Última oportunidad para derogar el artículo que puede llevar a la cárcel a decenas de huelguistas

MADRID.- La Comisión de Justicia del Congreso debatirá este martes una propuesta del PSOE para derogar el artículo 315 del Código Penal, que permite condenar a penas de cárcel a quienes coaccionen a otros para iniciar o continuar una huelga, precepto que fue reformado hace algo más de un año y que los socialistas, la Izquierda Plural y los propios sindicatos consideran que "restringe" este derecho fundamental.

En concreto, se trata de la reforma del apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica de 1995 que modificó el Código Penal, con la que se redujeron las penas de cárcel tanto a quienes dificulten o impidan el ejercicio de huelga a sus trabajadores como a los piquetes, que aún así quedan sometidos a castigos más duros de los previstos anteriormente, sobre todo en relación con la cuantía de las multas. En la actualidad, se piden más de cien años de prisión para huelguistas acusados de violar este artículo.

Desmantelamiento constante de libertades

Los socialistas critican que "con la crisis como oportunidad" el PP ha desarrollado un "proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades, especialmente de aquéllas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno".

Denuncian un "entramado de leyes que asfixien la capacidad de reacción, protesta o resistencia"

Como prueba de estas acusaciones, apunta al incremento de las sanciones por participar en manifestaciones, particularmente de las condenas a penas de privación de libertad. Todo con el objetivo último de "disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y su libertad sindical".

Garantizar el derecho de huelga

Dado que esta forma de actuar no se ajusta ni a la Constitución ni a los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha firmado España, el PSOE exige al Gobierno tanto la derogación de la reforma como que garantice que el derecho de huelga recogido en la Constitución "no será vaciado de contenido" a través de la "actuación concertada del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ministerio Fiscal".

Las condenas por
estos delitos va de entre
seis meses a tres años
y medio de prisión 

En su respuesta, el Ejecutivo niega que se haya criminalizado a ningún ciudadano con esta reforma, y asegura que lo que se ha conseguido es "incorporar la proporción entre el delito de coacciones básico y el delito de coacciones en el entorno laboral", cuya "desproporción" no se había corregido en la reforma del Código Penal de 2010, dando lugar a "condenas desproporcionadas a la gravedad del hecho".

Reforma de 2014

Desde que entró en vigor la reforma del Código Penal de 2014, las penas de cárcel para quienes "mediante el engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga" se reducen de la horquilla de seis meses a tres años y medio, a entre seis meses y dos años.