Fianza de 13,5 millones de euros a dos exdirectivos de Caixa Penedés

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite la querella presentada esta semana por la Fiscalía Anticorrupción contra cuatro exdirectivos de Caixa Penedés por  delitos societarios y de apropiación indebida que se les imputan por adjudicarse presuntamente planes de pensiones por importe global de 31,6 millones de euros.

Al expresidente y exdirector general de la entidad Ricard Pagès Font, y a Santiago José Abella, que llegaron a hacer efectivas y cobraron las pólizas, se les exige la prestación de sendas fianzas de 11.609.708,76 y de 1.893.070, 39 euros, respectivamente, para que puedan hacer frente a las responsabilidades civiles de ser condenados. Se les da un plazo de 24 horas para depositar estas cantidades o serán embargados.

La querella también se dirige contra los exdirectivos  Manuel Troyano Molina y Juan Caellas, si bien  a éstos dos últimos no se les pide fianza porque no llegaron a cobrar el dinero al no haber llegado a la edad de jubilación. El juez suspende cautelarmente "cualquier pago" a los querellados derivados de las polizas "consideradas fraudulentas".

En el caso de que se produza cualquier entrega dineraria, Pedraz ordena que se le comunique "la cuenta o instrumento financiero de destino", y pide que para ello se mande oficio a las respectivas aseguradoras.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 cita en calidad de imputados a Pages Pont y Troyano el próximo 7 de de marzo a las 10.30 horas, mientras que dos días antes fija las comparecencias de Abella y Caellas a la misma hora.

En su auto, el magistrado también oficia a la Dirección General de Supervisión del Banco de España  "a fin de que caso de existir remita copia autenticada de las actuaciones inspectoras e informes que se hayan desarrollado sobre Caixa d'Estalvis del Penedés en relación con las idemnizaciones o pensiones satisfechas a los querellados".

Además, el magistrado ofrece la posibilidad de personarse en la causa a Caixa d'Estalvis del Penedés y a Grupo Mare Nostrum, asi como al Fondode Reeestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Según la querella de Anticorrupión, los exdirectivos "actuaron de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados de la misma".

Valiéndose de la ayuda del director de recursos humanos Jaume Jorba --recientemente fallecido-- y del resto de querellados, Pagès diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una "desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo".

Desde 2001, los querellados "se auto-concedieron" derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran la entidad.

Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.

 

Según el fiscal, lograron mantener estos pagos "en una convincente penumbra mediante informaciones fragmentarias e incompletas acerca de su verdadera naturaleza y extensión".

A partir de 2009 la crisis del sector financiero provocó un endurecimiento del marco normativo y un mayor control de las entidades bancarias, especialmente en lo relacionado con las remuneraciones de los altos directivos.

En el caso de Caixa Penedès, a esto se unió que en 2010, en el contexto de reestructuración del sector financiero español, la entidad se fusionó a Caja Granada, Caja Murcia y 'Sa Nostra' Caja de Baleares, que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN), para lo que recibió ayudas por 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Estas dos circunstancias hicieron temer a los querellados que las pensiones que se habían adjudicado pudieran salir a la luz, y fueran cuestionadas tanto por la entidad como por la opinión pública, "con el consiguiente riesgo de perderlas".

Por eso, se decidieron a realizar "toda una serie de actuaciones irregulares a fin de blindar sus derechos económicos", que acabaron recibiendo al abandonar sus cargos en 2011, buscando diferentes tipos de coberturas formales y fórmulas jurídicas.