Vox ha logrado sentar al vicepresident de la Generalitat ante el Tribunal Supremo apenas por un par de minutos, y ni siquiera ha podido hacerle una sola pregunta. La formación ultraderechista, que ejerce como acusación popular en el juicio a la cúpula del procés, quería que Pere Aragonès compareciera como testigo en plena recta final de la campaña electoral para el 28-A, pero la Sala de Lo Penal del alto tribunal ha tenido en cuenta que su nombre ha aparecido en otras investigaciones relacionadas con el procés, y ha optado por permitirle no declarar.

De hecho, a pesar de que Vox ha logrado que la Sala acepte a 57 del total de 60 testigos que ha propuesto, tanto este martes como en otras ocasiones no ha sabido aprovechar los interrogatorios para obtener pruebas que apuntalasen su acusación de rebelión. O los testigos no han respaldad que hubiera "lanzamiento de objetos", "barricadas" en los colegios o que hubiera personas con los rostros cubiertos por máscaras.

El caso más flagrante se dio con el interrogatorio como testigo al major de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero: fue el presidente del tribunal, Manuel Marchena, quien planteó la pregunta clave, que el número dos de los ultraderechistas y letrado en el juicio, Javier Ortega Smith, había obviado, pero este no es el único ejemplo.

Con Ortega Smith a su lado, sin intervenir, el peso del interrogatorio ha recaído este martes sobre el letrado Javier Cremades, que ya había intervenido en alguna otra sesión. Sin ir más lejos, Cremades se equivocaba al referirse al exconseller Francesc Homs, condenado a inhabilitación por la consulta del 9-N y hoy parte del equipo legal de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull: se refería a él como “Joaquín Homs”.

Además, Marchena le llamaba la atención durante su interrogatorio al que fuera secretario de Gobierno de la Generalitat hasta julio de 2017, Joan Vidal de Ciurana. Vidal de Ciurana negó haber tenido acceso a la agenda Moleskine de Josep María Jové, o conocer el documento Enfocats; dos documentos que para las acusaciones constituyen documentos clave que recogen la hoja de ruta independentista.

Pese a afirmar que no conocía lo que contenía esta agenda, el letrado del partido ultraderechista insistía en preguntar, para verse cortado por el presidente de la Sala: “No, mire, le ha dicho que no la conoce”, empezaba Marchena, pero el abogado seguía hablando. “Escúcheme, escúcheme”, cortaba el juez. “No le haga preguntas sobre aquello que no conoce [el testigo]”, espetaba.

“No le pregunte al testigo por la finalidad de la declaración de otra persona en un medio de comunicación”; exigía ante otra pregunta de Cremades. Y, en el interrogatorio a Jordi Jané, que precedió a Joaquim Forn como conseller de Interior y dimitió escasos meses antes del referéndum, Marchena volvía a intervenir cuando el letrado del partido ultraderechista comenzaba una pregunta con “¿Puede entenderse, por tanto?”. “No, no haga una conclusión sobre lo que dice el testigo. Formule una pregunta”, cortaba. “Esa pregunta ya ha sido formulada anteriormente”, hacía ver al letrado poco después, cuando esté preguntó al mismo testigo si “asesoró” a algún miembro de la Generalitat sobre el procedimiento para borrar datos en teléfonos móviles u ordenadores.

Cuestionados por este diario, desde el equipo de Comunicación del partido ultraderechista no han aclarado por qué el letrado Cremades sustituía este martes al letrado Pedro Fernández, que además de ser número uno en sus listas al Congreso de los Diputados por Zaragoza también ocupa el segundo puesto en su candidatura al Ayuntamiento de Madrid. Ni siquiera han respondido a esta petición de información.

Por otro lado, tampoco han tenido suerte con sus preguntas al sargento del área de Mediación de los Mossos d’Esquadra que, en contra de lo que acostumbran a hacer los testigos de cuerpos policiales, sí ha permitido que las cámaras captasen su imagen. Su “locuacidad”, en palabras del propio Marchena, que insistía en que acotaran bien las preguntas para impedir que el testigo se extendiera, le ha permitido dibujar un relato muy distinto al que abandera el partido de extrema derecha.

