Zaragoza: más de 22.000 familias piden auxilio municipal para comer y pagar el alquiler

ZARAGOZA.- Más de 22.000 familias zaragozanas han solicitado en lo que va de año el auxilio del ayuntamiento para poder comprar comida, pagar el recibo del alquiler o atender las facturas del gas o la electricidad. Entre el 1 de enero y el 31 de julio, el consistorio recibió, según los datos facilitados por el área de Servicios Sociales, 22.612 solicitudes de ayudas de urgente necesidad de las que han sido concedidas 21.056 –el grueso de la diferencia está en trámite-. Esta última cifra supone un incremento del 46,46% con respecto al mismo periodo del año anterior, en el que la cifra de peticiones solo creció un 4,84%.

“Normalmente, pese a las ayudas, se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, y muchas de esas familias han quedado fuera del circuito del empleo”, añade Broto. Una vez agotado el subsidio, y si no logran volver a trabajar –más de 45.000 personas han agotado las prestaciones en una comunidad que ha destruido 85.000 empleos por cuenta ajena en seis años-, solo pueden acceder a dos ingresos: los 426 euros mensuales del salario social o un máximo de 621 vía Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que la Administración autonómica tarda hasta ocho meses en conceder.

Más de 11.000 familias piden ayuda para comer

“La situación económica de las familias es de carencia”, anota la vicealcaldesa, que destaca que las ayudas de urgente necesidad cubren, en parte, esos periodos en los que carecen de ingresos. Casi la mitad de las ayudas -11.021, casi 2.000 más que el año pasado- se piden para comer, más de 5.000 son para pagar el alquiler y más de 4.000 para hacer frente a los recibos de la luz y el gas. Estos datos revelan que las situaciones de pobreza energética se han duplicado este año, y faltan menos de tres meses para que llegue el frío.

La obligación de justificar la deuda que no se puede pagar

¿En qué consiste este tipo de ayudas? “No es una subvención: son finalistas, tienen un carácter puntual y extraordinario y, además, la familia que las solicita debe justificar la deuda”, ya sea el recibo de la comunidad, el de la luz o el del gas, explica Broto, que añade que “hay una función educativa y otra de control” en su gestión.

Estigmas y prejuicios

Broto, que muestra su preferencia por sistemas como el del prepago para las ayudas alimenticias en lugar de otros como el reparto de productos en centros asistenciales, por la estigmatización que en ocasiones supone para quienes acuden a estos servicios, hace hincapié en las medidas de control de las ayudas y en la labor educativa de los trabajadores de los Servicios Sociales con las familias. “No se trata de ayudas arbitrarias –señala-. Me preocupa que se extiendan prejuicios de ese tipo sobre la parte más débil de la población”.