La tierra se sigue moviendo en el vertedero de Zaldibar. Día tras día, equipos de expertos trabajan sobre el terreno para tratar de encontrar los restos de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, los dos trabajadores sepultados en el fatídico derrumbe registrado hace más de cinco meses. Pocos días después de que ocurriera la tragedia, los responsables de la escombrera –detenidos este martes y a la espera de ser llevados ante la justicia– recurrieron a los servicios de otros especialistas: un gabinete dedicado a gestionar situaciones socialmente hostiles.

A día de hoy, Verter Recycling tiene un portavoz: Arturo Zubiaga. Desde el 14 de febrero –ocho días después del derrumbe– los medios apuntaron su nombre como referente de esa empresa, cuestionada primero y denunciada después por unos hechos que costaron la vida de dos trabajadores, provocaron contaminación en la zona y despertaron dudas sobre la situación de ese terreno, propiedad de Verter Recycling.

Zubiaga se convirtió en portavoz porque Verter recurrió a sus servicios. Este experto en comunicación es socio fundador de Consejeros del Norte, una consulta de comunicación que ofrece, entre otros servicios, "gestionar adecuadamente la comunicación en situaciones de crisis".

"Con un trabajo preventivo adecuado, buena planificación y una gestión acertada podemos ayudar a conseguir que una crisis tenga la mejor de las respuestas posibles", señala Consejeros del Norte en su página web. La consultora subraya que sus profesionales "han formado parte de equipos de crisis multidisciplinares creados para gestionar con éxito graves accidentes industriales, conflictos laborales, complejos procesos de regulación de empleo, cierres y traslados de empresas con gran impacto social, OPAs hostiles, sabotajes con alto riesgo para la salud y la seguridad pública o instalaciones fabriles con gran rechazo popular, entre otros".

Otro de los servicios que ofrece la empresa contratada por Verter Recycling apunta a mejorar las "relaciones con la comunidad" por parte de sus clientes. "¿Alguna vez se ha parado a pensar el valor que puede tener para sus objetivos de negocio el ser considerada como una organización modelo por sus vecinos, por los profesores de los colegios de su entorno o por esa influyente omnipresente sociedad deportiva que tiene cerca de sus instalaciones?", preguntan en otro apartado de su web.

En esa línea, asegura que "la apertura y la dedicación para dar a conocer la actividad de su empresa a los colectivos con los que convive permite no solo modificar en positivo la percepción que se tiene sobre ella, sino generar un clima favorable en su entorno ante situaciones desfavorables o proyectos de crecimiento o cambio". Los resultados, añade después, "van más allá de alcanzar la categoría de buen vecino".

El 10 de febrero, cuatro días después del trágico derrumbe que hoy investiga el Juzgado de Durango, Verter Recycling apareció públicamente con un dominio propio en internet y habilitó un correo de contacto para consultas de prensa. Poco después, Zubiaga comenzó a ser citado por los medios como "portavoz" del vertedero.

En el currículum publicado por su consultora se señala que "tiene amplia experiencia en diseñar planes y estrategias de comunicación para empresas e instituciones de muy diversos sectores, así como en asesorar a responsables empresariales e institucionales en la comunicación de proyectos con potencial conflictividad social". "Ha formado en técnicas de comunicación a altos directivos empresariales en su labor como portavoces corporativos y ha participado en comités de crisis de empresas e instituciones para la gestión de la comunicación de casos de conflicto y contestación social", añade.

"Detenciones ilegales"

Este miércoles, Zubiaga dio a conocer un nuevo comunicado de Verter: en esta ocasión tuvo que referirse al operativo policial del martes, que acabó con el dueño del vertedero, una administrativa y el responsable técnico en comisaría. "Las detenciones realizadas se han producido por decisión policial. No se dispone de ningún auto judicial que dictamine esta actuación y la propia Policía ha confirmado a los representantes legales de la propiedad que la decisión es suya, no del Juzgado. En contra de lo que ha publicado algún medio, la Jueza no ha ordenado la detención", asegura en una nota.

"Consideramos que esta actuación es contraria a derecho y, por lo tanto, una detención ilegal, por cuanto no conocemos que exista información que determine ningún indicio que justifique la misma en los estrictos términos de la Ley, máxime cuando las investigaciones judiciales y policiales se prolongan ya por cinco meses y la disposición de la empresa ha sido siempre la de colaborar", añade.

Zubiaga defiende además que "los representantes de la propiedad y gestores de la empresa han mantenido, desde que se produjo el derrumbe del vertedero, una actitud de total colaboración con las autoridades y con los estamentos judiciales en la búsqueda de las causas de este fatal accidente".

En esa línea, fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) citadas por la agencia EFE precisaron este miércoles que las detenciones no se produjeron por orden del juzgado.