Unidos Podemos seguirá intentando que las Cortes Generales no ratifiquen el polémico acuerdo comercial entre la UE y Canadá, CETA. Después de que el Congreso de los Diputados diera luz verde al tratado, este jueves, el texto de más de 1.600 páginas debe pasar al Senado, donde previsiblemente no habrá obstáculos para su aprobación, debido a la mayoría absoluta de la que goza el PP en esta Cámara.

No obstante, y como advertía el jueves su portavoz de Exteriores en el Congreso, Pablo Bustinduy, Unidos Podemos tiene previstos algunos movimientos para frenar un tratado que Bustinduy considera "anticonstitucional" y "nocivo". En concreto, en el Senado planean pedir el control previo de constitucionalidad, la misma estrategia que pusieron en práctica en la Cámara Baja, y que naufragó con los votos en contra de PP, PSOE, y C's, entre otros.

Podemos reconoce el "medio paso" -en palabras de su líder, Pablo Iglesias- dado por el Partido Socialista al moverse del "sí" al CETA hasta la abstención, pero seguirá presionando a la formación de Pedro Sánchez para que apoye que el Tribunal Constitucional revise el tratado, aunque lo hará con el tono conciliador que utiliza desde el debate de la moción de censura a Mariano Rajoy.

Teniendo en cuenta la fuerza de la que goza el PP en el Senado, previsiblemente ni siquiera con el apoyo del PSOE podría lograr que esta iniciativa saliera adelante.

Recurso de inconstitucionalidad

La segunda opción es presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal; Unidos Podemos y las confluencias cuentan con 67 diputados en la Cámara Baja, por lo que superarían el límite de 50 parlamentarios que marca el Artículo 162 de la Carta Magna para interponer un recurso de estas características. El Grupo Confederal Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea guardará esta carta hasta el final, aunque ya contaban con esta baza mucho antes de que el CETA llegara a las instituciones españolas.

Paralelamente, Podemos sigue el proceso que tiene lugar en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que estudia si debe o no pronunciarse sobre el polémico tratado, como sí ha hecho el Consejo de Estado.

El 1 de junio, la Comisión Permanente de este órgano pidió a su Gabinete Técnico un informe sobre la conveniencia o no de emitir un informe sobre el acuerdo. Es preceptivo, pero el Gobierno no ha solicitado que se redacte, y ha sido una vocal del órgano de gobierno de los jueces, María Concepción Sáez, quien ha exigido al CGPJ que se plantee pronunciarse sobre el CETA. Un mes después de que el Gabinete Técnico recibiera este encargo no consta cuándo estará terminado el informe.

En última instancia, Unidos Podemos observa también la tramitación del CETA en los otros 27 parlamentos nacionales -y otra decena de cámaras regionales- tras haber logrado luz verde en el Europarlamento, en febrero. Las reticencias de la región belga de Valonia, o el hecho de que otros estados puedan poner trabas a su ratificación, podrían desembocar en la entrada del acuerdo en vía muerta, y eso es exactamente lo que pretenden.

Cinco países ya han ratificado el CETA

Según Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción y de la Campaña estatal no a TTIP, CETA y TiSA, cinco parlamentos nacionales de los 28 ya han ratificado el criticado acuerdo comercial: Letonia (23 de febrero), Canadá, República Checa (parcialmente, sólo en el Senado), Dinamarca y España.

La Campaña en la que participa Kucharz, que enlgoba a más de 350 colectivos, ha sido muy crítica con el acuerdo entre Canadá y la UE, al que se refieren como "el caballo de Troya" del TTIP.

En su relato para explicar y contextualizar el CETA, el activista de Ecologistas en Acción se retrotrae diez años, a cuando quebraron los fondos especulativos de la banca de inversión "que provocaron la gran crisis". La causa de esta quiebra estaría en la globalización neoliberal, que se sirve del CETA y otros acuerdos similares para "eliminar la regulación y el control del sistema financiero", por lo que la aprobación del tratado serviría como gasolina para alimentar "nuevas burbujas financieras y quiebras bancarias", a su entender.

"¿Seguiremos rescatando bancos con dinero público? ¿Generando deudas ilegítimas y profundizando recortes sociales? ¿O cambiamos todo?". "Acabar con el neoliberalismo, distribuir riquezas y democracia o seguir con un sistema corrupto. Este es el trasfondo del debate sobre el CETA", zanja.