En sus dos siglos de existencia el Supremo ha celebrado juicios que, por la excepcionalidad de este tribunal, han dejado huella en la historia del país al sentar en el banquillo desde ministros del Gobierno de Felipe González a jueces de la Audiencia Nacional o la cúpula de Herri Batasuna (HB).

El último de los juicios del Supremo fue precisamente la vista contra el exconseller de la Generalitat Francesc Homs por el 9-N, lo que supuso la primera toma de contacto del Alto Tribunal frente al separatismo catalán.

Pero nada que ver con el previsto dentro de unos días contra 12 líderes independentistas catalanes, en lo que muchos ven ya como el gran juicio de la historia democrática de España.

Estos son algunos de los juicios más destacados que se han celebrado en los últimos 40 años de democracia en el Tribunal Supremo:

Juez Pascual Estevill (1996) 

Lluís Pascual Estevill fue el primer miembro del CGPJ y juez condenado por prevaricación en el Supremo, que le impuso 6 años de suspensión, al ordenar el ingreso en prisión de varias personas por enemistad personal cuando era juez de instrucción en Barcelona.

Mesa Nacional de Herri Batasuna (1997) 

En una sentencia histórica, el Supremo condenó a siete años de prisión a cada uno de los 23 miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB) por colaboración con banda terrorista al difundir un vídeo de ETA durante la campaña electoral de 1996 y sendos comunicados tras los asesinatos del ex presidente del Constitucional Francisco Tomás y Valiente y el abogado Fernando Múgica.
Fue la primera condena a la cúpula de un partido y la primera vez que se estableció la relación de esta coalición abertzale con ETA.

Caso Filesa (1997) 

Ocho personas, entre ellos el diputado Carlos Navarro y el senador Josep María Sala, fueron condenadas a penas de hasta 11 años de prisión en relación con el "caso Filesa", por financiar irregularmente al PSOE.

La sentencia fue la primera en España en un caso relevante de financiación ilegal de partidos políticos y, además, de un partido que estaba en el poder cuando ocurrieron los hechos.

Caso GAL de Segundo Marey (1998) 

El tribunal condenó a penas de hasta 10 años de cárcel a la "cúpula" del Ministerio del Interior del primer Gobierno socialista, incluido el ex ministro José Barrionuevo (1982-1988), por organizar, autorizar y financiar en 1983 el secuestro de Segundo Marey, primera acción atribuida a los GAL.
Barrionuevo se convirtió así en el primer ministro de un gobierno en la historia reciente de España condenado tras un proceso penal. En el recuerdo queda la fotografía de Felipe González abandonando el Salón de Plenos tras declarar nuevamente como testigo, después de hacerlo en el caso Filesa, aunque este caso no hubo imágenes.

Gómez de Liaño (1999) 

Javier Gómez de Liaño fue condenado por un delito de prevaricación cometido dos años antes, cuando era titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional e instruía el "caso Sogecable", sobre supuestas irregularidades contables con los depósitos de los abonados de esta televisión de pago.

Posteriormente fue indultado por el Gobierno de José María Aznar y su nombre volvió a cobrar relevancia cuando en julio de 2013 asumió la defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Baltasar Garzón y la Gürtel (2012)

El que fuera el juez más mediático de la época, aquel que inició la instrucción de la Gürtel, fue condenado a 11 años de inhabilitación tras ordenar que se interceptaran las comunicaciones que mantuvieron el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo, con sus abogados en la cárcel de Soto del Real.

Supuso para Garzón la "perdida definitiva" de su condición de juez, hasta entonces en el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, como recoge la sentencia, en la que se le reprochó que usara "prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios".

Garzón y los crímenes del Franquismo (2012)

Apenas quince días después de ser condenado, el Supremo absolvió a Garzón de un procedimiento vinculado con la memoria histórica, al considerar que su decisión de declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, "aunque errónea, no es prevaricadora".

Francesc Homs (2017) 

El Supremo condenó en marzo de 2017 al exconseller de Presidencia Francesc Homs -juzgado en el Supremo por su condición de diputado- a un año y un mes de inhabilitación y 30.000 euros de multa por desobediencia grave al Constitucional en la consulta del 9N.