PALMA DE MALLORCA.- El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, descarga en la Administración pública las presuntas ilegalidades cometidas con la contratación del Instituto Nóos para la celebración de unos eventos por los que la entidad cobró hasta 6,2 millones de euros, aseverando que Nóos no tuvo "margen negociador" con las Instituciones balear, valenciana y madrileña.

Así lo pone de manifiesto en su escrito de defensa, en el que subraya que es la Administración pública la que disfruta de un "imperium" y de "poderes exorbitantes" ajenos a los particulares que contratan con ella, y que le permiten configurar y redactar sus contratos "de forma unilateral".

Subraya que son las Instituciones públicas las que tienen "poderes exorbitantes" para configurar sus contratos "de forma unilateral"

"Resulta inverosímil afirmar que los particulares imponen a las Administraciones públicas y a las diversas entidades del sector público la forma jurídica de contratación. La realidad de las cosas es bien distinta", subraya, rebatiendo de este modo las acusaciones contra él vertidas, entre otros, por la Fiscalía Anticorrupción, que reclama 19 años y medio de cárcel para Urdangarin, y Manos Limpias (su petición se eleva a 26 años y medio).

En su escrito, de 86 páginas, el letrado del Duque, Mario Pascual Vives, subraya en esta línea que es la Administración contratante "la que decide cuándo, cómo, por qué y con quién contrata", y son sus servicios jurídicos "los que tienen que verificar la adecuación y precisión en el cumplimiento de lo pactado o, en caso contrario, exigir las responsabilidades administrativas que procedan".

Y en este caso, asevera, "no es sólo que la Administración no haya exigido ninguna responsabilidad sino que, además, el éxito de los eventos realizados hace que la Administración lleve a cabo una nueva colaboración con el Instituto Nóos, a fin de repetir los satisfactorios resultados que los iniciales eventos tuvieron".

"No parece que esta realidad fuera 'vender el humo' que preconiza el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación", insiste el marido de la Infanta Cristina, sobre quien pesan un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil; fraude a la administración; dos delitos fiscales y un último de blanqueo de capitales.

El abogado niega así que existan hasta la fecha indicios objetivos de un supuesto ánimo fraudulento, la existencia de un concierto previo con la Administración "o cualquier otra finalidad o actividad ilegal". Y apunta que los hechos que se le imputan a su patrocinado, "sólo podrían constituir, en el peor de los casos, simples irregularidades administrativas y nunca conductas tipificadas penalmente".

Entre los testimonios que también plantea su defensa también están Ruiz Gallardón,  Francisco Camps y Rodrigo Rato.

De otro lado, Urdangarin ha propuesto que los exjefes de la Casa del Rey Fernando Almansa y Alberto Aza declaren como testigos en el juicio del caso Nóos, con el propósito de que su declaración refuerce sus argumentos de defensa. El marido de la infanta propone también que testifiquen el asesor de la casa real José Manuel Romero, conde de Fontao, y  el exsecretario de las infantas Carlos García Revenga.

El duque de Palma propone en el escrito de conclusiones que registró ante el juez José Castro que testifiquen más de 300 personas con cuya aportación tratará de rebatir la acusación de que empleó el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de instituciones públicas de Baleares, Valencia y Madrid.

Entre los testimonios que plantea su defensa también están el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

Urdangarin también se opone a la prestación de fianza que le reclama el juez, que es de 13.646.950 euros.