La primera movilización en Buenos Aires fue encabezada por empleadas despedidas de Coca-Cola y de otras empresas que reclamaron durante la mañana por sus puestos de trabajo. “Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, las mujeres enseñan cómo luchar a la CGT (Confederación General del Trabajo)”, cantaban en alusión a la principal central obrera del país.

La tercera huelga consecutiva que realizan las mujeres en Argentina por el 8 de marzo reclamó una vez más el fin de la violencia machista. Miles de mujeres recorrieron en Buenos Aires el trayecto que comunica el Congreso con la sede de Gobierno, la Casa Rosada, a lo largo de una Avenida de Mayo veraniega que colmaron con bailes, cantos y malabares. En todas las provincias del país las feministas pintaron sus rostros de morado y de verde, exhibieron sus consignas y recordaron con carteles a las que ya no están.

Una mujer es asesinada cada 32 horas en Argentina. En la jornada del 8M “hay un eje vertebrador, que es muy primario, y tiene que ver con la demanda para que se termine la violencia machista, que tiene su expresión más letal en los feminicidios”, explica a Público la diputada nacional Lucila de Ponti, referente del Movimiento Evita. “Necesitamos presupuesto y jerarquización de políticas orientadas a cuidar la vida de las mujeres, a prevenir y a erradicar esa violencia que se ha transformado casi en una constante”.

El sistema patriarcal que plantea una diferencia de trato entre mujeres y varones en detrimento de las primeras no sólo tiene su reclamo en el sistema de salud con la legalización del aborto. También articula “una expresión económica a la hora de pensar en nuestra integración al mercado laboral, en nuestras condiciones salariales y de trabajo”, razona la legisladora.

Por otra parte, “nos hacemos cargos de la mayor parte del trabajo no remunerado y de las tareas de cuidado en lo que termina constituyendo una doble jornada laboral, sin que esto tenga un reconocimiento económico ni esté expresado en políticas laborales para deconstruir esta desigualdad”, añade De Ponti.

Marea verde

Las reivindicaciones feministas en Argentina encontraron el año pasado su mayor momento de apogeo y visibilización cuando instaron a que se legalizase el aborto legal, seguro y gratuito. Ese reclamo fue cristalizado en el pañuelo verde que hoy muchas mujeres llevan atados a sus bolsos y mochilas con un lema que traspasó fronteras: “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Distintos ámbitos conservadores y religiosos espolearon, en contraposición, el color celeste y el rosa para rechazar la legalización del aborto. Así llegó por primera vez al Congreso el debate por la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El proyecto aprobado en junio en la Cámara de Diputados fue finalmente tumbado en el Senado en la madrugada del 9 de agosto, tras horas de discusión.

Pese al clamor predominante por la legalización del aborto, en algunas provincias del interior del país, como Salta (norte) o Tucumán (noroeste), se desafían las causales vigentes desde hace casi un siglo que sí permiten el aborto legal, es decir, cuando el embarazo se produce por una violación o cuando corre riesgo la salud o la vida de la gestante.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) tuvo esta semana que llamar la atención al Estado después de que una niña tucumana de once años que quedó embarazada tras ser violada por el novio de su abuela viera postergado su derecho a abortar por la intromisión de las autoridades provinciales, que dilataron el proceso hasta que finalmente la niña fue sometida a una cesárea. Este caso “pueden constituir tortura y malos tratos”, advirtió Naciones Unidas.

Aires de campaña

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito volverá a presentar por octava vez consecutiva el proyecto que no sólo aspira a ser sancionado de una vez en el Congreso, sino que puede ser determinante en el debate público que precederá las elecciones presidenciales y legislativas del 27 de octubre.

Atento a ello, el Gobierno de Mauricio Macri ha reglamentado un año y cuatro meses después de su aprobación en el parlamento la Ley de Paridad de Género, que intercala a mujeres y varones en las listas electorales.

Embanderado en el movimiento feminista, el Ejecutivo presume de haber implementado el Plan de Primera Infancia, que prevé la asistencia a familias en situación vulnerable con espacios de cuidado para niños de hasta cuatro años de edad; de haber lanzado el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, y de promover la Ley Brisa, que otorga una ayuda económica a los hijos de víctimas de feminicidio.

“El Gobierno tiene una actitud discursiva de querer formar parte de esta lucha, pero esto no se expresa en la ejecución de políticas”, revela la diputada De Ponti. “El Ejecutivo tan solo destina 11 pesos (0,24 euros) por mujer por año para erradicar la violencia machista. Y además sólo ha ejecutado un 60 por ciento del presupuesto destinado a estas políticas, insuficiente para que estas líneas de acción tengan incidencia en la realidad”.

Si bien el presidente Mauricio Macri habilitó la discusión de la IVE en el Congreso, aunque se manifestó personalmente en contra de la legalización del aborto, “el Gobierno no tuvo una actitud definida para que la ley se aprobase, y no hizo ningún esfuerzo para traccionar los votos necesarios”, remarca la legisladora del Movimiento Evita.

El Gobierno advirtió en la víspera del 8 de marzo que descontarían el día de paro a las trabajadoras que se adhirieran a la huelga, de acuerdo a un correo que envió del director de coordinación interministerial de recursos humanos, Martín Ilía, a los organismos públicos.

El empoderamiento de las mujeres ha sido de tal magnitud que hasta las actrices de este país se unieron en un colectivo para denunciar la violación que sufrió una de ellas, lo que convirtió en emblema el “mirá cómo nos ponemos”. El reclamo por la igualdad de oportunidades ha llevado a la vanguardia el movimiento feminista en Argentina, pese a un Estado todavía renuente a legalizar el aborto y a luchar de manera efectiva contra la violencia machista.