Unidas Podemos propone conceder permiso de trabajo y residencia a todos los migrantes que estuvieran en suelo español durante la declaración del estado de alarma. Fuentes de Unidas Podemos explican a Público que, además, el partido de Pablo Iglesias aspira a otorgar la nacionalidad española "por carta de naturaleza" a todas las personas extranjeras que hayan desempeñado "labores esenciales" durante el estado de alarma, y que así lo soliciten. 

Estas son las claves de la propuesta que el grupo parlamentario confederal lleva hoy al Congreso de los Diputados, y que ya ha sido presentada a otras fuerzas políticas, con idea de abrir el debate parlamentario y social sobre esta cuestión. El portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, ha explicado algunos detalles de estas propuestas en rueda de prensa.

Desde la Cámara Baja, Echenique ha recordado que en diciembre de 2019 se cuantificaban en España 2,2 millones de personas extranjeras no comunitarias, a las que se suman aproximadamente medio millón en situación irregular, y alrededor de 100.000 solicitantes de asilo. Sin embargo, ha reconocido que es "muy difícil" cuantificar cuántas de estas personas han trabajado en sectores considerados esenciales. "Eso se cuantificará cuando se abran las solicitudes", apuntaba.

Como ejemplo, Echenique se ha referido al personal sanitario, a los cajeros de supermercado, a los cuidadores de mayores, transportistas o a quienes "producen" alimentos en el campo. 

La adquisición de nacionalidad por carta de naturaleza no está sujeta a las normas generales de procedimiento administrativo, y puede ser otorgada de forma discrecional por el Gobierno mediante real decreto, tras valorar que concurren circunstancias excepcionales. Viene recogida en el artículo 21.1 del Código Civil, como recordaba el portavoz morado. 

La propuesta contempla también "reforzar los recursos humanos y materiales de los diferentes departamentos que se ocupan de los trámites referentes a las personas migrantes para evitar los actualmente larguísimos plazos de resolución".  

Según fuentes de la formación, y como después ha enfatizado Echenique, la emergencia social y económica provocada por la Covid-19 supone una "circunstancia excepcional" que exige "una respuesta rápida y justa" para proteger a todas las personas, "sin dejar a nadie atrás".

Explican que buena parte de la "población de nacionalidad extranjera no comunitaria que se encuentra en España" ha contribuido "de una manera muy relevante a que el conjunto de la sociedad española haya podido superar los momentos más duros de la crisis sanitaria".

Se refieren a ellos como "héroes de la epidemia", y el portavoz parlamentario ha insistido en que es "decente, justo y patriótico" reconocerles como "compatriotas", además de argumentar que estas regularizaciones servirían para luchar contra la economía sumergida y mejorar la recaudación.

Sin ir más lejos, una reciente investigación de la Universidad Carlos III estima que el paso de una persona de una situación irregular a una regular puede conllevar un aumento de alrededor de 3.000 euros en los ingresos anuales del Estado. "De acuerdo con esta estimación, la medida aquí propuesta podría suponer un aumento total de ingresos para las arcas públicas de hasta 1.500 millones de euros anuales", reza el documento enviado por Unidas Podemos al resto de grupos.

Las reticencias del PSOE

No obstante, el Gobierno de coalición, del que Unidas Podemos forma parte, ya dio portazo a la posible regularización masiva y urgente de migrantes en España. Los Gobiernos de Italia y Portugal han puesto en marcha medidas de este tipo, si bien la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero (PSOE), rechazó en rueda de prensa que esta cuestión haya sido abordada por el Consejo de Ministros.

Lo hizo después de que su socio de coalición presentase una proposición no de ley (PNL) en este sentido en la Cámara Baja. En materia de políticas relacionadas con los migrantes, las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos son especialmente importantes.

De hecho, Echenique ha revelado que informó a la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, antes que al resto de sus homólogos de otras formaciones, pero no quiso aclarar cómo valoró Lastra esta iniciativa. "La opinión del PSOE no soy yo quien la tengo que decir", zanjaba.