Amnistía Internacional ha vuelto a alertar del amplio uso de las porras que realizan los agentes del orden para ejercer una fuerza innecesaria o excesiva, que puede "causar fácilmente lesiones injustificadas", y ha documentado casos en los que se han empleado en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.

Un nuevo informe, realizado junto con la Fundación de Investigación Omega, con el nombre Golpes contundentes, recoge 188 incidentes en los últimos diez años, en todo el mundo, en los que agentes del orden han hecho un uso indebido de armas para golpear, como porras y otras defensas, cuyo comercio apenas está regulado en la actualidad.

La investigación se basa en fotografías y vídeos de acceso público de 35 países, entre ellos España, ha informado la organización en un comunicado.

En julio de este año, con ocasión de las protestas celebradas en Madrid contra el asesinato de Samuel Luiz, el joven que murió en A Coruña tras recibir una brutal paliza, la organización recabó testimonios y visualizó imágenes que "daban cuenta del empleo de defensas contra manifestantes pacíficos, así como contra al menos dos periodistas que estaban cubriendo dichas movilizaciones".

Olmo Calvo, fotoperiodista, relataba a Amnistía Internacional cómo agentes de policía cargaron de forma indiscriminada contra personas en actitud pacífica. Él recibió un primer golpe de porra en la espalda y, pese a explicar que era periodista, recibió un segundo golpe en la pierna, esta vez más fuerte. "Me alejé, no quería que me quitaran el equipo ni meterme en más problemas".

Bruno Thevenin, fotoperiodista, también se encontraba cubriendo estas protestas, y explicó a la organización que la carga policial no se dirigió contra elementos de violencia, sino que "cobramos todos porque daban a todos. Fue aleatorio". Él recibió un porrazo en la mano con la que sujetaba la cámara, y pasó tres días sin poder sujetar peso.

Asimismo, Amnistía ha documentado algunas "actuaciones de gravedad" durante el estado de alarma en las que se observa "un uso desproporcionado y excesivo de la fuerza".

Al respecto, cita un caso que tuvo lugar en Málaga, en abril de 2020, cuando policías nacionales detuvieron a una persona que, "una vez estaba quieta y arrodillada, sin mostrar signos aparentes de resistencia o violencia, recibió varios golpes de porra, una patada, y ya tumbada en el suelo, una agente le pisó el cuello".

También destaca el caso de Alejandra Rayas, que se estaba manifestando el 1 de octubre de 2017 en Barcelona y un agente de policía la golpeó en el cuello y la cara, en al menos dos ocasiones, sin aparente provocación. A consecuencia de los golpes, Alejandra presentó traumatismo en su ojo derecho y en la cara, con una fisura en el pómulo y en la nariz. Este caso se encuentra todavía bajo investigación del Juzgado de Instrucción nº7 de Barcelona, a la espera de que se decrete la apertura de juicio. 

La organización pide a las autoridades españolas que impartan formación estricta y basada en los derechos humanos para que los agentes de policía empleen el material antidisturbios de forma acorde a los estándares internacionales y reducir así el riesgo de que se produzcan usos innecesarios o excesivos de la fuerza y se causen lesiones injustificadas.

También solicita que los incidentes en los que los policías hacen uso de la fuerza sean "adecuadamente registrados y analizados" para determinar si constituyen una violación de derechos humanos y que estas actuaciones se investiguen "de forma exhaustiva, efectiva e independiente".

A nivel global se han investigado represiones violentas en manifestaciones de Bielorrusia, Colombia, Francia, India o Myanmar. En los vídeos analizados se ven a agentes utilizando porras y armas similares para infligir castigos, golpear a personas ya inmovilizadas, propinar peligrosos golpes en la cabeza de manera injustificada, e incluso, producir asfixia inmovilizando a las personas por el cuello.

"Si se les da un uso indebido, las porras pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte. A pesar de ello, el comercio de material para hacer cumplir la ley como éste sigue beneficiándose de una sorprendente falta de regulación", ha afirmado Verity Coyle, asesora general de Amnistía Internacional sobre transferencias de material militar, de seguridad y policial.