De América Latina a Melilla para pedir asilo ante la dificultad de hacerlo en el resto de España

Hasta hace pocas semanas, Juan Pablo Quintero no sabía señalar en el mapa la ciudad de Melilla. Ni siquiera sabía de su existencia, pero ya le ha tocado dormir varias noches en sus calles. "Nunca piensas que España tiene ciudades en el continente africano", explica por teléfono. Ahora, este colombiano de 40 años está atrapado en la ciudad autónoma, al menos durante un mes. Llegó allí el 29 de agosto con un solo objetivo: intentar ejercer su derecho a pedir protección internacional. La suya una de tantas situaciones kafkianas que se generan en el frágil y complejo sistema español de extranjería.

Intentó pedir asilo en Madrid, donde aterrizó el pasado 20 de mayo, pero nunca pudo conseguir una cita para iniciar los trámites. Ni en la capital ni en toda la Comunidad de Madrid ni en otras provincias cercanas. "Llamas por teléfono y mandas correos, pero o nadie responde o dicen que no hay citas", resume. Esto lleva pasando desde hace años, no solo para pedir asilo, sino para cualquier trámite de Extranjería. Las denuncias y protestas de afectados y colectivos sociales ante el Ministerio del Interior –de quien depende la Oficina de Asilo y Refugio– han sido constantes, pero los cambios han sido escasos y las soluciones, nulas.

"Llegué a ir a una comisaría de Bilbao. Me recogieron los datos y dijeron que ya me llamarían. Después de un mes de espera fui yo quien volvió a llamar. Me dijeron que tardarían en citarme entre cuatro y seis meses", explica. Su visado de turista, con el que llegan en avión a España la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos, acabó expirando sin haber conseguido iniciar los trámites. "Por preguntar constantemente, me enteré de que en Melilla la situación del asilo era diferente, más rápida. No me lo pensé", asegura. En la ciudad no es necesario reservar cita online o por teléfono. Basta con acudir al punto y esperar turno.

Quintero hizo un último esfuerzo económico y compró billetes de avión para la ciudad autónoma junto a una compañera. Pudo entrar, pero ahora no puede salir. Melilla no forma parte del territorio Schengen. "Sin visado, al ser un vuelo nacional no hoy problema para viajar. Pero sí para salir de Melilla hacia la Península", resume. Nadie le había informado de esto y ahora tiene que esperar en la ciudad hasta que su documentación sea admitida a trámite. Solo eso le garantiza un permiso de residencia temporal.

Viajes en grupo para pedir asilo

Quintero no es el único ciudadano de Latinoamérica que ha recalado en Melilla por pura desesperación. El pasado domingo llegaron en ferry al menos 18 personas con nacionalidad de Venezuela, Colombia, Perú o Brasil. "Nos organizamos para ir juntos y nos comunicamos por WhatsApp o redes sociales. Así es más fácil para nosotros", comenta Laura Rodríguez. Ella es venezolana, aunque con nacionalidad colombiana. Tiene 23 años y lleva en proceso migratorio desde que la crisis política y económica la obligaron a salir de su país junto a su familia, en 2018.

"No quiero quedarme en situación irregular"

Ha pasado por Colombia y Perú en los últimos años. Jamás imaginó que su futuro pasaría por el viejo enclave colonial español, pero después de un mes sin poder iniciar sus trámites en Madrid, no encontró otra alternativa. "No quiero quedarme en situación irregular, quiero poder ir tranquila y segura por la calle", expone. Ella podría volver a Madrid, donde vive en casa de una conocida. Su visado de turista aún está en vigor, "pero no tengo dinero para regresar acá, y me han dado cita para el 10 de octubre", señala.

Dormir en la calle

Varios solicitantes de asilo latinos pasan la noche frente al CETI de Melilla el pasado martes, cuando se les impidió el acceso a las instalaciones. — Solidary Wheels

Diferentes organizaciones confirman que la llegada de este perfil de solicitantes de asilo, hasta ahora inédito en Ceuta y Melilla, se ha vuelto algo normal desde hace semanas, incluso meses. El flujo no es muy elevado por el momento, pero ha pillado por sorpresa no solo a las ONG locales, sino a la Policía y, de rebote, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que gestiona el Centro de Atención Temporal para Inmigrantes (CETI) de la ciudad y también el sistema de acogida de solicitantes de asilo.

El CETI denegó la entrada a una familia con un niño y a una anciana con artrosis

Casi todas las personas que llegan como Quintero o Rodríguez apenas tienen dinero para pasar una temporada en Melilla. Muchos han tenido dificultades para instalarse en Madrid u otras ciudades. "Sin trabajo ni papeles no puede aguantar mucho, por eso es importante para nosotros empezar el trámite cuanto antes, apunta Quintero. Público ha recogido testimonios de personas que han pasado hasta nueve peses esperando sin éxito una cita para pedir asilo.

El martes se les denegó la entrada en el CETI a ocho personas, entre ellas a una familia con un niño de cuatro años y una anciana con artrosis. Algunos pasaron la noche en la calle, otros pudieron dormir en un hostal pagado por una ONG. Solo ahora, cuando el colectivo Solidary Wheels lo ha denunciado públicamente, Inclusión ha permitido el acceso a todos los que se encuentran en esta.

