València sigue los pasos de Barcelona para cerrar su CIE y Madrid estudia qué hacer

VALÈNCIA.- Ha tenido que ser una alcaldesa bregada en los movimientos sociales quien, con la ley en la mano, haya sacado los colores al ministerio de Interior poniendo de relevancia que su responsable (en funciones) Jorge Fernández Díaz incumplía la legislación que emana de la propia Administración. Desde el pasado 7 de julio, Ada Colau y su equipo mantienen un pulso con el departamento de Interior para lograr una meta que desde hace años persiguen todos los defensores de los derechos humanos y reclaman decenas de colectivos sociales: cerrar los CIEs.

Este miércoles, la Policía Nacional ha denegado de nuevo (la segunda vez en 48 horas) la entrada a los inspectores y a una abogada del Ayuntamiento para comprobar si existen internos. Ante el reiterado impedimento de Interior a hacer su trabajo, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, ha anunciado la próxima medida será pedir al juez que precinte el CIE.

Sólo PP y Ciudadanos en contra

Porque Barcelona en Comú no está sola en su determinación. Le avalan el pleno del Ayuntamiento, que en noviembre pasado declaró Barcelona ciudad “libre de CIE” y también el parlamento catalán, que aprobó en julio de 2015 instar al Ejecutivo a cerrar los CIE y a sustituirlos por medidas cautelares alternativas, como la presentación periódica ante la autoridad o la libertad vigilada.

En España existen actualmente siete CIE. Además de los de Barcelona, València y Madrid, hay en Algeciras, Murcia, Las Palmas y Fuerteventura.

¿Qué han hecho al respecto las otras “ciudades del cambio” en su primer año de mandato? Siguiendo los pasos firmes de Barcelona está València, mientras que Madrid estudia qué hacer.

"Llegar hasta el final”

Mientras, Berto Jaramillo, concejal de cooperación al desarrollo y migraciones del Ayuntamiento de València, explica a Público que la voluntad del equipo de Joan Ribó es “llegar hasta el final”. El alcalde visitó el CIE con una delegación de concejales el pasado mes de mayo y lamentó la “evidente privación de libertad para gente que no ha cometido ningún delito” y anunció que seguirían controlando el edificio en el ámbito de las competencias municipales, que abarcan la salubridad, la disciplina urbanística, la licencia de actividades y la de obras.

En Madrid no se ha tomado ninguna medida significativa ni en la Asamblea ni en el consistorio para cerrar el CIE

“Desde el mismo día que entramos en el ayuntamiento sabíamos que las políticas migratorias son competencia del estado, pero también sabíamos que sobre el CIE teníamos ciertas competencias municipales y las vamos a hacer cumplir”, asegura Jaramillo, que relata que al igual que en Barcelona el consistorio también envió a inspectores al edificio y, como en el caso barcelonés, la Policía Nacional “les dijo que no tenían competencias y que no podían entrar”.

La Fiscalía de Málaga denunció en 2003 y 2006 que los internos en el antiguo CIE vivían en peores condiciones que en una cárcel

“Para llegar hasta donde estamos –señala Jaramillo- ha tenido que haber una connivencia de los ayuntamientos con el estado”. Y en València, con el PP al frente del consistorio y del ministerio, esa colaboración era “total”. La “singularidad administrativa” depende de las actuaciones que vaya a tomar cada ciudad, apunta el concejal valenciano, pero el actual equipo de gobierno dice estar determinado a cumplir.