Cuatro años se han cumplido este domingo desde que acabó el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); cuatro años lleva en funciones y sin perspectivas de que se renueve en lo que queda de legislatura. La última ruptura de negociaciones por parte del Partido Popular, el pasado 27 de octubre, no sólo aboca al gobierno de los jueces a una interinidad histórica sino también al colapso del Tribunal Supremo, que ya dicta mil sentencias menos al año debido a la imposibilidad del CGPJ de hacer nombramientos en la cúpula judicial mientras está en funciones. 

La situación de constante bloqueo por parte del PP se ha trasladado al seno del CGPJ, que debe designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), con el mandato caducado desde el pasado mes de junio. También ahí, los conservadores están obstaculizando la renovación del máximo órgano constitucional, con los mismos métodos que el PP ha usado durante los últimos cuatro años, incluyendo una veintena de excusas, para no sentarse a negociar la composición de un nuevo CGPJ.

El pasado viernes quedaron rotas las negociaciones entre el sector conservador y el progresista para lograr un consenso en el CGPJ de cara a la elección de dos candidatos para el TC. De esta manera, el pleno del próximo 22 de diciembre en el que se iban a votar por primera vez a los dos candidatos, cada uno a propuesta de ambos sectores, quedará reducida previsiblemente a la constatación de la falta de acuerdo. 

Las excusas de los conservadores

El sector conservador, mayoritario en el CGPJ, con diez vocales, insiste en no aceptar al candidato elegido por el sector progresista: el magistrado del Supremo José Manuel Bandrés, imponiendo de esta manera un cambio en las reglas del juego, ya que cuando en septiembre pasado arrancaron las negociaciones ambos sectores pactaron no imponerse vetos. 

Pero los conservadores ya han vetado de facto a Bandrés. En la última reunión de la comisión negociadora del CGPJ, el pasado jueves, este sector conminó a los progresistas a poner más nombres sobre la mesa, porque el de Bandrés no les sirve, aducen que es el candidato impuesto por Moncloa. 

Por su parte, los progresistas, que cuentan con ocho vocales, mantienen a José Manuel Bandrés como su candidato oficial, tal y como resultó de la votación interna que dio como resultado siete votos a favor y una abstención, la del vocal Enrique Lucas, que no quiso pronunciarse debido a que su hermano, el juez Pablo Lucas, era uno de los nueve candidatos que barajó el sector progresista.  

Los progresistas acordaron el pasado viernes mantener a Bandrés como su candidato de consenso y no proporcionar otro candidato, como piden los conservadores, que apuntan precisamente a Pablo Lucas, el magistrado del Supremo encargado de autorizar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la interceptación de las comunicaciones, como uno de los nombres que aceptarían.

Además el sector progresista comunicó al conservador su disposición a respetar al candidato que ellos propongan, sin vetos, como se pactó en el arranque de las negociaciones, según ha podido saber Público de fuentes jurídicas. 

El bloque de vocales nombrados a propuesta del PP quiere ahora negociar los dos candidatos de forma conjunta y no, como se estableció al principio de las negociaciones, que cada bloque proponga a su candidato sin vetos posibles. 

Bloqueo también en el TC

Así las cosas, no se atisba un resultado satisfactorio a corto plazo. Hay que recordar que el Gobierno designó hace unos días a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional: Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y exdiputado socialista, y Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional y ex alto cargo del Ministerio de la Presidencia. 

De momento, la presidencia del Constitucional, a cargo del magistrado Pedro González-Trevijano, se ha decantado por no convocar el pleno que debe dar el plácet a estos dos nuevos magistrados, con la excusa de esperar a que el CGPJ designe a sus dos magistrados, rechazando así la postura jurídica de quienes sostienen que es factible el nombramiento en solitario de los magistrados a propuesta del Gobierno. 

El sector conservador del TC considera que la renovación en el TC sólo puede hacerse por  tercios, es decir, cada cuatro magistrados, como marca la Constitución. Sin embargo, hay precedentes de la renovación en solitario del Ejecutivo que avalarían el derecho del Gobierno a hacer sus nombramientos sin esperar a que el CGPJ haga lo propio.