Alaya pide las cuentas de las consultoras de UGT y CCOO desde 2001

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido las cuentas desde 2001 de las consultoras vinculadas a los sindicatos CCOO y UGT, así como información sobre todas las federaciones de ambos organizaciones y las comunicaciones al servicio de blanqueo de capitales (SEPBLAC) por parte de las oficinas bancarias usadas en los pagos.

La jueza de instrucción 6 de Sevilla, en un auto, acuerda solicitar a la Oficina Pública de Depósito de Estatutos datos sobre todas las asociaciones, federaciones o confederaciones formadas por la UGT y CCOO en el ámbito estatal y andaluz.

Además, dentro de su investigación sobre la presunta participación de los sindicatos en las sobrecomisiones que se cobraban por los ERE, solicita a los respectivos Registros Mercantiles la hoja registral y cuentas anuales depositadas entre 2001 y 2012 por Atlantis Asesores, Atlantis Correduría de Seguros, Consultura Actuarial, Temiqui e ITG Industria de Técnica y Gestión, todas ellas vinculadas a los dos sindicatos mayoritarios.

Asimismo, pide que la Agencia Tributaria informe sobre las declaraciones presentadas por todas estas sociedades en el mismo periodo respecto al Impuesto de Sociedades y que la Tesorería de la Seguridad Social remita su vida laboral.

Respecto a la posibilidad de que algunos bancos que trabajaban con las mediadoras de los ERE no hubiesen hecho la declaración obligatoria al servicio de prevención del blanqueo (SEPBLAC), Alaya reclama a las respectivas asesorías jurídicas que informen sobre las personas que entonces ocupaban el puesto de director e interventor.

Según un atestado de la Guardia Civil ningún responsable de esos bancos "dio cuenta al servicio de prevención de blanqueo de capitales" de los pagos irregulares, a pesar de "tratarse de operativas sistemáticas" referenciadas en la normativa de prevención "y por lo tanto sujetos a la obligación de su comunicación".

La Fiscalía Anticorrupción se había quejado en un escrito de que desconocía las instrucciones dadas por la juez a la Guardia Civil para investigar los ERE, a lo que Alaya responde que "son muchas las ayudas sociolaborales analizadas y se continuarán analizando, las que el tiempo que le queda a la presente instrucción lo permita, sin perjuicio de que haya de completarse en su caso en otras instancias".