ZARAGOZA .- El Gobierno de Aragón ha optado por la vía de los hechos para vetar el fracking en su territorio, en el que la lista de proyectos de fractura hidráulica para extraer hidrocarburos y gases del subsuelo llegó a superar la veintena. Esa postura, derivada de una resolución aprobada por las Cortes la pasada legislatura, ha conllevado la congelación de 10 iniciativas, nueve de ámbito autonómico y una supranacional, confirmaron fuentes del Departamento de Economía, Industria y Empleo.

La decisión del ejecutivo autonómico, de carácter político pero no regulada formalmente mediante una ley o una disposición legal, evita que pueda ser modificada por la vía de los recursos. El Tribunal Constitucional ha anulado esta semana la ley catalana, que vetaba el fracking “cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona”, al considerar que invade competencias estatales. Antes había hecho lo mismo con las normas de Cantabria, La Rioja y Navarra, mientras Andalucía ha aprobado una moratoria prorrogable.

“Aragón fue declarado territorio libre de fracking por un mandado de las Cortes y seguimos en esa posición”, señalaron las mismas fuentes, que especificaron que, básicamente, se trata de permisos de investigación, previos a las eventuales prospecciones.

La Consejería de Economía e Industria del Gobierno de Aragón que dirige Marta Gastón ha paralizado en la práctica la aplicación del fracking en Aragón.

El consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, se pronunció hace unas semanas en el mismo sentido. “El fracking o fractura hidráulica no tiene cabida en el modelo de desarrollo sostenible deseado para Aragón”, señaló en una respuesta parlamentaria, en la que se mostraba partidario de vetar esta técnica, tanto para la investigación como para la explotación de yacimientos de hidrocarburos y de gases no convencionales, “hasta que no haya garantías para la seguridad de la salud humana y el medio ambiente” y “hasta que la Unión Europea determine las condiciones técnicas que garanticen la protección, la salud y el medio ambiente”. De hecho, tanto la Comisión como el Europarlamento se han mostrado críticos con el fracking.

Otros seis proyectos cancelados y siete caducados

Esa decisión política ha hecho que en Aragón únicamente siga vigente un permiso de investigación. Se trata del paraje denominado Carlota, en la provincia de Huesca, aprobado en 2010, tal y como recoge el Libro de Registros que el ejecutivo muestra en su portal de transparencia.

A los nueve permisos congelados, que habían sido solicitados entre febrero de 2012 y julio de 2013, se añade la cancelación de otros seis, pedidos entre 2009 y 2015; la caducidad de otros siete, todos de 2013 y 2014, y la renuncia del promotor, formalizada el año pasado, a otro más de los dos que llegaron a ser aprobados hace dos legislaturas, en este caso también en Huesca.

Otras seis autorizaciones, que sumaban una extensión de más de 400.000 hectáreas, habían sido solicitadas al Gobierno central por afectar a más de una comunidad. Uno de ellos, conocido como Aquiles y que afectaba a un área de más de 96.000 hectáreas a caballo entre Aragón y Navarra, llegó a ser autorizado. El Congreso aprobó hace unas semanas otra resolución contraria al uso de esta técnica.

Los proyectos de fracking provocaron movilizaciones de oposición en varias zonas de la comunidad y llevaron al Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón (CPNA) a emitir un informe en el que enumera una serie de recomendaciones sobre las prospecciones que, en la práctica, dificultaría su ejecución por los estudios previos que propone para evitar daños.

El documento, concebido para “servir de orientación a las administraciones” en esta materia, fue aprobado por unanimidad en el consejo y tiene la bendición del Gobierno autonómico, del que proceden seis de sus 32 miembros.

Estudios previos sobre casi un kilómetro de subsuelo

El dictamen, que aboga por “el principio de precaución y cautela” y destaca “la dificultad de conocer la magnitud e importancia de los impactos ambientales sobre el subsuelo y los acuíferos”, propone vetar las prospecciones de fracking si no están previamente avaladas por ocho estudios sobre las condiciones de casi un kilómetro de subsuelo.

El fracking consiste en fracturar horizontalmente las rocas que contienen la bolsa de gas o de hidrocarburos por su parte superior para inyectar una mezcla de un 98% de agua y arena y un 2% de compuestos químicos que provocan cuya presión provoca la salida del recurso natural mezclado con el material inyectado, del que debe ser posteriormente separado.

El CPNA señala como sus principales riesgos, además de emisiones de metano que pueden oscilar entre un 4% y un 17% del volumen extraído, “la contaminación de las aguas subterráneas por conectividad hidráulica, el aumento de la sismicidad inducida, el retorno de aguas con estos aditivos y otros materiales del subsuelo”, además de impactos “sobre el aire, el consumo de aguas, el paisaje, el medio natural, la biodiversidad, el turismo rural, la agricultura, la ganadería, la salud humana, el empleo”.

El Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón propone vetar los proyectos de fracking que no se ven avalados por ocho estudios sobre sus efectos en el subsuelo, las aguas y la atmósfera. Aragonhoy.net

El informe propone supeditar la concesión de permisos de fracking a que estos sean previamente avalados por un estudio sobre “las propiedades físicas de las rocas objeto de explotación y de las situadas al menos entre 600 metros por encima y 300 por debajo”, otro que analice con la misma profundidad las tensiones naturales del subsuelo y varios más que estudien la “red de fracturación natural en las formaciones geológicas”, las fallas activas que puedan existir en la zona, la situación y estructura de los acuíferos y, por último, el eventual “contenido en metales pesados y elementos tóxicos o radiactivos” como el arsénico y el radón “en la formación objeto de exploración y en las formaciones contiguas”.

A estos estudios previos se les sumarían un “análisis de la previsión de fugas de gases de efecto invernadero durante la investigación o durante la explotación de un yacimiento” y, por último, la “elaboración de un modelo predictivo de comportamiento del terreno ante la fracturación hidráulica” que incluya, entre otros aspectos, la sismicidad inducida, una “previsión de generación de fracturas” en las rocas del área directamente afectada y en las contiguas.