Los alumnos sordos madrileños no han empezado las clases, pese a que éstas comenzaron el 10 de septiembre. Suena a contrasentido, aunque sería difícil explicárselo, porque no cuentan con la necesaria ayuda de medio centenar de intérpretes de lengua de signos: el eslabón entre el profesorado y los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional con problemas auditivos. Los afectados son unos 125, matriculados en veinticinco centros públicos y concertados, si bien estos últimos son la excepción.

La culpa, según sindicatos y asociaciones, la tiene el Gobierno regional —en manos del PP y Ciudadanos—, que no ha tenido en cuenta sus necesidades especiales y ha dejado en un limbo laboral a los encargados de que los adolescentes gocen del derecho a la educación. El concurso para adjudicar el servicio quedó en su día desierto, la empresa que lo prestaba (CILSEM) siguió ofreciéndolo temporalmente y la siguiente convocatoria tampoco arregló el problema, pues las elegidas renunciaron porque el presupuesto resultaba insuficiente.

Ante las quejas de los padres y madres, la Consejería de Educación se vio obligada a adjudicárselo esta semana, de forma urgente y extraordinaria, a Eulen. Al igual que su antecesora, el encargo será transitorio, hasta que se convoque un nuevo concurso en los próximos meses. Pese al “parche temporal”, como lo ha calificado el portavoz de los intérpretes, los chavales siguen actualmente sin expertos en lengua de signos, con el perjuicio que supone el retraso para el aprendizaje de las nuevas materias.

“En estos momentos, el alumnado sordo se encuentra totalmente aislado de lo que sucede a lo largo de toda la jornada, y no son pocas las horas las que pasan en los centros educativos”, protesta María Concepción Rodríguez, presidenta de Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid (Fesorcam), quien denuncia que se ha visto vulnerado su derecho elemental de acceso a la educación. “Debemos recordar que la mayoría del profesorado no es conocedor de la lengua de signos”.

Rodríguez profundiza en la ausencia de profesionales, pues entiende que la función de un colegio va más allá de la formación. “No hay que tener únicamente en cuenta la parte académica, pues la escuela no sólo es un espacio de adquisición de conocimiento, sino también el lugar donde establecer relaciones entre iguales, por medio de la convivencia entre el propio alumnado y de éste con el profesorado”. Les cortan el cordón umbilical que los mantenía unidos a los maestros, pero también a sus compañeros.

"No sabemos muy bien lo que está pasando, pero la realidad es gravísima", se queja César Abad, director de la Asociación de Padres y Amigos de los Sordos de Madrid. "El problema atañe a la Administración, que no puede justificarse con un estamos trabajando en ello. Al final, por culpa de los políticos, quienes sufren son los niños", subraya el responsable de ASPAS.

Los sindicatos también han denunciado la situación, que el Gobierno regional ha tratado de desencallar tarde y mal. Fuentes del sector apuntan que los intérpretes podrían incorporarse a las clases el próximo miércoles, aunque la Consejería de Educación no ha dado fechas, mientras que los afectados desconocen cuándo deberán presentarse en los centros que acogen a los alumnos sordos y con discapacidad auditiva. “Para los chavales, no ha empezado el curso, por lo que no se les está garantizando su derecho a la educación”, insiste Isabel Galvín, responsable de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid.

“Resulta particularmente grave el abandono existente, porque ya es un tema recurrente. Llevamos dos años denunciando episodios puntuales, incluidos los impagos a los intérpretes, y la Consejería no ha hecho nada”, añade la también profesora de Didáctica y organización escolar, quien censura la dejadez de la Administración. “Ante la situación crítica, finalmente se ha visto abocada a cambiar de empresa, pero sin transparencia, puesto que no fuimos convocados ni conocemos el pliego de condiciones”.

Galvín alude a las nóminas de mayo y junio que todavía no han cobrado los profesionales de la empresa que prestaba el servicio, la Coordinadora de Intérpretes y guías-intérpretes de Lengua de Signos Española de Madrid (CILSEM). “El Gobierno debe implicarse en el pago y no dejar tirados a los trabajadores, cuya labor ha sido reconocida por las familias y la dirección de los centros”, recuerda la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, quien critica que el consejero del ramo, Enrique Ossorio, haya hecho mutis por el foro. “Está desaparecido, pese a nuestra insistencia en reunirnos o en hablar con él”.

