La primera de las agresiones se produjo el 24 de septiembre de 2013, cuando Ortiz presuntamente abordó a una niña de 5 años en un parque infantil; la siguiente agresión ocurrió el 10 de abril de 2014, cuando una niña de 9 años salía con dos amigas de una tienda de chucherías.
Dos meses más tarde, el 17 de junio, presuntamente volvió a emplear el engaño para persuadir a una niña de seis años y llevarla en coche hasta un lugar desconocido. Pasados otros dos meses, el 22 de agosto, supuestamente abordó a otra niña de 7 años en un momento en el que se separó de su hermano y de su tío con quienes jugaba cerca de un parque.
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