MADRID.— Joan Manel Abril, el magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que investiga la causa del 9-N ha finalizado la investigación del caso y ha concluido que debe seguirse la acusación contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau por presunta desobediencia y prevaricación administrativa.

El juez ha acordado trasladarlo a las partes para que soliciten la apertura del juicio y presenten los escritos de calificación o pidan el sobreseimiento de la causa, ha informado este martes en TSJC en un comunicado.

El magistrado ha desestimado la petición de sobreseimiento que habían solicitado las defensas de los investigados por la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.

Con esta decisión, el juez del TSJC ha dejado al expresidente catalán Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau al borde del banquillo. Sólo falta un trámite y es tan menor que ninguna de las partes duda de que los políticos acusados irán a juicio.

En un auto, contra el que cabe recurso, el magistrado Joan Manel Abril desestima los recursos presentados por las defensas para que se archive el caso y da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares para que, si lo ven oportuno, presenten sus escritos de calificación contra los imputados.

Abril ha dado así por finalizada la instrucción del caso por la consulta del 9-N, dos días después de las elecciones generales y en vísperas de su cese como magistrado del TSJC, que abandonará el próximo 1 de julio para dedicarse a la docencia como catedrático de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y seguir de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Andorra.

En su auto, el magistrado aprecia indicios de que Mas y las exconselleras desobedecieron la orden del Tribunal Constitucional (TC) que suspendía la consulta del 9-N y cuestiona su argumento de que, a partir de ese momento, el proceso participativo quedó exclusivamente en manos de voluntarios.

El magistrado razona que, "bajo la cobertura formal de la actuación del voluntariado", el expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras investigadas sí llevaron a cabo "actuaciones contrarias" a la providencia de suspensión dictada por el TC, y de forma "intencional y consciente" se negaron "abiertamente a dar cumplimiento al mandato" del Constitucional.