Fuentes de CILSEM reconocen que la falta de intérpretes dificulta a los alumnos sordos el acceso al currículo en igualdad de oportunidades, aunque subrayan que las condiciones con las que trabajó la empresa no fueron idóneas. “Hemos estado en encomienda de servicio durante dos años, porque en principio la consignación presupuestaria no era acorde con los costes reales”. Es decir, como el anterior concurso había quedado desierto, CILSEM fue contratada directamente por la Comunidad porque su labor era imprescindible, pero el contrato estaba pendiente de licitación, que tampoco se fraguó en la última convocatoria.

Así llegamos a septiembre: los alumnos, listos para empezar las clases; y las aulas, sin intérpretes. Las asociaciones critican la falta de previsión de la Consejería, pues el problema actual comenzó el pasado octubre. “Tras quedar desierto, al siguiente concurso se presentaron cuatro empresas (Aires Creativos, Grupo Norte, Eulen y la propia CILSEM), que por diversos motivos fueron renunciando a la ejecución del mismo”, explica la presidenta de Fesorcam, quien incide en que la última en rechazar la prestación del servicio se lo comunicó a la Comunidad a comienzos de mes. Para salir del paso, este lunes acordó con Eulen la adjudicación urgente por vía extraordinaria.

“Nosotros éramos los más caros y los que teníamos un mayor conocimiento y técnica, pero no disponíamos de la solvencia económica de Eulen”, explican fuentes de CILSEM, que precisamente fue descartada por no garantizar unas finanzas saneadas. Sin embargo, la empresa considera que la adjudicación era inviable desde la entrada en vigor del Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, publicado en el BOE el 4 de julio. “Alteró las condiciones de trabajo, el horario y el salario, por lo que las tres primeras candidatas renunciaron”, añaden desde la citada firma.

“Una consideró que el presupuesto era insuficiente y podría incurrir en una oferta temeraria, mientras que otra no quiso hacerse cargo de nuestra plantilla”, aseguran fuentes de CILSEM, cuyo personal es indefinido fijo discontinuo. O sea, en verano eran despedidos y volvían a ser contratados en otoño. Pese a esa modalidad de contrato, que le suponía menores costes a la Administración, la anterior concesionaria entiende que tras la publicación del nuevo convenio colectivo el presupuesto destinado al servicio “ya no es tan real, sino similar al de la crisis”, lo que impide ofrecerlo con garantías.

De hecho, sus trabajadores no han percibido todavía los sueldos de mayo y junio. Javier Amor, secretario del comité de empresa de CILSEM, considera que el deber del Ejecutivo autonómico es mediar entre la anterior y la nueva adjudicataria para que ambas alcancen un acuerdo para pagar a los empleados. La solución, a su juicio, está en sus manos, pese a que se resiste a que los intérpretes formen parte del personal laboral del sistema educativo, una de las luchas del colectivo.

“El retraso en el pago a las entidades gestoras por parte del Gobierno regional es un lastre difícil de superar, además de ser requisito de adjudicación el presupuesto más ventajoso para la Administración, con lo cual las condiciones laborales de los profesionales se ven claramente perjudicadas”, estima la presidenta de Fesorcam. “Y si no hay profesionales de calidad ejerciendo esta labor, el progreso académico del alumnado sordo se verá afectado”, añade María Concepción Rodríguez.

La Comunidad de Madrid se lava las manos al externalizar estas tareas, critica Javier Amor. “En cambio, luego mete mano ante cualquier incidencia en los centros, de modo que controla nuestra labor. Ahora bien, cuando su actuación es realmente necesaria, no asume responsabilidades”, añade el portavoz de los intérpretes, en referencia a éste caso. “A pesar de que el servicio es público, las empresas privadas deben hacerse cargo de los problemas que surjan, como las bajas, que al final no se cubren”.

