El TS revisará el 2 de julio la condena de 6 años de cárcel de Matas

El Tribunal Supremo revisará el próximo 2 de julio en vista pública la condena a 6 años de cárcel al expresidente balear y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas por delitos de fraude a la administración; falsedad en documento oficial; falsedad en documento mercantil; prevaricación en concurso con malversación y tráfico de influencias agravado. La Fiscalía Anticorrupción pedía todavía más pena: 8 años y medio.

Una confirmación de la condena por el alto tribunal llevaría aparejado, muy posiblemente, el ingreso efectivo en la cárcel de Matas, que está imputado en varias causas más de corrupción como el 'caso Nóos', en la que también está inculpado Iñaki Urdangarin. 

El alto tribunal revisará la pena impuesta por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, que convirtió a Matas en el primer exmandatario autonómico que se enfrenta a una pena de prisión y el segundo exministro que prevé ingresar en ella, después de que ya lo hiciera durante tres meses José Barrionuevo por el secuestro de Segundo Marey.

El tribunal también condenó a 3 años y 9 meses de prisión al periodista Antonio Alemany por un delito de prevaricación; un delito de falsedad en documento oficial; un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con uno de malversación y un delito de tráfico de influencias. Mientras, la Fiscalía solicitaba para él 7 años y tres meses de prisión.

Más de dos años después de que estallase el caso Palma Arena y con una fianza penal de dos millones y medio de euros a sus espaldas, el exlíder del PP balear fue juzgado el pasado mes de enero por presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad en documento oficial, prevaricación y tráfico de influencias, por los que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba un total de ocho años y medio de cárcel contra él, la misma pena que reclamaba la Abogacía de la Comunidad Autónoma.

Se trata de la pieza número 2 de las 26 que integran el caso Palma Arena, en el marco de la cual el tribunal, presidido por la magistrada Margarita Beltrán, consideró probado que los acusados pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular a Alemany y a sus sociedades con fondos públicos que ascendieron a un total de 483.186 euros. Todo ello después de que el articulista acudiese a Matas en busca de una forma de retribuirle la elaboración de sus discursos e intervenciones públicas.

Sin embargo, a lo largo de diez jornadas de juicio, el exmandatario autonómico y el articulista defendieron su actuación en torno a la contratación presuntamente irregular de éste último como redactor de las intervenciones de Matas.

Por su parte, durante la lectura de su informe final, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach aseveró que "Matas era un gran gestor, sí, pero no del dinero público, sino de su propia imagen". Y es que así de tajante se mostró a lo largo de su relato en torno a los indicios delictivos que pesan sobre el expresidente del Govern en el marco del primer juicio del caso Palma Arena, y en el que no dudó en expresar su "indignación" al ver cómo "sin escrúpulos no se asumen las consecuencias penales derivadas de sus actos".

El representante del Ministerio Público reservó palabras también para la figura de Alemany, a quien se refirió como un periodista "rabiosamente independiente excepto del dinero y del poder", al haber resultado beneficiado en el año 2003 de un concurso "totalmente ficticio" que, lejos de dar cumplimiento al objeto para el que fue convocado -contratar una asesoría externa en materia de comunicación- fue utilizado para enmascarar los pagos por la redacción de los discursos del exmandatario del PP.

Por otro lado, y en el marco del 'caso Nóos', ell síndico de cuentas de Baleares, Bernat Salvà, quien este miércoles ha declarado en calidad de testigo ante el juez instructor de la causa, José Castro, ha manifestado que los dos convenios por los que el Instituto Nóos cobró 2,3 millones de euros públicos por la organización de los llamados Illes Balears Forum, no fueron objeto de supervisión por parte de la Sindicatura de Cuentas de las islas, según han explicado fuentes jurídicas.

Durante el interrogatorio, el testigo ha manifestado así que los convenios no pasaron la fiscalización de este órgano, ya que las supervisiones que lleva a cabo éste se realizan de forma aleatoria, por lo que éste no pudo determinar si el desarrollo de los mismos y los gastos en que incurrió la entidad presidida entonces por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, se ajustaban a la legalidad.

Asimismo, Salvà ha explicado que fue a partir de 2009 cuando asumió el cargo de síndico. A su salida de las dependencias judiciales, el testigo ha señalado haber respondido a todas las preguntas formuladas tanto por el magistrado como por Fiscalía y las partes que han estado presentes en la comparecencia, satisfaciendo así las "expectativas" de todos ellos, según ha resaltado.