El sargento, presente en la concentración en protesta por el registro de la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017, ha secundado la versión del major Trapero: la secretaria judicial que abandonó el inmueble pasando a otro edificio a través de una azotea sí podría haber salido por la puerta principal. “Era totalmente viable”, sostenía el testigo, afirmando que se optó por la azotea porque era más rápido que montar un dispositivo policial de los antidisturbios de los Mossos -BRIMO- que garantizase su protección para que saliese por la principal.

El testigo no observó “ningún tipo de lanzamiento de objetos”- aunque su campo de visión dentro de la Consejería era “limitado”-, ni apreció incidentes de relevancia en esta protesta. La ANC de Jordi Sànchez, en quien sí apreció voluntad de colaboración, no asumió las funciones de los Mossos, y sólo se limitó a servir como interlocutora: “Quien decidía era Orden Público de los Mossos”, apostillaba.

Tampoco vio “un líder, un responsable fuera” de uno de los colegios en los que hubo fuertes cargas policiales el 1-O - Ramón Llull, en Barcelona-, rechazando otro de los presupuestos de Vox, que triplica las peticiones de cárcel de la Fiscalía y reclama 74 años de prisión para el expresidente de la Generalitat y cabeza de lista de ERC para las elecciones del 28 de abril, Oriol Junqueras.

La 11 semana arranca sin garra

El primer testigo de esta 34 sesión de juicio -que coincidió con el día de Sant Jordi- era un agente de Policía Nacional que participó en el operativo del 1-O, y que no aportó novedades con su relato de lo ocurrido en la jornada del referéndum. Tras él llegaba el turno de David Badal, técnico administrativo de la Dirección de Servicios del Departamento de Trabajo, el área que dirigió la exconsellera Dolors Bassa, sentada en el banquillo de los acusados.

Badal, que reconocía haber rechazado la factura de la empresa de mensajería Unipost -concerniente al reparto de material electoral del referéndum -explicó que esta factura era “incorrecta”, porque el periodo de facturación debía abarcar “los servicios de un mes”, pero “era de sólo un día”. El importe era, además “inusual, desmesurado”. El testigo venía a repetir que, dado que la factura no cumplía este requisito temporal básico, no le dedicó más tiempo, ni informó a sus superiores -sí lo comentó “como anécdota” con compañeros-. Unipost tenía “altos y bajos” en materia de facturación, apuntaba, y por eso no le dio más importancia.

Poco después, un testigo del incidente con carteles del 1-O en Badalona -que también salió a relucir en otras sesiones- negó que el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, golpeara un vehículo de la Guardia Urbana en esa jornada. “Ni zarandeó ni golpeó”, puso las manos “encima del capó” relataba, Josep Maria Cerveró, socio de Òmnium y la ANC.

A su vez, Vidal de Ciurana ha rechazado tajantemente que el Ejecutivo catalán contemplase siquiera la “unilateralidad” –“No se había hablado”-, al menos hasta que él dejó su cargo. “No era un elemento que se contemplara”, insistía el testigo, ni se contemplaba, según su relato, el uso de fondos públicos para esta cuestión.

Los ceses de tres exconsellers 

Por otro lado, además de Jané, otros dos exconsellers que dejaron el Ejecutivo de Puigdemont en julio de 2017, menos de tres meses antes del referéndum, reconocieron este martes que la hoja de ruta hacia el 1-O influyó en sus ceses o dimisones. Mientras que el extitular de Interior y la exconsellera de Ensenyament Meritxell Ruiz afirmaban haber dejado voluntariamente su cargo, Jordi Baiget, extitular de Empresa, venía a afirmar que fue destituido por el entonces president.

Las fórmulas empleadas por cada uno de ellos para reconocer esta cuestión eran distintas; mientras Jané ha asegurado que no se habló de la vía unilateral pero temía que la relación con el Estado fuese a peor, Ruiz reconoció que le “costaba” verse en la “tensión dialéctica” que existía entre el Govern y el Ejecutivo central a esas alturas.