Vía libre para una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional después de nueve años y medio

La designación este martes por parte del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de los dos magistrados que le corresponde hacer para el Tribunal Constitucional (TC) cambia por completo la situación de bloqueo que vivía desde hace seis meses el tribunal de garantías. El bloque progresista ha cedido finalmente "por sentido institucional", permitiendo que los conservadores, que son mayoría, con diez a ocho votos, hicieran efectivo su veto al candidato José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala Tercera del Supremo.

En el momento de la votación, los vocales progresistas Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Concepción Sáez, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda han manifestado que renunciaban al candidato que habían propuesto "por sentido institucional" y han votado unánimemente por los dos nombres propuestos por los conservadores: María Luisa Segoviano, hasta hace poco presidenta de la Sala Cuarta del Supremo --la primera mujer en acceder a la presidencia de una Sala del Alto Tribunal--, y César Tolosa, presidente de la Sala Tercera del Supremo. 

Tolosa es de tendencia conservadora, mientras que Segoviano está considerada progresista. De ahí, que la propuesta del bloque conservador incluyéndola como candidata junto con César Tolosa no desagradara a los vocales progresistas más allá de resistirse al veto frontal a su candidato, Bandrés, por ser considerado por los vocales conservadores como "gubernamental", algo "sin fundamento", según fuentes del CGPJ. 

"Alguien tiene que ceder", dicen otras fuentes del gobierno de los jueces. Con esta cesión, se desbloquea la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, es decir, cuatro magistrados, con el mandato caducado desde el pasado mes de junio. Juan Antonio Xiol, vicepresidente del TC, progresista; y Santiago Martínez-Vares, conservador, serán ahora sustituidos por María Luisa Segoviano y César Tolosa. 

Pero no sólo ellos: Pedro González-Trevijano, presidente del TC, conservador; y Antonio Narváez, también del ala conservadora, serán reemplazados por los dos magistrados nombrados por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez, ambos de tendencia progresista. 

La designación este jueves de María Luisa Segoviano y César Tolosa pone punto final automáticamente al rechazo del presidente González-Trevijano de convocar el pleno para el dar el plácet a los magistrados nombrados por el Ejecutivo. Ahora ya están los cuatro nuevos magistrados del Constitucional elegidos por sus respectivos órganos y una mayoría progresista se impondrá después de nueve años y medio. Hay que recordar que el mandato de los magistrados del TC es de nueve años.

González-Trevijano se oponía a convocar el pleno para dar el plácet a los magistrados del Gobierno, un trámite simbólico, aduciendo que había que esperar a que el CGPJ designara a sus dos magistrados, tal y como indica la Constitución, que habla de la renovación por tercios, es decir, por cada cuatro magistrados a la vez. Se espera que en los próximos días se convoque el pleno en el Constitucional para examinar a sus cuatro nuevos magistrados.

Cuando Enrique López llegó al TC

El 12 de junio de 2013 se renovaba por última vez el tercio de magistrados correspondientes al CGPJ y al Gobierno, en aquel momento, presidido por Mariano Rajoy, del Partido Popular. El Ejecutivo eligió a Pedro González-Trevijano, que era rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), y Enrique López, hoy consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Por parte del órgano de gobierno de los jueces se nombró a Santiago Martínez-Vares, considerado conservador, y al progresista Juan Antonio Xiol Ríos. 

El nombramiento de Enrique López levantó una polvareda por su proximidad al PP y a sus postulados más reaccionarios, como cuando arremetió siendo vocal del CGPJ contra el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero a López le duró poco el asiento en el TC, concretamente un año. En junio de 2014 presentó su dimisión después de haber dado positivo en un control de alcoholemia tras ser interceptado en el Paseo de la Castellana de Madrid por la Policía por circular en moto sin casco y saltarse un semáforo en rojo. 

Enrique López se vio forzado a renunciar como magistrado del TC al ser imputado de un delito contra la seguridad vial. Finalmente un juzgado le impuso una multa de 1.400 euros y la retirada del carnet de conducir por ocho meses. 

Para sustituirlo, el Gobierno de Rajoy pensó en el jurista extremeño Antonio Narváez, que tomó posesión el 8 de julio de 2014. 

Una década de hegemonía progresista

La renovación de 2013 acababa con la hegemonía progresista en el TC durante la anterior década. Los magistrados conservadores sumaban siete frente a los cinco progresistas. En estos momentos, en vez de doce los miembros del Constitucional son once, ya que Alfredo Montoya, del bloque conservador, renunció debido a una enfermedad. Su reemplazo le corresponde al Senado, que aún no se ha pronunciado sobre si deben ser los 'populares' quienes propongan al nuevo magistrado, que debe contar con tres quintos de votos de la Cámara Alta.  

El empecinamiento de los de Feijóo en no negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el Gobierno hace prever que lo tendrían difícil en el Senado para que saliera elegido su nuevo candidato al TC con el que sumar un voto más en el tribunal de garantías. 

Así queda el TC tras la votación del CGPJ

Una vez desbloqueada la renovación en el TC, el equilibrio de fuerzas se invertirá, de acuerdo con la mayoría parlamentaria, de tendencia progresista, pasando de seis a cinco votos a favor de los conservadores en estos momentos a siete votos progresistas frente a cuatro conservadores --cinco, cuando se designe al sustituto de Montoya--. 

Casi todas las leyes más importantes del Gobierno de coalición se encuentran recurridas en el TC por PP y Vox, como la ley de la eutanasia y la nueva ley de educación. Sin olvidarse de la ley del aborto de 2010, que lleva doce años esperando a que los magistrados se pronuncien sobre si era inconstitucional la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. En la actualidad, está en vigor otra nueva norma, aprobada este mes de diciembre.

Precisamente, la grave crisis que ha desatado el Tribunal Constitucional al votar su mayoría conservadora a favor de prohibir la tramitación legislativa de la reforma que iba a desbloquear su propia renovación no se hubiera producido a priori si el TC hubiera estado renovado cuando tocaba, eso es, en junio de este año. El bloqueo producido en el seno del CGPJ por ocho de los diez vocales conservadores ha llevado a esta inédita situación. 

Sin embargo, aunque cambien los rostros y la tendencia de cuatro de sus magistrados, el Constitucional ya ha escrito una página negra de su historia con la paralización por primera vez de una tramitación parlamentaria y eso es irreversible. Las recusaciones de González-Trevijano y Narváez pierden todo el sentido ahora que están obligados a apearse del TC.