El petrolero Maridive 601, con 75 migrantes rescatados a bordo, 32 de ellos menores, cumple hoy 15 días bloqueado frente a la costa tunecina de Zarzis (sur); rehén, según las organizaciones de Derechos Humanos, de un tira y afloja diplomático, y una disputa regional que ponen en duda, una vez más, el respeto al Derecho Internacional.

Mientras las autoridades tunecinas tratan de presionar a Malta e Italia- puertos más cercanos al lugar del naufragio- para que asuman su responsabilidad, la gobernación de Medenine, en la que se concentran todos los centros de acogida de migrantes del país, defiende estar saturada y presiona a su vez a las regiones vecinas para que se impliquen.

"El gobernador de Medenine ha aceptado acogerles a condición de que accedan al retorno voluntario a sus países", revela a Efe el responsable regional de la Media Luna Roja, Mongi Slim.

Ni la oficina del Ministerio de Interior ni del gobernador han respondido a las llamadas de Efe desde el comienzo del bloqueo. Una "solución" que no ha sido bien recibida por todos. La mayoría, de origen bangladesí (64), se niega a atracar "en cualquier otro puerto que no sea europeo". El resto, nueve egipcios, un marroquí y un sudanés, "aceptaron desde el primer momento".

"Hay quienes piden que les dejen trabajar en Túnez para poder ahorrar y volver a intentar la travesía y otros que reclaman recuperar el barco y gasolina para continuar la ruta" apunta. Ante la falta de acuerdo, explica el activista, la Media Luna Roja ha pedido la intervención del embajador de Bangladesh, que se ha comprometido a reunirse con las autoridades locales y sus compatriotas "para encontrar una salida".

Los migrantes, que en un primer momento rechazaron recibir asistencia médica, pudieron ser examinados esta semana por la organización. Diagnóstico: dos personas con diabetes, una con un dedo roto que ha sido tratada hasta ahora con analgésicos y antiinflamatorios, y una treintena que sufre de sarna a pesar del tratamiento debido a las condiciones precarias y la falta de higiene que no permiten eliminar el parásito.

Una situación que no ha hecho más que comenzar, insisten desde las diferentes ONGs presentes en el país, ante la llegada del buen tiempo. A esto se suma, por un lado, la ausencia de la operación naval Sofía, que lucha contra las mafias migratorias en el Mediterráneo central y que no dispone de barcos para acometer sus tareas y, por otro, los continuos bloqueos administrativos a los que se enfrentan los buques humanitarios.

"Es el mismo escenario que el año pasado", se lamenta una fuente de Shell -responsable del petrolero tunecino- que prefirió mantener el anonimato. En julio de 2018 otro de sus barcos, el Sarost 5, permaneció inmovilizado durante veintiún días frente a la costa Zarzis tras haber rescatado a cuarenta migrantes en aguas internacionales hasta que el gobierno de Youssef Chahed autorizó su desembarco "por razones humanitarias".

"Lo único que sabemos hasta ahora es que tanto el gobierno central como el regional le deniegan el permiso", declara. Según esta fuente, la compañía asume los gastos del envío de víveres a pesar de las pérdidas económicas que, a día de hoy, superan los 60.000 euros. "Tan sólo el alquiler del barco nos cuesta 15.000 dinares (4.300 euros) por día", añade.

La semana pasada, Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó que Túnez no puede ser considerado un destino "seguro" para migrantes y refugiados pues no dispone de un sistema de asilo e instó a Italia y Malta a aceptar su acogida. Por su parte, el Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales (FTDES) ha denunciado en varias ocasiones las "intenciones" de algunos gobiernos europeos de convertir al país magrebí en una "plataforma" para inmigrantes y ha pedido al Gobierno "revisar" sus acuerdos de cooperación, especialmente con Italia.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo vinculado a Naciones Unidas, se sumó a las críticas y recordó que los migrantes huyen de la creciente violencia y las violaciones de los derechos humanos en Libia, y se mostró preocupada por la adopción de políticas "cada vez más restrictivas de los países del norte del Mediterráneo que afectan a las obligaciones de los Estados frente al derecho internacional".

El pasado 31 de mayo, el petrolero Maridive 601, con bandera egipcia y que trabaja como remolcador en una plataforma, localizó una embarcación a la deriva en aguas internacionales debido a una avería en el motor tras partir de la ciudad libia de Zuara, a unos 60 kilómetros de la frontera tunecina.

Tras alertar a los centros de salvamento de Italia y Malta y ante las difíciles condiciones climáticas, la tripulación embarcó a los migrantes para trasladarlos al puerto tunecino de Zarzis, situado a unos 600 kilómetros al sur de la capital. De acuerdo con datos de la OIM, desde comienzos de 2019 al menos 519 migrantes han perdido la vida en su intento por llegar a las costas europeas a través de las tres principales rutas de la migración irregular, que desembocan en Italia, España y Grecia.