La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia  (TSXG) ha notificado este miércoles un auto en el que comunica que decide investigar a la diputada popular Paula Prado por los supuestos delitos de fraude y tráfico de influencias a raíz de la exposición razonada remitida por el juzgado instructor de la 'Operación Pokémon'.

En el auto, el TSJG acepta la competencia para conocer los hechos expuestos en tres de los apartados de la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo en relación a la diputada Paula Prado.

Los magistrados entienden que los hechos relatados, según señala el TSXG, 'pudieran incardinarse, al menos de forma indiciaria, en los delitos de fraude a la administración pública y tráfico de influencias'.En concreto, la Sala investigará los siguientes tres presuntos delitos:

-Autorización del pago de una factura municipal con un sobrecoste de 3.000 euros con motivo de la representación del espectáculo La Abeja Maya' en 2012. Este sobre pago benefició al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en 'adjudicaciones presuntamente ilícitas' a favor de GRS y Aquagest.

-Influencia en la contratación de personas en empresas concesionarias de obras y servicios del Ayuntamiento de Santiago cuando era responsable de la agencia de colocación de empleo. Estas personas eran 'afiliadas o próximas ideológicamente' al PP y llegó a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo, según los indicios del sumario.

-Intervención en la resolución de dos expedientes a favor de un local de ocio.

Por el contrario, la Sala, no aprecia indicios de delitos en los otros tres hechos que relata la jueza instructora en la exposición motivada, sin perjuicio de lo que se concluya más adelante durante las investigaciones abiertas.

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG recibió a finales de junio la exposición razonada dictada por la instructora de la 'Operación Pokémon' sobre una pieza relacionada con la diputada autonómica, ya que está aforada ante esa Sala.

La exposición motivada remitida por la jueza instructora Pilar de Lara Cifuentes el pasado 17 de junio al Tribunal Superior de Justicia gallego expone sus sospechas de que ésta pudo haber cometido supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y cohecho durante su etapa de concejal en el Ayuntamiento de Santiago.