Apenas dos semanas después de que fuera etiquetada como falsa una publicación de Santiago Abascal en Facebook, este martes la cuenta oficial de Twitter de Vox ha sido bloqueada. En este caso, no se debe a la difusión de información falsa, sino al incumplimiento de las normas de la red social sobre la "incitación al odio". Dicha infracción se ha producido a raíz de un tuit en el que la formación ultraderechista respondía a Adriana Lastra, crítica con la censura parental y con las ideas "retrógradas" del partido, asegurando que desde Vox no toleraban que "con dinero público financiéis la pederastia".

No se trata de un bloqueo definitivo, sino de una limitación que impide al partido interactuar públicamente. Además, desde la compañía aseguran que Vox puede recuperar la normal funcionalidad de su cuenta en cuanto borren la publicación en cuestión, algo a lo que los de Abascal se han negado por el momento. De no hacerlo, el bloqueo se mantendrá de manera indefinida. 

Sobre el encaje de esta infracción en concreto, en las normas que comparten públicamente, Twitter esboza como uno de los casos de incitación al odio lo siguiente: "Incitar al miedo o difundir estereotipos de temor sobre una categoría protegida, lo que incluye afirmar que los miembros de una categoría protegida tienen más probabilidades de participar en actividades ilegales o peligrosas, por ejemplo, 'Todos los [miembros de un grupo religioso] son terroristas'". Por lo tanto, la publicación de Vox estaría incluida en este supuesto. 

El director de comunicación de Vox, Manuel Marsical, cuestionaba las explicaciones ofrecidas por la compañía en un hilo en su cuenta personal en base a dos premisas: asociar las 'categorías protegidas' etiquetadas por Twitter con el PSOE y el Gobierno y el hecho de que en un primer momento la publicación fue revisada sin ser penalizada. 

En primer lugar, las normas internas de la compañía estipulan que dichas 'categorías protegidas' se corresponden exclusivamente a las minorías históricamente discriminadas por cuestiones de género, raza, etnia, orientación sexual, etc. En cuanto a la primera revisión, que una publicación pueda ser penalizada después de que no se haya hecho lo propio en primera instancia forma parte del habitual proceder de la red social.

Como conclusión, Twitter ha asegurado al respecto: "Somos una compañía imparcial y no participamos en prejuicios o sesgo político de ningún tipo. Aplicamos las Reglas de Twitter de manera desapasionada e igual para todos los usuarios, independientemente de su background o afiliación política".

Calumnias no amparadas por la libertad de expresión

Ante las denuncias de censura desde Vox, el jurista Carlos Sánchez Almeida advierte sobre la necesidad de diferenciar entre las normas estatales y las de la plataforma. "Twitter, aunque parezca ser una plaza pública, es una plaza privada. Hay unas normas de uso que se aceptan por defecto y dicen lo que dicen", aclara.

No obstante, Sánchez Almeida asegura que la acusación de "pederastia" de Vox tampoco está amparada por la libertad de expresión, tal y como defiende Mariscal en su hilo. "Los delitos de opinión no están amparados por la libertad de expresión", asegura el jurista.

"Llamar pederasta a alguien sin pruebas es atribuirle un delito. Con lo cual, quien ha sufrido la agresión, podría plantearse presentar una querella por delito de calumnias", defiende Sánchez Almeida. Siguiendo esta explicación, en el propio artículo 20 de la Constitución se establece el derecho a "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones", al mismo tiempo que se estipula como un límite para este "el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen".

Precisamente, la infracción de calumnias que apunta Sánchez Almeida se recoge en el Código Penal en el título de delitos contra el honor. "Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad", sentencia el artículo 205. Por lo tanto, el tuit de Vox, lejos de estar amparado por la Constitución, constituye un potencial delito recogido en el Código Penal.