Aragón lanza su renta social básica para socorrer a 14.000 familias en riesgo de exclusión

ZARAGOZA.— "Pretendemos que todos los aragoneses tengan los mismos recursos para vivir con dignidad", señaló este martes la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno autonómico, Mariví Broto, al presentar el proyecto de ley de la Renta Social Básica (PDF), uno de los puntos que el PSOE llevaba en su programa electoral y que incluyeron en los acuerdos de investidura de Javier Lambán los tres partidos que le apoyaron: Podemos, Cha e IU.

"Lo que hacemos es cumplir un compromiso y crear un derecho básico, subjetivo y de ciudadanía", explicó Broto, que señaló los tres objetivos clave de la medida: acabar con la pobreza infantil, evitar la cronificación de la pobreza y dar respuesta a las nuevas desigualdades y los nuevos perfiles de la pobreza.

Una comunidad con más de 200.000 trabajadores pobres

Uno de ellos es el de los "trabajadores pobres", el de los que no llegan a fin de mes pese a tener un empleo, especialmente significativo en una comunidad en la que, según los datos de la Agencia Tributaria, 144.000 de sus 644.000 asalariados ingresan menos de 500 euros brutos mensuales por su trabajo y otros 126.000 no llegan a mil. "Nuestro objetivo es evitar que aragoneses se queden por el camino por falta de recursos", anotó Broto

Un año de empadronamiento e ingresos inferiores a la ayuda

Las acciones formativas, cuyo seguimiento permitirá aumentar la renta, serán desarrolladas por entidades sociales, mientras que los ayuntamientos y las comarcas también deberán intervenir en la gestión de la renta social. El proyecto de ley prevé un periodo de seis meses entre su aprobación en las Cortes y su aplicación para poner en marcha el sistema, similar al de Asturias y también, aunque menos ambicioso por la diferente potencia económica de las haciendas autonómicas, a los de Navarra y Euskadi.

Intensa actividad legislativa en materia social en Aragón

Este proyecto de ley cierra la batería de iniciativas legislativas del primer año de la legislatura, especialmente intensa en este campo con el decreto de emergencia que veta los desahucios con alternativa habitacional y dos iniciativas de Podemos: una referente a pobreza energética que contempla destinar los CTC (Costes de Transición a la Competencia) al bono social y otra para blindar el "mínimo vital" en el sistema de protección social.