Podemos ha rearmado a su tribunal interno, la Comisión de Garantías Democráticas Estatal (CGDE), y confía en enterrar la polémica desatada en las últimas semanas en relación a este órgano. En una reunión celebrada a través de la aplicación de mensajería Telegram, este miércoles, la mayoría de los cinco miembros titulares de Garantías han aprobado ratificar la resolución con la que se solicitó la apertura de expediente disciplinario a la presidenta de este órgano, Olga Jiménez.

En un comunicado remitido por los canales de prensa del partido, la formación morada informa también de la decisión de este tribunal interno de dejar "sin efectos, por inexistentes e ilegales, todas las actuaciones, instrucciones, nombramientos o comunicación que a nombre de la CGDE hubiere realizado la suspendida Olga Jiménez, utilizando a suplentes para subrogarse y usurpar unas responsabilidades de las cuales fue relevada temporalmente y que sólo competen al Pleno de Titulares".

Fuentes del partido explican que la decisión ha sido adoptada por la mayoría de los cinco miembros titulares de esta comisión -no aportan números-, ante la presencia de los miembros suplentes.

La misma nota recuerda el dictamen aprobado por la mayoría de miembros titulares el pasado 26 de julio en el seno de la Comisión, adelantado por El Diario.es. Éste estableció estableció que los plenos de todas las comisiones de garantías, también las autonómicas y municipales, sólo serán validos cuando sus decisiones sean suscritas por mayoría de los cinco titulares. La Comisión Estatal ha dado traslado de esta resolución a estos órganos territoriales y a la Secretaría de Organización que dirige Pablo Echenique.

Horas antes de este anuncio, el líder de la formación, Pablo Iglesias, avanzaba en una entrevista en Cadena SER que la Comisión de Garantías ya había mantenido una reunión este miércoles. "Me consta que ayer tuvieron una reunión y parece que vuelven a la normalidad", afirmaba.

Las tensiones surgidas entre algunos miembros de Garantías y la Ejecutiva del partido han tenido réplica entre algunos integrantes de otras comisiones de ámbito autonómico, que se han sumado a las críticas a la dirección y han exigido la derogación del cambio estatutario aprobado por la Ejecutiva de Iglesias -el origen de la disputa-, así como el archivo del expediente abierto a Jiménez. La modificación estatutaria aprobada por la Ejecutiva el pasado 26 de julio no aparece mencionada en el comunicado de este jueves.

En los últimos días, Iglesias y Echenique han pedido a los cargos orgánicos de la formación que permitan trabajar a la Comisión Estatal, han garantizado su independencia y se han comprometido a acatar sus resoluciones.

El hecho de que el pleno lo integren cinco o diez personas es de máxima relevancia: tradicionalmente, titulares y suplentes participaban en todas las votaciones de la Comisión de Garantías Estatal. La interpretación que hace la dirección del partido de los documentos aprobados en el último Congreso, en febrero -Vistalegre II- es que sólo los titulares tienen derecho a voto.

Iglesias y Echenique han insistido en esta cuestión -reflejada en el dictamen del pasado julio-, que determina el equilibrio de poder en el seno de este órgano.

Anticapitalistas rechaza la modificación de estatutos

Por su parte, la tercera corriente con más votos en Vistalegre II, Anticapitalistas, ha secundado la interpretación de Jiménez sobre los estatutos, que no considera "válidos"."Los estatutos actuales no coinciden con los documentos aprobados" en Vistalegre 2, afirma en un comunicado Raúl Camargo, miembro de la Ejecutiva de Podemos en la Comunidad de Madrid e integrado en Anticapitalistas. También rechaza la demanda interpuesta por un sector minoritario del partido contra la formación, Profundización Democrática, a raíz de esta misma cuestión.

“El problema fundamental y lo que está en cuestión es si tenemos una organización con estructuras democráticas y plurales donde todas compartamos derechos y obligaciones, algo básico para ser una herramienta de transformación” apunta en la misma nota de prensa Isabel Serra, miembro de la Ejecutiva de Ramón Espinar. El texto también se posiciona contra los procesos de expulsión como el que podría conllevar el expediente abierto a Jiménez