MADRID.- Iñaki Urdangarin, el marido de la infanta Cristina, baraja ingresar en el Centro Penitenciario de Badajoz, en Extremadura, si resulta condenado por el caso Nóos, cuya sentencia será comunicada este viernes a los procesados y a las acusaciones.

Hace tiempo que el miembro de la familia real y exduque de Palma tiene asumido que será condenado por el caso Nóos- donde afronta una petición de 19,5 años de cárcel-, por lo que habría tomado la decisión de solicitar su ingreso en la cárcel de Badajoz una vez estudiadas las distintas alternativas que se le presentaron, según las mismas fuentes consultadas.

Su esposa, Cristina de Borbón, planearía residir junto a los cuatro hijos de la pareja en una localidad de la frontera con Portugal y próxima al centro penitenciario, indican las mismas fuentes.

Los condenados pueden solicitar un ingreso voluntario en un centro que crean más conveniente con sólo personarse en la puerta de la prisión. Una vez dentro, deben acreditar un motivo que justifique el deseo de cumplir la pena en la prisión elegida. Esta capacidad de elección se basa en una circular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias –que tiene la última palabra- referente al traslado de internos.

La vinculación familiar

Uno de los principales motivos que esgrimen los condenados es la vinculación familiar, que en el caso de Urdangarin estaría justificada por el hecho de que la infanta Cristina, hermana de Felipe VI, y los cuatro hijos del matrimonio barajan trasladar su residencia de Ginebra (Suiza) a una localidad de la frontera con Portugal, indican las mismas fuentes.

El centro penitenciario de Badajoz está considerado uno de los menos conflictivos de España: no sufre de superpoblación -a diferencia de cárceles como las de Madrid o Valencia-, tiene muy pocos presos de primer grado y cinco o seis miembros de ETA.

Fachada exterior del Centro Penitenciario de Badajoz. /ACAIP

Una cárcel tranquila

Situada a sólo a 9 kilómetros de Badajoz, el centro penitenciario está situado en la carretera de Olivenza, cerca de la frontera con Portugal y del río Guadiana.

Esta cárcel tranquila tiene actualmente 500 internos. Allí las celdas eran originariamente individuales, aunque ahora se colocan literas pero se intenta que sólo haya un interno por celda, según fuentes penitenciarias.

La prisión fue construida en 1984 y es conocida como una cárcel “provincial”, a diferencia de las prisiones-tipo inauguradas con posterioridad. Su edificación se distribuye alrededor de un espacio central, de donde nacen los pasillos que van a los módulos de los internos.

Pasillo interior del Centro Penitenciario de Badajoz. /ACAIP

Otra de las cárceles que se han barajado está en Álava, donde reside la familia de Iñaki Urdangarin. Es la moderna Zaballa, heredera de la antigua Nanclares y que también tiene baja conflictividad. Denominada centro penitenciario Norte I, es una macrocárcel que sólo funciona en alguna de sus áreas -porque aún no ha finalizado su construcción- y que cuenta con duchas individuales a diferencia de la de Badajoz cuyas duchas son comunes. Allí es donde están los presos de ETA de la llamada vía Nanclares.

Urdangarin se enfrenta a una petición de la fiscalía de 19,5 años de cárcel por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. Por los mismos delitos está acusado Diego Torres, para quien el ministerio público pide 16,5 años de cárcel.

La sentencia, que tiene como ponente a la presidenta del tribunal, Samantha Romero, será conocida este viernes a las 12 del mediodía y resolverá las responsabilidades de los 18 procesados en un juicio que quedó visto para sentencia el pasado 22 de junio y donde, por primera vez, dos miembros de la familia real se sentaban en el banquillo de los acusados.

Desvío de 6 millones de euros públicos

La Audiencia de Palma resolverá el desvío de más de 6 millones de euros de los Gobiernos de Baleares, Valencia y del Ayuntamiento de Madrid, cuyos responsables que se plegaron a los deseos y propuestas de Urdangarin, y de su socio, Diego Torres, sin respetar las normas de contratación pública.

Ambos se llevaron elevadas comisiones con pretexto de organizar actos, congresos e investigaciones para fomentar el deporte y el turismo… Todo era “humo”, como tildó la Fiscalía a esta trama tejida alrededor de una supuesta fundación sin ánimo de lucro (Nóos). Los recursos económicos públicos y privados fueron desviados a una trama de empresas cruzadas.

El Instituto Nóos recibió 2,5 millones de euros del Gobierno balear, 3,5 millones de euros de Valencia y 114.000 del Ayuntamiento de Madrid.

Se calcula que la trama desvió 2,6 millones de euros en beneficio propio. Entre ellas, a la sociedad matrimonial Aizoon que poseen al 50% Urdangarin y Cristina de Borbón y que recibió más de 1,2 millones de euros desviados de Nóos.

El matrimonio cargó a esta sociedad multitud de gastos personales, además de contratar a trabajadores ficticios.

La infanta Cristina afronta ocho años de cárcel, acusada de  colaborar junto a su marido de dos delitos fiscales por importe total de 330.000 euros, cometidos en los años 2007 y 2008. El juez instructor José Castro concluyó que el matrimonio actuó con un “plus de codicia”, porque no se contentó con sólo extraer dinero de las arcas públicas, sino que defraudó a Hacienda.

Acusadora e imputada

La infanta Cristina sólo está acusada por Manos Limpias, que ejerce la acción popular y cuyo máximo dirigente –Miguel Bernard- se encuentra en prisión preventiva por una supuesta trama de coacción ejercida junto a Luis Pineda, presidente de Ausbanc.

La letrada de la acusación, Virginia López-Negrete, es investigada también por esta causa. En la instrucción se ha descubierto que la trama habría recibido una oferta de dinero para exonerar a Cristina de Borbón del juicio de Nóos, que llevará a Urgandarin a la cárcel de Badajoz si mantiene los planes trazados.