Un total de 750 magistrados españoles han presentado una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos ante la "presión social" contra el tribunal que condenó a nueve años de prisión a los cinco integrantes de La Manada por abusar sexualmente de una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016.

Los jueces denuncian la "gravísima amenaza que se ha alzado contra la independencia judicial en España" y explican que "el caso consiste en que recaída recientemente una sentencia de un tribunal español (la Audiencia Provincial de Navarra) en un caso muy notorio conocido como La Manada se ha desatado una presión social contra dicho órgano jurisdiccional hasta llegar al linchamiento público".

Añaden que esto se produce "con la complicidad y aliento de políticos que ven una oportunidad para mejorar sus réditos electorales y sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya contestado eficazmente a tan preocupantes amenazas contra la separación de poderes y el buen nombre de unos jueces injustamente atacados".

En el texto de su denuncia los jueces firmantes del mismo aseguran encontrarse "completamente desprotegidos ante las interferencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la función judicial".

La queja añade que las cuatro asociaciones de jueces y entidades cívicas como la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial amparan y respaldan a los jueces pero destaca que la "gravedad y virulencia del ataque" a su independencia les obliga a dar un paso más y solicitar la efectiva protección internacional.

Por ello solicitan la cooperación del Consejo Consultivo de Jueces Europeos "para ayudar al Estado español a cumplir las normas del Consejo de Europa respecto de los jueces".

En concreto le piden que declare si la reacción del Gobierno y de los representantes del Poder Legislativo de España supone un ataque contra la independencia y contra la legitimidad del Poder Judicial y si la del CGPJ incumple uno de los informes del Consejo Consultivo de Jueces Europeos.

Asimismo, le piden a este órgano que emita una opinión dirigida al Comité de Ministros del Consejo de Europa que haga posible la solución de este problema específico y el cumplimiento en España de lo establecido por el Consejo Consultivo de Jueces Europeos.