Alberto López Viejo, consejero autonómico de Madrid con Esperanza Aguirre de presidenta e Ignacio González de vicepresidente, y el exdiputado regional madrileño del PP Alfonso Bosch, figuran en la lista de siete imputados en el 'caso Gürtel' que regularizaron sus cuentas con Hacienda por la vía ordinaria. En total, esos siete acusados de delito fiscal en la causa escaquearon en sus declaraciones tributarias un total de 9,8 millones de euros, ingresos que sólo reconocieron a posteriori.

Según el informe remitido por la Agencia Tributaria al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, al que ha tenido acceso Público, Fernando Martín, constructor propietario de Martinsa, es el único imputado de los 21 sobre los que consultó el magistrado que se ha acogido a la 'amnistía fiscal' aprobada el año pasado por el  Gobierno.

Se une así al extesorero del PP Luis Bárcenas --que según sus abogados regularizó 10,9 millones de euros de sus cuentas en Suiza a través de la sociedad Tesedul--, y al constructor Alfonso García Pozuelo, que habría blanqueado medio millón de euros de una cuenta que tenía en el banco Merryll Lynch en Nueva York.

Según la documentación entregada por Hacienda al juez, Fernando Martín ha 'lavado' gracias a la amistía fiscal 3.420 euros, por lo que ha pagado el 10%, es decir, 342.

Sin embargo, Hacienda añade en el informe todas las regularizaciones realizadas por alguno de los 21 imputados consultados desde el año 2003. Abre la lista el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, quien, el 20 de julio de 2012, presentó declaraciones complementarias o sustitutivas del IRPF, correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por importe total de 4.721 euros.

El imputado que reconoció más desfases con Hacienda, a la vista de sus declaraciones sustitutivas o complementarias tanto de IRPF como del impuesto del patrimonio, es el empresario zaragozano Manuel Salinas Lázaro --quien, según el sumario, pagó 12 millones de euros al cabecilla de la trama, Francisco Correa--. De acuerdo a la documentación de la Agencia Tributaria, hizo declaraciones adicionales, aunque antes de la llegada al PP al Gobierno, por importe superior a 7,5 millones de euros, correspondientes a ejercicios fiscales entre 2005 y 2009.

La lista de imputados que hicieron regularizaciones con Hacienda por la vía de declaraciones complementarias y sustitutivas se completa con el exdiputado autonómico madrileño del PP Alfonso Bosch (por importe de 3.100 euros), el propio Fernando Martín, y los empresarios Amando Mayo Rebollo, José Ramón Blanco Balín, y el grupo Begar --del imputado José Luis Ulibarri--.

El presidente de Martinsa Fadesa, Fernando Martín Álvarez, ha señalado que su acogimiento a la amnistía fisc al no tiene que ver con su imputación en el 'caso Gürtel' y ha defendido que obedece a la liquidación de una cuenta corriente con un saldo total de 57.000 euros.

El empresario Jesús Calvo Soria, que ha declarado este miércoles como imputado en el marco del 'caso Gürtel', ha negado ser testaferro del cabecilla de la trama, Francisco Correa, y ha asegurado que alguien le falsificó la firma para que apareciera como administrador de varias sociedades que la red habría utilizado para blanquear dinero procedente de comisiones ilegales por la adjudicación de concursos públicos, informaron a Europa Press fuentes de la causa presentes en la declaración.

Calvo Soria está imputado por blanqueo de capitales y como cooperador necesario en varios delitos fiscales por estas operaciones, que ha defendido ante el juez como 'legales' dentro del mercado inmobiliario.

En concreto, el imputado ha sido preguntado por una transacción de 240.000 euros que la sociedad Rustfield, radicada en el Reino Unido y vinculada a Correa, hizo a Lujeca Inversiones, de la que era socio Calvo Soria, en junio de 2003, cuando Sepúlveda era alcalde de la localidad madrileña, informaron fuentes jurídicas.

Según la documentación que obra en la causa, ese dinero se hizo llegar al contable de la trama 'Gürtel', José Luis Izquierdo, que lo repartió de la siguiente manera: 60.000 euros fueron a parar a una sociedad denominada Quintamari, 96.000 al colaborador de Correa Plácido Vázquez y otros 60.000 a 'J.S. (Jesús Sepulveda)', según consta en un escrito incautado por la Policía, que añade que el resto se lo quedó Correa.

Las citadas fuentes también han indicado que el imputado ha reconocido su vinculación a la sociedad Nuevos Proyectos Inmobiliarios Salobreña, también vinculada a la trama, aunque ha dicho que trabajó en ella porque conocía a la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano.