Dos abogados han presentado este lunes ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) una comunicación con la que persiguen proporcionar "evidencias" y argumentos" para que se procese a la UE y los Estados miembros por la muerte de miles de migrantes en el Mediterráneo.

Según la comunicación firmada por los abogados Omer Shatz y Juan Branco, de 244 páginas, reclaman a la oficina de la fiscal que no pase por alto a los arquitectos que orquestaron el "ataque" ante la que es, quizás, "la población más vulnerable del planeta" y le animan a actuar con prontitud y poner fin a un situación continua que sucede bajo un "régimen de impunidad".

El documento, tal y como relatan, es el resultado de dos años de un altruista "proyecto clínico" en el que se han implicado un grupo de abogados y decenas de estudiantes. "Dada la actual situación geopolítica en Libia y el Mediterráneo central y tras haber establecido los elementos del crimen bajo el Estatuto de Roma, nos remitimos a la Fiscalía", añade el escrito que pide a la comunidad de abogados que coopere y asista a la fiscal, Fatou Bensouda, en su labor.

"Es el fruto de dos años de investigación que nos han llevado a considerar que los crímenes contra la humanidad se habían planeado y ejecutado conscientemente por nuestros líderes europeos", señala Branco.

Según apuntan en el escrito –que ha sido avanzado este lunes por varios diarios europeos, entre ellos El País–, las pruebas proporcionadas a la fiscal son diversas e incluyen la opinión de expertos sobre el situación de los migrantes en Libia; declaración de una víctima confirmando, por primera vez, la participación de la Guardia Costera de Libia en el "contrabando, el tráfico y la detención de migrantes"; y documentos internos de órganos de alto nivel de la UE, en el marco de la comisión de "crímenes múltiples contra la humanidad en el contexto de un plan predefinido ejecutado de conformidad con un política dirigida a frenar los flujos migratorios de los africanos".

Además, aportan declaraciones de los responsables políticos, hechas antes, durante y después de los hechos, que establecen "su conciencia de lo letal", consecuencias de sus decisiones y su implicación en los presuntos delitos; así como informes de ONG que alertan de la situación "grave e inaceptable" de los Derechos Humanos en Libia.

Aunque señalan que no se ha incluido una explicación detallada y completa de la participación de funcionarios de la UE y los estados miembro en la "compleja cadena de decisiones", aseguran que la evidencia permite la identificación de los individuos más responsables, incluidos los directores de Frontex o comisarios de la UE.

"Nuestro enfoque en el escalón más alto de la UE y los funcionarios de los estados miembro se debe a la falta de recursos y la falta de información en los materiales suficientes para identificar un nivel inferior de la UE y funcionarios de los estados miembros involucrados en los procesos de toma de decisiones e implementación. Confiamos en que la Oficina de la Fiscal, dada su experiencia y recursos, llevará a cabo esta tarea", añaden.

Asimismo, dejan en manos de la Fiscalía la investigación de las redes y agentes libios involucrados en delitos contra los migrantes y su relación con la UE y los funcionarios de los estados miembro.

Además, alertan de que existe una dificultad psicológica para percibir a la UE como "organización criminal". "El Mediterráneo está lleno de miles de cuerpos de hombres, mujeres y niños, y en Libia hay unos cuantos miles de migrantes vivos que se encuentran detenidos en campos de concentración, con insuficiente comida y agua. No piden a Europa que entrene a sus guardias, ni que mejore la ventilación de estos campamentos. Piden a Europa que salve sus vidas no enviándolos de vuelta al lugar de donde huyeron, negándose a rescatarlos o ayudando a quienes los torturan y detienen", añaden.

A juicio de los letrados, los responsables de estos "crímenes de lesa humanidad" deben rendir cuentas y, por ello, solicitan a la fiscal que investigue a los ciudadanos de la UE implicados y enjuicie a los responsables.

Juan Branco, quien ha representado a Julian Assange, fue cesado como letrado de la ONU en marzo de 2018. El abogado hispano-francés se había incorporado a la Misión Unidimensional Integrada de Naciones Unidas para la Estabilización en República Centroafricana (MINUSCA), para asesorar al Tribunal Criminal Especial encargado de investigar crímenes de guerra y contra la Humanidad en el país. Fue cesado tras publicar varios 'tuits' en los que acusaba a 'cascos azules' ruandeses de masacrar a 30 civiles, algo que violaba los términos de su contrato con la ONU.