Una pareja con dos hijos menores, de 8 y 10 años, ha sido desahuciada la mañana de este miércoles de su vivienda situada en la calle Argumosa, 11, en el madrileño barrio de Lavapiés. Así, alrededor de las 10.00 horas la comisión judicial ha ejecutado el desalojo de Miriam y Juan con la presencia de seis vehículos de Policía Nacional, decenas de agentes y ante la presión de 40 vecinos y activistas que han acudido al lugar para intentar paralizar el lanzamiento. Se trata de un bloque que ha sido símbolo de la lucha antidesahucios y donde el pasado mes de febrero se ejecutó el lanzamiento de cuatro familias.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid han señalado a Europa Press que este caso es "distinto" a los anteriores porque esta familia tiene "apoyo familiar" y un sitio donde poder vivir, ya que han asegurado que cuando se notificó el desalojo a la familia en abril, Samur-Protección Civil les ofreció "una solución de emergencia" que no necesitaban.

De la misma manera, han señalado que "seguirán encima" de estos asuntos, al igual que ocurrió en el caso de Pepi y Rosi, dos de las personas desahuciadas en febrero, que aceptaron este martes un aval de la entidad Provivienda para poder alquilar un piso en el mercado libre y una ayuda para el pago del alquiler durante seis meses.

En este caso, la pareja desahuciada es familiar de Pepi, que ha asegurado que la mujer desalojada este miércoles sufre fibromialgia por lo que, tras el lanzamiento y al sufrir una crisis de ansiedad, ha tenido que ser trasladada al hospital. En este sentido, el portavoz de la asamblea Bloques en Lucha, Fernando Bardera, ha indicado que se trata del primer lanzamiento ejecutado en este bloque de pisos número 11 tras el "multidesahucio" producido en el mes de febrero y que se ha realizado tras tres intentos anteriores.

Bardera ha explicado que este desalojo se ha producido porque una empresa ha comprado el bloque de pisos completo y "quiere echar a los vecinos para sacar plusvalía" mediante el uso de las viviendas como piso turístico. Por ello, ha asegurado que estos lanzamientos se deben a cuestiones "especulativas" y que se "obliga" a las familias al impago con la subida de precios de los alquileres.

Además, una vecina que vive en el mismo bloque Teresa Sarmiento ha explicado que también está inmersa en un proceso judicial y que quedan 10 familias de cerca de 30 viviendas que posee en total el edificio. "Algunos se han ido por la presión", ha manifestado a lo que ha añadido que los pisos desahuciados están siendo reformados "para empezar a alquilarlos" y que están valorados en más de 1.300 euros.

Paralizados en Villaverde y Fuencarral-El Pardo

Por otro lado, dos desahucios de familias con menores en los distritos de Villaverde y Fuencarral-El Pardo han quedado paralizados "la presión social", como ha afirmado la activista de Stop Desahucios, Mercedes Revuelta. El primer intento de desahucio se ha producido en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, donde una familia ha podido evitar el desalojo de su casa por séptima vez.

"El marido y la mujer trabajaban, ella como dependienta y él como mediador cultural, pero se quedaron en paro con la crisis", ha explicado la activista, a la vez que ha añadido que decidieron okupar una vivienda que estaba vacía y que era propiedad de una entidad bancaria. La familia intentó negociar un alquiler social, que le fue denegado, y la entidad vendió el piso a un fondo de inversión, que se "desenganchó" de la negociación. En este sentido, la activista ha asegurado que la comisión judicial ha decidido parar este desahucio por "la presión de los últimos días" que ha realizado el colectivo antidesahucios en las redes sociales y en la calle, ya que acamparon en la zona durante 48 horas.

El colectivo ha recordado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha solicitado a España en tres ocasiones la suspensión de este desahucio por las especiales circunstancias que concurren y mientras no se le facilite una vivienda social, acorde a su situación.

Asimismo, ha detallado que la familia tiene tres niños de 10 años, 5 años y de 18 días y que ha presentado 17 solicitudes de vivienda pública a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (IVIMA) en los últimos doce años. Lo mismo han hecho en el último lustro con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), además de con otras organizaciones, como Cáritas. También recurrieron al Defensor del Pueblo.

Al mismo tiempo se ha producido la paralización del desahucio a un familia con tres niños en Fuencarral. En este caso la pareja no podía pagar un alquiler del mercado libre y tuvieron que recurrir a la okupación de una vivienda vacía de la EMVS. "Nos tendríamos que preguntar por qué está vacía una vivienda pública", ha afirmado Revuelta. Además, ha señalado que la familia entró en la vivienda en octubre de 2015, unos meses después de que se aprobara una "amnistía de regularización" por parte de la EMVS para las conocidas como okupaciones vulnerables. En esta ocasión, la paralización durará 15 días, cuando la comisión judicial se volverá a personar en la vivienda de la calle Divina Pastora.