España vuelve a aparecer en las hojas de ruta de la naviera saudí Bahri. Este lunes, uno de sus "barcos de la muerte", empleados habitualmente para el transporte de armamento, entró al puerto de Sagunto. Lo hizo tras indicar durante varios días en su Sistema de Identificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés) que se dirigía a Génova, repitiendo así una de sus clásicas maniobras de ocultación. Nada se sabe sobre qué materiales preveía cargar en España, ni tampoco sobre las razones que le llevaron a camuflar su visita.

No en vano, el hermetismo y la opacidad han vuelto a marcar la primera escala de un barco saudí en España en lo que va de año. Durante 2020 hubo en total siete escalas, y de ninguna de ellas fue posible obtener información oficial sobre las cargas efectuadas por los buques: amparándose en la calificación de "secreto" que otorgó el Gobierno de Felipe González al negocio de armamento con terceros países, el actual Ejecutivo rechaza cualquier tipo de petición de datos sobre las actividades de estos barcos. 

"El Gobierno tiene intereses vergonzosos para mantener el comercio de armas dentro de un clima de opacidad absoluta", criticó Luis Arbide, portavoz de la plataforma La Guerra Empieza Aquí de Ongi Etorri Errefuxiatuak (Bienvenidos Refugiados). Este activista, que habitualmente realiza seguimientos de las rutas de los barcos saudíes que transportan armamento, destaca también que la naviera Bahri "trata de ocultar sus operaciones en España", algo que no hace en otros países donde opera. 

El barco que atracó sobre las 5.30 de la mañana del lunes en Sagunto provenía de Baltimore (EEUU), donde según han denunciado activistas de aquel país habría cargado Vehículos Blindados Ligeros fabricados por General Dynamics en Canadá. Hace algunos días, el Gobierno de Joe Biden anunció que paralizaba el comercio de armas con Arabia Saudí, algo que a este lado del océano también ha hecho Italia.

El pasado viernes, el Grupo de Expertos sobre Yemen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU manifestó que acogía con satisfacción las decisiones de EEUU e Italia, al tiempo que pidió a los Estados que seguían proporcionando armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos que revisasen su posición de acuerdo con los requisitos del derecho internacional humanitario. España, que figura entre los principales vendedores de armamento a Arabia y Emiratos, no se ha pronunciado aún sobre este asunto.

Mientras tanto, España mantiene abierto el negocio armamentístico con ese régimen, tal como quedó expuesto en una reunión mantenida a principios de febrero entre el embajador de este país en Arabia, Alvaro Iranzo, y los máximos responsables de SAMI, la empresa de fabricación militar saudí. 

Silencio y candado

Poco después de que se conociera que el barco Bahri Jazan se dirigía a España, Amnistía Internacional se dirigió por escrito al Gobierno para pedirle explicaciones al respecto. De momento no ha habido respuesta. "El Gobierno no solo da la callada por respuesta a AI, sino que se escuda en una ley franquista de secretos oficiales para no informar sobre si el Bahri Jazan cargará armas españolas y su destino y uso", lamentó Alberto Estévez, portavoz sobre comercio de armas en Amnistía.

La semana pasada, AI realizó una acción pública para reclamar al Ejecutivo que "abra el candado de los secretos oficiales, desbloquee la tramitación de la propuesta del PNV que busca poner plazos a los secretos y presente al Congreso una nueva ley de secretos oficiales que respete el principio de que toda restricción del derecho de acceso a la información cumpla los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con las normas internacionales", resumió Estévez.

No es el único frente que tiene abierto el Gobierno en torno al comercio de armamento. Además de bloquear las peticiones de información –incluso a nivel de los tribunales, donde Greenpeace ha intentado sin éxito que el Ejecutivo aportase documentos sobre las exportaciones a Arabia–, la administración también tiene serios riesgos de incumplir el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA).

De hecho, Estévez subrayó que si se permite que el Bahri Jazan carga armas en el puerto de Sagunto, el Gobierno haría "caso omiso de sus obligaciones según el Tratado sobre el Comercio de Armas, que está obligado a respetar y que prohíbe las transferencias –incluidos los tránsitos, como en este caso– cuando sabe que se pueden utilizar para ataques indiscriminados y deliberados contra la población". "Solo en 2020, una organización yemení de derechos humanos documentó casi 111 casos de bombardeos terrestres que mataron a 115 civiles", remarcó. 

Multas a activistas

Mientras tanto, los activistas de Antimilitaristes-MOC de Valencia y Acció Ecologista-Agró que en diciembre de 2019 protagonizaron una acción de protesta contra la visita de un barco de la muerte saudí al puerto de Sagunto siguen hoy inmersos en una batalla jurídica para tratar de frenar las multas impuestas por aquel hecho. Según señalaron desde ese grupo antimilitarista, la Autoridad Portuaria de Valencia ya ha rechazado algunas de las alegaciones formuladas por los sancionados, que no descartan recurrir a la vía contencioso-administrativa.