Aragón crea la primera comisión parlamentaria para erradicar la violencia machista

ZARAGOZA .- “Queremos saber qué es lo que los expertos consideran que hay que hacer pero no pueden, y por qué no es posible”, resume la diputada de Chunta Aragonesista (CHA) Carmen Martínez para explicar el objetivo de la Comisión Especial de Estudio sobre las Políticas y Recursos Necesarios para Acabar con la Violencia Machista, una iniciativa pionera en los parlamentos autonómicos españoles cuya creación apoyó por unanimidad el de Aragón y que acaba de iniciar sus trabajos.

Ambas decidieron impulsar la comisión tras la histórica manifestación del 7-N, en la que el movimiento feminista logró sacar a la calle en Madrid a más de 100.000 personas en la Primera Marcha contra las Violencias Machistas para reclamar que este tipo de crímenes sea considerado una cuestión de Estadio y tenga un tratamiento prioritario. “Si hubieran matado a mil personas de cualquier otro colectivo, el país estaría levantado”, coinciden Luquin y Martínez.

Carmen Martínez (CHA): “A pesar de la legislación y de los dispositivos hay zonas de sombra”

Las comparecencias en la comisión, que se prolongarán a lo largo de un año, tendrán un carácter más bien técnico: responsables y trabajadores de los servicios sociales de comarcas y ayuntamientos, expertos del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), jueces, fiscales, abogados, policías, guardias civiles y, también, representantes de los medios de comunicación. De hecho, uno de los objetivos del grupo de trabajo, integrado por dos parlamentarios de cada grupo —11 mujeres y José Luis Juste, de C’s— es evitar el debate político e ideológico sobre la violencia machista para centrarse en la búsqueda de soluciones.

El manto de silencio del mundo rural y de la mujer inmigrante

La primera sesión de la comisión ya permitió evidenciar varias carencias del sistema: las medidas de protección y de atención sólo se ponen en marcha cuando la mujer presenta una denuncia —algunos estudios apuntan a que pueden llegar a soportar diez años de maltrato antes de hacerlo—, los protocolos no garantizan la seguridad de las denunciantes y algunos colectivos como las inmigrantes o las residentes en zonas rurales encubren, básicamente por las dificultades para mantener el anonimato en su entorno y por temor a las consecuencias de que caiga ese velo, una elevada cifra negra de agresiones que no llegan a aflorar.

Patricia Luquin: “Es una realidad que los mecanismos y las campañas de protección fallan. Por ejemplo, hay que legislar qué se hace cuando no hay denuncia”

 “Es una realidad que los mecanismos de protección fallan”, insiste Luquin, quien considera paradigmático el asesinato de Soraya Gutiérrez a manos de su exnovio en Zaragoza a finales de febrero, dos semanas después de haber sido detenido y condenado por amenazarla.