La ciudad de València, rodeada de la mayor huerta periurbana de Europa, ha visto como en las últimas décadas esta se iba reduciendo y degradando por el imparable crecimiento de la trama urbana, pero también afectada por las dificultades generalizadas que sufre el campo en toda España, con la pérdida de tierras productivas, el envejecimiento de los campesinos y las dificultades para organizar una transmisión generacional de la tierra, una vez se ha roto aquella cadena tradicional en la que el hijo del campesino seguía los pasos familiares.

En València, además, la proximidad de la ciudad –que debería ser una ventaja competitiva- se ha convertido a menudo en un problema. "No nos engañemos –cuenta Maica, hija y nieta de campesinos del norte de la ciudad-, a todo el mundo les gusta pasear por la huerta, pero si tienes el campo cerca de un camino este se degrada muy rápidamente, la gente lo pisa, tira basura, los perros se cagan, hay robos...". A menudo, los nuevos planes urbanizadores se han justificado precisamente porque las tierras más próximas a los núcleos urbanos ya estaban abandonadas, con lo que se podían asfaltar, convirtiendo unas nuevas tierras en vecinas de los edificios y que empezaban inmediatamente a degradarse, volviendo a empezar la espiral.

"Si tu ves una zona que está llena de campos abandonados y sucios, pues no dan muchas ganas de establecerse y empezar a cultivar allí, no? El símil con un barrio se entiende muy fácil: Es muy difícil que la gente quiera instalarse en un barrio degradado y lleno de casas en ruinas", explica Alejandro Ramón, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de València. El cargo, que no existía, se creó en 2015, con la llegada de Joan Ribó a la alcaldía, con el objetivo de apoyar la actividad agraria en el término municipal y revertir la pérdida de la huerta. Objetivos enmarcados en otros más amplios, como la defensa de la soberanía alimentaria –València fue capital mundial de la alimentación sostenible en 2017- y la lucha contra el cambio climático.

Ahora su departamento ha decidido poner fin a las molestias que suponen las tierras abandonadas. "No es solo una cuestión de imagen –insiste Ramón- sino también de plagas, ratas, malas hierbas… Que acaban comportando problemas a los campos vecinos y riesgos de incendio. La degradación de un campo no es un problema estanco". Desde octubre se han enviado ya más de cuarenta notificaciones de sanción, en grupos de unas quince, concentradas en la zona de La Punta (una de las áreas más degradadas, al sur de la ciudad), tanto para evitar colapsar el servicio que gestiona los expedientes, como para dar tiempo a que cunda el ejemplo y dar tiempo a los propietarios que quieran evitarse la multa a limpiar sus campos, según informan fuentes municipales. "Multar es el último recurso, pero ya llevamos años avisando a los propietarios que no podían tener así los campos y en algún momento había que pasar a las sanciones", añade Ramón.

Aunque la ordenanza municipal solo obliga a tener el campo limpio, y no puede forzar a tenerlo productivo, Ramón no esconde que este es el objetivo final de su concejalía, que en los últimos años ha desplegado una serie de políticas para hacer más rentable y sostenible la actividad agraria. Mercados de venda directa en el municipio, que permitan mejorar los precios que recibe el agricultor; un Agrolab que ofrece acompañamiento a aquellos campesinos que quieran innovar hacia una producción más sostenible; un pozo municipal para ofrecer agua de riego a la zona de la Fonteta; inversión en el mantenimiento de caminos rurales, o un Banco de Tierras, mediante el cual el consistorio facilita el arrendamiento de tierras a aquella gente que quiera cultivarlas.

La transmisión de tierras, el cuello de botella

Natalia Castellanos ha estudiado en profundidad la situación agraria en València desde su trabajo en la ONG Mundubat: "La propiedad de la tierra está muy dividida, muchas parcelas tienen múltiples propietarios que, a menudo, no solo no viven del campo, sino que ni tan siquiera viven aquí. A todo esto hay que sumar el miedo al arrendamiento a un desconocido y firmando un contrato, ya que normalmente esto en los pueblos se hacía de forma oral y a algún familiar o vecino, y las expectativas de la recalificación inmobiliaria, especialmente altas en la zona periurbana. Aunque sea un territorio protegido, también sabe que esto puede cambiar en cualquier momento".

Castellanos cree que una estrategia municipal es totalmente insuficiente, y para conseguir frenar el abandono de tierras agrícolas y facilitar su transmisión hacia gente que podría trabajarlas se necesita un plan como mínimo comarcal o autonómico. "En este sentido, la ley de estructuras agrarias, si se desarrollase, ofrece muchas posibilidades", añade esta técnica. Para Castellanos el esfuerzo vale la pena: "Tenemos unas de las tierras más fértiles que existen aquí al lado, ¿de verdad que tenemos que abandonarlas por otras peores e importar los alimentos desde no-se-donde? ¿No vamos a intentar crear un sistema que haga rentable el trabajo de los labradores? Porqué comer, tenemos que comer".

Por ahora, el Ayuntamiento de València se encuentra solo en este empeño, pero Alejandro Ramón es optimista. "Ya está corriendo la voz que te pueden multar por tener el campo abandonado y si, mantenerlo así supone un quebradero de cabeza mayor que arrendarlo, cada vez más gente se planteará está opción. Nosotros pondremos todas las facilidades que podamos".