Unidos Podemos ha reclamado este miércoles en el Congreso el nombramiento urgente de una mujer --basándose en méritos científicos y profesionales-- para presidir la sección de la comisión que analizará la posible reforma del Código Penal en materia de delitos sexuales.

En una proposición no de ley, que han registrado en la Cámara Baja, el grupo confederal también pide que el Ministerio de Justicia nombre entre juristas de reconocido prestigio a diez mujeres para que ocupen los puestos vacantes que existe entre los vocales permanentes de este grupo de trabajo y a "tantas vocales adscritas como sean necesarias" para acercar a la paridad en dicha comisión.

La formación que lidera Pablo Iglesias se une así a las reclamaciones del PSOE, que este martes también pedía la presencia de mujeres en este órgano. Sin embargo, para la portavoz de Igualdad de Unidos Podemos, la diputada de En Marea, Ángela Rodríguez, la iniciativa socialista no es suficiente.

De hecho, la propuesta morada incluye la petición de una reforma más allá de esta comisión e incluye en el texto, el nombramiento paritarios de vocales permanentes y presidentas de secciones en todo este órgano. Así, insta al Gobierno a que "fije las medidas necesaria" para hacer efectivo el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad" que se exigen en la Ley de Igualdad.

Del mismo modo, recoge la necesidad de que se tomen decisiones para implementar la perspectiva de género en el ámbito de la Justicia y en todas las administraciones que trabajen con las violencias sexuales. En este sentido, proponen fijar que se requiera todo tipo de formación específica a los distintos operadores públicos relacionados con este tipo de violencia, a través de lo recomendado en el Pacto de Estado contra la violencia machista y a través de la comisión de seguimiento del mismo.

La reforma penal, una "gestión nefasta"

Rodríguez ha explicado que la imagen del organismo que estudiará los delitos sexuales es un "reflejo claro" de la realidad española, en la que el Ejecutivo "encarga a un grupo de señores a analizar cómo las mujeres pueden tener relaciones sexuales, cuándo deben decir 'no' o cuándo pueden o no ser violadas".

En este sentido, la diputada ha mostrado su preocupación por que, ante un caso como el de 'La Manada', la primera reacción del ministro de Justicia sea encargar a una comisión "la posibilidad de poner otros delitos en el Código Penal o aumentar penas". A su juicio, se trata de "una gestión nefasta" que debería tratarse de manera integral, tal y como plantea el Pacto.

Las diputadas firmantes de esta iniciativas, la propia Rodríguez, junto a su homóloga de Podemos, Sofía Fernández Castañón y la portavoz de Interior Alicia Ramos, han recordado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sido llamado a comparecer en la comisión de seguimiento del Pacto, creada en el Congreso, para explicar cómo va a integrar su departamento las medidas recogidas en el acuerdo. En este sentido, han señalado que, al igual que el resto del Ejecutivo, en Justicia "no se ha hecho nada".

Una justicia sin perspectiva de género

"No sólo es una cuestión de populismo punitivo, sino de aplicar las mejoras que ese establecen en el Convenio de Estambul y las recomendaciones de la ONU sobre discriminación de las mujeres en la Justicia", ha señalado Ramos. En la misma línea, Rodríguez ha señalado que "más penas" no va a suponer "menos violaciones" y mayor dureza judicial "no va a acabar con el machismo en España".

Desde Unidos Podemos, han lamentado que la Justicia española siga sin "perspectiva de género", "como se ha comprobado con la sentencia" de 'La Manada' y ha celebrado que el movimiento feminista en esta administración se haya negado a formar parte de la comisión de manera temporal.

Para Fernández Castañón, la iniciativa presentada por su grupo parlamentario son "un toque de atención" y "algo más que un recado" a la actuación del Gobierno en relación al Pacto contra la violencia de género. Un texto que, según ha recordado, recoge soluciones para poner fin al "agravio comparativo" entre las mujeres que sufren violencia sexual pero que, al no estar el delito incluido dentro de la pareja, no son consideradas víctimas de violencia machista y, por tanto, no pueden acceder a las mismas coberturas.