La vicepresidenta segunda de Trabajo y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha referido este martes a la protestas de los trabajadores del metal de Cádiz y a las cargas policiales que se han producido en los últimos días.

En declaraciones a la entrada del Congreso de los Diputados (donde defiende las partidas de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 destinadas a las políticas de su departamento), Díaz ha admitido que, como avanzó Público, se puso en contacto este lunes con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para trasladarle su malestar por el despliegue y la actuación policial que ha tenido lugar en la zona.

En concreto, la titular de Trabajo le pidió a su compañero, como ha reconocido este martes, que retirara la tanqueta antidisturbios que el lunes se vio circular en los barrios de Cádiz. "Conocen que ayer me puse en contacto con el ministro del Interior al efecto de que fuera retirada la tanqueta del espacio en el que estaba ubicada. Los trabajadores no son delincuentes, están defendiendo legítimamente sus derechos", ha dicho.

En este sentido, la vicepresidenta ha recordado las negativas cifras de paro de la provincia y la dependencia de este territorio de determinados sectores estratégicos (en este caso, el del metal es el segundo sector más importante de Cádiz). 

"Quiero manifestar nuestro apoyo y solidaridad con los trabajadores de Cádiz. El derecho de huelga es constitucional, está entre los derechos fundamentales, y es clave que respetemos los derechos de manifestación y movilización. Hago un llamamiento para que las partes alcancen cuanto antes un acuerdo, por el bien de trabajadores y empresas". ha insistido.

Los trabajadores del metal piden que se cumplan las condiciones del convenio que habían firmado con la empresa para que sus salarios se actualicen con la inflación y, de esta manera, no perder poder adquisitivo con la subida continua de los precios que se ha experimentado en el último año. Al no estar vigente la denominada ultraactividad, tras expirar en diciembre el convenio firmado, las condiciones pactadas por trabajadores y empresarios han decaído, lo que ha forzado a los empleados del metal a movilizarse.

Este mismo martes, la ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró que la actuación policial desplegada en Cádiz buscaba "la protección del derecho a manifestación" de los propios trabajadores, a la vez que "garantizar la seguridad" de la ciudadanía.