El comité de empresa ha sido convocado este jueves por Eulen para ser informado de las condiciones de los trabajadores, quienes entienden que dentro de unos meses, tras el nuevo concurso, sus condiciones laborales deberían ajustarse al convenio. Hasta ahora, cobraban unos mil euros netos al mes, si bien la cantidad podía ser mayor, en función de la antiguedad. Los fijos discontinuos —35, según su portavoz; 49, según CILSEM— serán subrogados. Unos quince más son temporales, aunque Eulen les ha informado de que tiene la intención de contratarlos, hasta sumar 49 plazas.

“Todavía no hemos firmado nada”, matiza Amor, quien deja claro que si los empleados son subrogados no irán a la huelga, prevista para el 23 de septiembre y convocada por el personal de CILSEM, cuya labor va más allá de las aulas. “Durante la reunión con la nueva empresa, les transmitiremos nuestras preocupaciones, pues la situación laboral siempre ha sido muy precaria. El estatuto de los trabajadores establece que no se puede utilizar la figura de fijo discontinuo cuando hay fechas ciertas de cese de actividad, algo que sucede en la educación”, apunta el portavoz de los intérpretes. “Eso no se puede permitir y así se lo hemos transmitido a la Consejería”.

La Federación de Personas Sordas de Madrid considera que las autoridades pecan de dejadez y las emplaza a tomar medidas para “ejecutar una solución duradera y efectiva”, después del retraso de un año en la adjudicación. “Pueden tomar ejemplo de otras regiones, como la Comunidad Valenciana, Galicia o el País Vasco, donde es la propia Administración la que, mediante un proceso de apertura de bolsa, gestiona directamente el servicio”, detalla la presidenta de Fesorcam. Otras muchas también se hacen cargo de la contratación de los intérpretes, mientras que Asturias, Aragón, Catalunya, Castilla y León, Andalucía y Canarias la externalizan.

Al igual que Madrid, donde según Amor los profesionales han tenido que destinar tiempo no lectivo a asistir a los alumnos por falta de manos. Aunque están presentes treinta horas semanales en el centro, sólo deben interpretar veinticinco. “Esta situación plantea el debate sobre la externalización del servicio, que debería asumir la Consejería de Educación con empleados públicos. Y cuestiona el modelo desde la raíz, porque no se garantiza el derecho a la educación del alumnado”, afirma Isabel Galvín, responsable de la Federación de Enseñanza de CCOO.

“Nuestro objetivo es que formen parte de los equipos docentes de los centros públicos, bien como funcionarios a través de oposiciones, bien como personal laboral a través de una bolsa de trabajo que valore sus méritos”, señala Galvín, quien considera que las políticas del Gobierno madrileño evitan un compromiso directo con los trabajadores, lo que redunda en la precarización. “Primero buscan ahorrar dinero, escatimándoselo a los intérpretes, para que luego se lo lleve una empresa. Un mayor coste del servicio debería mejorar las condiciones de los profesionales, quienes ahora son subcontratados para que no engrosen las plantillas de empleados públicos”.

Fuentes del sector indican que a Eulen se le ha encomendado una labor por un máximo de cinco meses, por lo que antes de final de año la Consejería debe proceder con la nueva licitación. “Ahora bien, tiene que modificar el precio al alza, porque ahora resulta insuficiente”, añaden las mismas fuentes, que prevén que los intérpretes volverán a las aulas el próximo miércoles. Este diario ha tratado de contrastar estos datos con Eulen, infructuosamente, aunque hoy podrían conocerse todos los detalles tras la reunión con el comité de empresa.

Una vez incorporados, todavía le seguirán debiendo dos meses de salario. Fuentes de CILSEM —cuya plantilla se verá reducida de 72 a 27 personas— aseguran que abonarán las nóminas impagadas en cuanto dispongan de liquidez: “Intentaremos solventarlo en breve, esperemos que en un plazo de treinta días”. Luego corresponderá al Gobierno regional solventar la precarización del trabajo de los intérpretes para que no vuelva a perjudicar a los alumnos sordos, quienes han terminado pagando una vez más la externalización del servicio.