El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha negado hoy que se pueda llegar a un pacto en el caso Urdangarín por razones de Estado con el objeto de evitar un grave daño a la Casa Real, porque 'lo que más puede dañar a la imagen de la Corona es que puedan existir sospechas' de que se negocia.

Según ha explicado Torres-Dulce en una entrevista en Antena 3, el caso Urdangarín se encuentra en la fase final de investigación y calcula que antes de verano la Fiscalía podrá presentar su escrito de calificación de los hechos y, en torno a dentro de un año, podría celebrarse el juicio 'si no se complica la última fase de la investigación que pudiera dar lugar a más imputaciones'.

Sobre este último aspecto ha precisado que se trata de imputaciones ampliatorias de delitos -el pasado viernes Anticorrupción pidió que se imputara a Iñaki Urdangarín un delito fiscal-, no que se impute a otras personas en esta causa y ha descartado en todo momento que la Fiscalía vaya a ofrecer un acuerdo de conformidad para evitar la vista oral.

'El propósito de la Fiscalía es no hacer ninguna oferta de conformidad y veo difícil el horizonte de aceptar una conformidad con cualquiera de las partes del proceso', ha insistido el fiscal general, al destacar que 'los hechos están claros y las pruebas son más que suficientes para ir a juicio y ninguna actividad extravagante a la procesal va a llevar a la Fiscalía a negociar en modo alguno'.

En cuanto a la posibilidad de poder alcanzar un pacto para evitar daños a la Corona ante posibles revelaciones por parte del socio de Urdangarín, Diego Torres, Torres-Dulce lo ha negado con rotundidad y ha asegurado además que no ha recibido presión o petición alguna por la Casa Real: 'Ni el rey me lo habría propuesto ni yo lo habría aceptado'.

Por su parte, el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha destacado que presentará alegaciones contra la abultada fianza, de más de 8 millones de euros, que el fiscal ha pedido que se imponga al Duque de Palma y a su exsocio Diego Torres en concepto de responsabilidad civil, para hacer frente a las indemnizaciones que puedan fijarse en una eventual sentencia condenatoria.

En declaraciones este lunes a los medios, Pascual Vives no ha querido precisar cuales van a ser los argumentos de esas alegaciones, que tiene de plazo hasta este martes para presentar. 'No estamos de acuerdo con muchas cosas pero el contenido del escrito es muy extenso y no revelo el contenido', se ha limitado a avanzar.

En referencia a las informaciones que apuntan que los Duques de Palma han puesto en venta su palacete del barrio barcelonés de Pedralbes para asumir la fianza, el abogado ha confirmado que la casa está 'en venta desde hace bastante tiempo' pero ha añadido que no sabe cuál es la suma que piden Urdangarin y la Infanta Cristina.

Por otra parte, el abogado ha asegurado que desconoce 'el contenido de la parte del proceso' en que el empresario Alex Sánchez Mollinger, socio de Iñaki Urdangarin, revela que un supuesto testaferro del Duque de Palma intentó convencerle para que declarara que había recibido una cantidad de dinero por servicios prestados para la empresa Aguas de Valencia (Agval); en este sentido, ha indicado que 'todavía' no se lo han notificado.

Pascual Vives también ha rechazado hablar sobre la relación laboral entre Urdangarin y la noble alemana Corinna Sayn-Wittgenstein, y ha comentado que no es de su incumbencia: 'Como dicen los ingleses: it is not my business', ha comentado.