Tras la concesión de los indultos a los nueve condenados por el procés, el debate sobre el diálogo en Catalunya ha virado en dos direcciones: la mesa de negociación y el papel del Tribunal de Cuentas, que este martes podría formalizar imputaciones a líderes independentistas.

Las imputaciones contra varios líderes por uso inadecuado de fondos públicos en la promoción exterior del procés podrían coincidir con la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del Govern, Pere Aragonès, que ha pedido actuar contra lo que considera una "inquisición económica" y un elemento más de la "represión".

Este lunes, el jefe del Ejecutivo ha apuntado en una entrevista en la Cadena Ser que el Tribunal de Cuentas no es, pese a su denominación, un órgano judicial sino una "instancia administrativa".

Y ha recordado que, por ahora, no ha dictado "resolución firme" y que ésta puede ser "recurrida ante los tribunales", al tiempo que ha negado que vaya a dar instrucciones a la Abogacía del Estado. Nunca lo han hecho y él "mucho menos", ha apostillado.

El tribunal debe resolver este martes el expediente abierto por la responsabilidad contable de los cargos del Govern catalán entre 2011 y 2017 por el uso supuestamente indebido de fondos públicos para la promoción exterior del proceso independentista. El informe afecta a casi 40 exaltos cargos de la Generalitat y apunta a que se pudieron emplear más de 5,4 millones de euros en ese cometido de buscar apoyos internacionales para el proyecto independentista. 

En todo este contexto, este lunes el diario El País informa de que el PP se niega a negociar la renovación de este tribunal. Los conservadores, como sucede también en el Consejo General del Poder Judicial, cuentan con una mayoría absoluta en este órgano, ya que 7 de los 12 consejeros fueron propuestos por el PP y no están dispuestos a perderla.

El pasado jueves, en el último pleno, varios consejeros del Tribunal de Cuentas preguntaron por el asunto a su presidenta, María José de la Fuente, que admitió que no ha obtenido respuesta por parte del Congreso de los Diputados. En abril, envió una carta a su homóloga de la Cámara Baja, Meritxell Batet, para que se lleve a cabo la renovación en tiempo y forma, ya que el mandato finaliza el próximo 29 de julio pero Batet no ha podido darle una respuesta por el bloqueo del PP.

Casado niega cualquier bloqueo

Al hilo de esto, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su partido no "bloquea ninguna renovación" porque está dispuesto a hacerlo ya si es para reforzar la independencia como piden desde Europa, pero no para nombramientos "a dedo". "El PP no ha bloqueado nada, ni el Tribunal de Cuentas ni el Defensor del Pueblo ni el CGPJ", ha reiterado, para subrayar que "no es mucho pedir que se respete la independencia judicial que consagra la Constitución y que consagra ahora también el acervo comunitario".

Casado ha señalado que esto le parece 'un 'dejà vu'" y ha pronosticado que la próxima semana puede salir Podemos diciendo que hay que desbloquear y luego el PSOE registrará una proposición de ley para "cambiar por la gatera" el sistema de elección de mayoría reforzada del Tribunal de Cuentas para "elegirlo a dedo" por una "mayoría simple". "Es decir, lo mismo que hemos visto en el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado", ha exclamado.

"¿Esto qué es, esto es Venezuela? (...) Apuntamos a los jueces, apuntamos a los fiscales que no obedecen directrices políticas y ahora apuntamos a los señores miembros y vocales del Tribual de Cuentas. Creo que esto es algo de extraordinaria gravedad", ha agregado Casado, que enmarca todas las decisiones de Sánchez en su "necesidad" de mantenerse en el poder.

"Resulta que el Tribunal de Cuentas no puede empedrar el camino, no puede hacerles pagar por lo que han hecho ilegal sino que tenemos que pagarlo los españoles", ha declarado Casado, que ha censurado duramente las palabras del ministro José Luis Ábalos.

La ministra de Igualdad y dirigente de Unidas Podemos, Irene Montero, ha usado una fórmula similar a la del número dos del PSOE, José Luis Ábalos, que sostuvo que las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas eran "piedras en el camino" para el diálogo.

Ha abogado Montero por "eliminar todo lo que no sea eminentemente, protagónicamente político: el diálogo y el acuerdo", puesto que "todo lo demás van a ser dificultades, piedras, en un camino que sí o sí vamos a recorrer".

Por contra, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha lamentado la "situación personal de las personas afectadas" y ha advertido de que se trata de un tema complejo que "no depende de las decisiones del Gobierno".

Ante causas que ponen en juego el patrimonio de varios exdirigentes, las críticas a este tribunal desde el independentismo catalán son unánimes. La secretaria general del PDeCat, Àngels Chacón, ha seguido los reproches de Aragonès y del vicepresident catalán, Jordi Puigneró.

Reclama el PDeCat que el abogado del Estado reconozca "que la acción exterior" de la Generalitat es "un competencia propia" y ha sostenido que "mañana, y de manera paralela a los indultos, continúa la represión, que viene del Tribunal de Cuentas".

También los comunes, en boca de Joan Mena, portavoz de Catalunya en Comú, han reclamado que los organismos constituciones se "despoliticen" y han acusado al PP de usar estos organismos "para bloquear una salida política". Reclaman la renovación tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal de Cuentas.