VITORIA-. El Tribunal de Cuentas se reunirá mañana para resolver los recursos de los dirigentes del Partido Popular, Javier Maroto y Alfonso Alonso, a la sentencia que les condenó a abonar 393.862 euros por la firma de un alquiler gravoso de unas oficinas para el Ayuntamiento de Vitoria cuando formaban parte de su gobierno.

El Tribunal de Cuentas estimó el 13 de mayo pasado parcialmente las demandas interpuestas por la nueva corporación municipal y por los partidos que la sustentan, PSE-EE y PNV, y consideró que Alonso, Maroto y los otros siete miembros del equipo de gobierno municipal del PP entre 2003 y 2007 cometieron una "negligencia grave" y fueron responsables contables directos de haber ocasionado un "perjuicio" en los fondos públicos municipales por este alquiler.

El juicio por este alquiler se celebró el pasado 11 de abril en la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid. En este procedimiento la Fiscalía no formuló demanda al no apreciar responsabilidad contable en el alquiler de un local que el gobierno municipal dirigido por Alonso firmó por 20 años para albergar unas oficinas del consistorio.

Los recursos

Los condenados, entre ellos el exministro de Sanidad y actual presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y el secretario sectorial del PP, Javier Maroto, recurrieron la resolución al considerar que no quedó acreditada su responsabilidad contable y que el informe técnico municipal que propuso una renta inferior a la que finalmente se estableció no era vinculante.

Según los recurrentes, dicho informe además no suponía una tasación oficial, sino que tenía un valor meramente orientativo de mercado.

A estos recursos presentaron alegaciones el Ayuntamiento de la capital alavesa y PNV y PSE, los dos partidos que sustentan el equipo de gobierno.

El Tribunal analizará mañana si mantiene la condena, la modifica o la anula, aunque las partes podrán posteriormente presentar otro recurso de casación.

Previsiblemente el fallo de la sentencia no se conozca mañana, ya que la ponente, la exministra de Justicia entre 1996 y 2000, Margarita Mariscal de Gante, planteará su propuesta que será votada por los otros dos magistrados componentes de la terna de consejeros.

A partir de ahí, la ponente redactará la sentencia que podría darse a conocer en los próximos días, según las estimaciones del Ayuntamiento de Vitoria.