Los casos de abuso de menores en la Iglesia siguen aumentando poco a poco después de que la congregación de los Jesuitas reconociera hace dos semanas un total de 81 víctimas de pederastia en su seno desde el año 1927 e informara de su intención de indemnizarlas. 

Aunque la mayoría de congregaciones religiosas de España se han comprometido ha avanzar en este sentido para destapar los casos de abusos que se hubieran podido producir en su historia, todavía hay algunas que se niegan a remover el pasado como es el caso de los Hermanos Maristas, La Salle y los Agustinos.

Según la información publicada por el diario El País, las siete congregaciones más importantes de nuestro país han reconocido por el momento 61 casos de abusos, de los cuales 42 de ellos no se conocían hasta ahora. Con los casos ofrecidos por los Jesuitas hace un total de 126 casos (96 desconocidos) que, según el citado diario, elevaría la cifra total de casos de abusos por parte de religiosos en nuestro país a 500.

Aunque las cifras son estimadas debido a la opacidad de la Iglesia en estas investigaciones, los casos podrían ser muchos más debido a la poca rigurosidad de las investigaciones y a que estas no han sido realizadas por entidades externas a la Iglesia.

Un proceso demasiado lento

Desde que en febrero de 2019 se celebrara en el Vaticano la cumbre sobre la pederastia y que el Papa Francisco eliminara el secreto pontificio que escudaba a los agresores en los casos de esta índole, lo cierto es que en España se han dado pocos pasos para sacar a la luz al resto de las víctimas de pederastia. 

A diferencia de países como Alemania, Estados Unidos u Holanda, que han desarrollado amplias investigaciones, en España cada obispo decide sobre las actuaciones en su propia diócesis.

Aunque en octubre de 2018 el Papa Francisco creó una comisión contra la pederastia para actualizar los protocolos vigentes desde 2010, actualmente lo único que se sabe al respecto es el manual publicado por el Vaticano el pasado mes de julio para tratar los casos de abuso a menores.

Se trata de una lista de pautas de carácter técnico que indican los procedimientos que deben seguirse en caso de recibir o conocer una denuncia de abusos sexuales a menores, para lo que se repasa la legislación ya vigente en la actualidad en la Santa Sede.

El Estado tampoco ayuda

Según Miguel Hurtado, víctima durante años de abusos sexuales por parte un monje de la abadía de Montserrat, la Ley de Protección de la Infancia impulsada por el Gobierno de coalición no es efectiva ya que los plazos de prescripción que contempla no resuelven el problema. "El Gobierno del PSOE y Unidas-Podemos está poniendo un parche al establecer que el plazo de prescripción empiece a contar cuando la víctima cumpla los 30 años".

Explica que de esta manera la mayor parte de los casos habrán prescrito cuando las víctimas tengan entre 35 y 40 años, mientras que los estudios científicos establecen que la edad media de denuncia son los 44 años. "Es una ley obsoleta que tendrá que cambiar cuando sigan estallando los casos y se vea que no sirve para nada".