Venta ambulante "Sobrevivir no es delito": la ley de Podemos que propone despenalizar el 'top manta'

Hasta 2016 la venta ambulante estaba castigada con una multa administrativa. Pero, a partir de la reforma del Código Penal, se convirtió en un delito con pena de cárcel. Este lunes Unidos Podemos ha registrado en el Congreso la proposición de ley "sobrevivir no es delito" para despenalizar la venta ambulante y acabar con la "persecución y criminalización sistémica de estas personas que intentan buscarse la vida".

La ley a la que ha tenido acceso Público denuncia que la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015 impide que los sancionados puedan llegar a regular su situación ya que con delitos penales no pueden regular su situación y, sin esto, no pueden acceder a un trabajo legal. Un bucle sin final que deja en "desamparo" a miles de personas. Por esto, proponen unas penas "proporcionales" reguladas por vía administrativa. "Vender un bolso te puede llevar a dos años de cárcel mientras que una evasión fiscal no se considera delito hasta los 120.000 euros", ha denunciado la diputada de Podemos, Ione Belarra. 

En este sentido, la formación morada ya presentó en abril de 2016 una proposición no de ley con una iniciativa similar, en la que trabajaron con colectivos manteros y lateros. Ahora han retomado la petición a raíz de la muerte del mantero Mmame Mbaye y de las protestas en el barrio madrileño de Lavapiés tras su fallecimiento y contra el "racismo institucional". De hecho, Belarra ha comenzado la presentación de la ley mandando las condolencias a los amigos y familiares de los dos fallecidos durante la semana pasada, Mbaye y Arona Diakhate, y esperando que "sus muertes pongan encima de la mesa la precariedad y explotación de miles de personas por el hecho de ser migrante". 

La reforma propuesta modula el régimen por el que se sanciona la venta ambulante, reduciendo su pena al eliminar "la responsabilidad penal hasta las ventas que no superen los 400 €" y estableciendo "una pena alternativa de trabajos en beneficio de la comunidad".

La propuesta pide eliminar la "responsabilidad penal hasta las ventas que no superen
los 400€"

En la Proposición de Ley el Grupo Confederal explica que hasta el año 2010, las penas hacia el "Top manta" eran similares a las actuales: "En el año 2008 se inició un ciclo de políticas migratorias restrictivas" que pasó "por la intensificación de las redadas basadas en perfil étnico racial en el año 2009", dicta la Ley. "Fue en ese momento cuando desde la sociedad civil organizada se realizó un gran esfuerzo para denunciar y visibilizar este tipo de prácticas que evidenció, además, la necesidad de modificar el Código Penal con el objetivo de sacar la venta ambulante del ámbito penal". Y aquí, se modificó la Ley Orgánica de 1995 por la Ley Orgánica 5/2010 que reconocía la "desproporción de castigo" de los castigos. 

Sin embargo, la reforma del Código penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, modificó, de nuevo, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y con ello el castigo de la venta ambulante de obras y mercancías propias de estos tipos penales.

"La actual ley condena a personas migrantes en situación administrativa irregular a una suerte de muerte social"

Estos tipos de castigos señalan en la ley que condenan a las "personas migrantes en situación administrativa irregular a una suerte de muerte social porque, al mismo tiempo, tipifica como delito la única forma de ganarse la vida, y les genera unos antecedentes penales que les imposibilita regularizar su situación en nuestro país mediante los procedimientos legalmente establecidos en nuestro ordenamiento. La venta ambulante no constituye un fenómeno coyuntural, sino una actividad más dentro de la precarización social en la que viven muchas personas y concretamente aquellas más vulnerabilizadas".

Belarra también ha querido destacar que "la manta no es el sueño de nadie", por esto, se busca que, aunque se sancione administrativamente, los manteros y lateros tengan la posibilidad de acceder "en condiciones de legalidad" al mercado laboral".