@patricialopezl

MADRID.- Es 10 de diciembre de 2012 y Javier de la Rosa se comunica con su abogado, Manuel Villar, para que el periódico El Mundo no publique que el financiero va a ir a declarar contra Jordi Pujol ante la juez Coro Cillán. El comisario Villarejo, supuestamente, está ejerciendo de agente encubierto para elaborar el después conocido como informe Pujol, que no había encargado ningún juez, filtrado a ese mismo periódico, negado por el Ministerio del Interior y con el que finalmente se hizo Manos Limpias, que interpuso una querella contra el ex president de la Generalitat que ahora instruye la Audiencia Nacional.

La grabación fue desvelada por Público en octubre de 2015, después de que llegase mediante un anónimo a la redacción, a pesar de que no estaba entregada a la causa contra la familia Pujol Ferrusola. El comisario Villarejo se querelló contra este diario por intervención de las comunicaciones y revelación de secretos y solicitó al juzgado que ha abierto diligencias que se interviniesen las comunicaciones de la periodista para saber quiénes eran sus fuentes.

A principios de abril, Público declaró ante la juez para explicar la relevancia informativa de la conversación, aportó la grabación y presentó un escrito para que la Guardia Civil analizara la grabación y así demostrar que es imposible que este medio interviniera las comunicaciones del policía, debido a que parece que uno de los interlocutores es quien grabó. 

Villarejo ha presentado un escrito ante la juez en el que se opone a que el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil analice el archivo

Sin embargo, el comisario Villarejo ha presentado un escrito ante la juez en el que se opone a que el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil analice el archivo digital. Alega que no es relevante para el caso investigado.

Los expertos de la benemérita son también los encargados de analizar por orden del juzgado de Estepona que instruye el caso del ático de Ignacio González, la conversación grabada por el “agente encubierto” al ex presidente de la Comunidad de Madrid y al comisario Enrique García Castaño en la cafetería La Menorquina y que fue filtrada a El Mundo unos meses antes de que llegara esta otra grabación a la redacción de Público. En este caso el comisario tampoco ha aportado aún ni el contenido íntegro de la conversación ni los aparatos con los que la realizó, a pesar de que se lo ha solicitado el juzgado.

Posible incompatibilidad

El contenido de la conversación entre el ex financiero convicto Javier de la Rosa y el comisario Villarejo es de alto valor informativo. Por un lado, no existía ningún juez que hubiera encargado esa investigación sobre los Pujol, así que el comisario no podía estar protegido en sus labores de agente encubierto por ninguna autoridad judicial como indica la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es más, Javier de la Rosa contrata los servicios del despacho de abogados que es propiedad, según el Registro Mercantil, del comisario José Manuel Villarejo Pérez. El contrato fue ejecutado, presuntamente, ya que el socio del policía, el letrado Rafael Redondo, llegó a acompañar al ex convicto a declarar ante la UDEF.

Ningún juez había encargado esa investigación sobre los Pujol, así que el comisario no podía estar protegido en sus labores de agente encubierto

Según el audio existía una relación abogado-cliente regulada por el secreto profesional de los abogados contratados. Sin embargo, con la información aportada por De la Rosa —por la que el financiero cobró una parte y no todo lo prometido, según él mismo ha contado— se elaboró el ya conocido como informe Pujol. Según los expertos consultados, “esto podría ser una prueba de la incompatibilidad de las actividades públicas y privadas del comisario, a pesar de que el Ministerio del Interior en su informe tras conocerse las decenas de empresas de Villarejo y su patrimonio de 16 millones de euros haya dicho que todo está en regla”.

Sin embargo, Villarejo no cree que esto tenga ningún interés y en el escrito presentado al juzgado indica a la instructora de la causa que “de manera torticera pretende la investigada confundir a su señoría proyectando una imagen del denunciante muy diferente a la realidad. Nuestro mandante es un condecorado comisario de Policía cuyo trabajo ha sido públicamente reconocido por el Ministerio del Interior”, por eso asegura que “la denunciada trata únicamente de distraer a Su Señoría y a las partes del objeto de la investigación: el apoderamiento y revelación de una conversación telefónica (secreto)”.