Un grupo de solicitantes de asilo latinos pasa la noche en el puerto de Melilla, donde han llegado ante la falta de citas para iniciar sus trámites en otras zonas de España. — Cedida

Desde el Ministerio aseguran que se permitió el acceso al CETI el pasado lunes a seis personas en esta situación, pero no al resto, ya que aún no tenían cita para solicitar asilo. "Los criterios para acceder son que tengan intención de solicitar protección internacional y que sean personas vulnerables", explica Inclusión. Cuando los afectados consiguieron su cita han podido ir accediendo al CETI, apuntan.

Por el momento hay alrededor de una veintena de solicitantes de asilo latinoamericanos que residen en estas instalaciones, pensadas para acoger a migrantes que saltan las vallas o que llegan en patera a la ciudad autónoma. "El goteo ha sido constante durante todo el año. Las disfunciones del sistema de protección internacional de España no solo afectan a las citas, sino también a la acogida", señalan fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en la ciudad.

Después de la tragedia de la valla de junio de 2022, cuando murieron decenas de refugiados subsaharianos intentando entrar en la ciudad, las llegadas por esta vía son prácticamente nulas. Marruecos ha reforzado su vigilancia y el punto para solicitar asilo, ubicado en la frontera con Marruecos, apenas tiene expedientes nuevos que tramitar, salvo los del algunos marroquíes, explica Mar Soriano, de la ONG Solidary Wheels. Su organización, junto a otras como Melilla Acoge, llevan días presionando para que estos solicitantes de asilo no tengan que dormir en las calles de la ciudad, "sobre todo cuando hay cientos de plazas libres en el CETI", añade Soriano, que critica criterios arbitrarios para dejar pasar al CETI a estas personas.

Correr la voz

"Si no cambia nada con la falta de citas se va corriendo la voz y vendrá más gente como nosotros. La Policía de aquí lo sabe y desde que llegamos está dando fecha para las citas con plazos más largos", señala Rodríguez. Ella acudió el lunes a la oficina de asilo junto a otras 17 personas latinas. Recibió fecha para dentro de un mes, al igual que el resto de compañeros latinos.

"La Policía nos atendió como a delincuentes. Nos miraron los teléfonos para leer nuestras conversaciones en los grupos"

Sin embargo, Quintero, que llegó varias semanas antes, fue citado al día siguiente. "Me atendieron con mucha amabilidad y eficacia", sostiene. Nada que ver con el trato que Rodríguez y los demás recibieron el lunes.

"Nos trataban como a delincuentes. Nos preguntaban por qué habíamos llegado juntos y nos miraban en el teléfono las conversaciones. Buscaban al administrador del grupo. nosotros solo venimos aquí por necesidad. Es nuestro derecho", denuncia la mujer.

Interior no ha hecho comentarios sobre esta situación en los puntos de asilo de Ceuta y Melilla, aunque defiende que a pesar de los problemas, se siguen registrando solicitudes a un gran ritmo. 

El mercado negro de las citas

La razón de esta situación anómala e incierta es de sobra conocida, desde hace mucho tiempo, aunque el Ministerio del Interior sigue sin poner remedio a la falta generalizada de citas de asilo y en general de Extranjería, una de las quejas recurrente que recibe el Defensor del Pueblo. 

La carencia no solo deja a un gran número de personas sin poder ejercer un derecho universal, sino que también ha dado pie a un mercado de negro, un negocio paralelo en el que abogados, ingenieros informáticos o redes criminales se hacían con las escasas citas que Interior iba sacando a través de sus páginas web para revenderlas por hasta 200 o 300 euros a personas necesitadas y desesperadas por regularizar su situación.

El negocio era redondo, ya que la citas son gratuitas por ley. Y la Policía ha efectuado más de 60 detenciones en los últimos meses por este motivo en Madrid, Barcelona, València, Albacete, Alacant, Almería, Badajoz, Vizcaya, Burgos, Cádiz, Córdoba, Balears, Marbella (Málaga), Murcia, Tarragona, Tenerife y Toledo.

Parches mientras se disparan las peticiones de asilo

Interior ha intentado poner parches para frenar el mercadeo de citas suprimiendo la modalidad online y poniendo a disposición número de teléfono. Pero sigue sin dar resultado. Al mismo tiempo, el número de solicitantes de asilo no ha dejado de crecer exponencialmente (salvo los dos años de pandemia) desde 2014, sin que haya más personal dedicado a esto y sin mejorar las plataformas digitales para conseguir cita. El año 2022 marcó el récord histórico de peticiones registradas, con más de 118.000. La mayoría de colombianos y venezolanos.

La cifra podría ser superior este año, ya a cierre de agosto se han registrado 111.593 solicitudes. Pero faltan quienes no pueden por culpa de la propia Administración. Sin esa cita, no comienzan los trámites para este largo proceso. Y sin este trámite, cualquier persona en su situación está abocada a la irregularidad administrativa. Es decir, a no tener derechos básicos, no poder acceder a un permiso de residencia o de trabajo en el corto plazo. Tampoco puede ingresar en la red de acogida para solicitantes sin recursos económicos. En definitiva, una condena a la economía sumergida, a la precariedad laboral y quizás a una deportación –previo paso por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)– al país de que has querido escapar.