9N El Tribunal de Cuentas aumenta la condena a Artur Mas por el referéndum del 9N

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha confirmado y aumentado ligeramente la condena impuesta al expresident de Catalunya Artur Mas y varios exconsellers por valor de casi cinco millones de euros por los gastos ocasionados por la consulta soberanista del 9N de 2014.

En noviembre de 2018, el Tribunal de Cuentas condenó al expresident y los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalitat en la consulta soberanista del 9N de 2014, una condena que los afectados recurrieron por considerarla "aberrante".

Los condenados recurrieron la sentencia al considerar que la decisión no era imparcial

Según dicha sentencia, Mas, los exconsellers y seis personas más fueron condenados por los gastos originados por el 9N, cifrados en 4.946.788,16 euros. Los condenados recurrieron la sentencia al considerar que la decisión del tribunal estaba "muy lejos de la imparcialidad" y pretendía ser, por un lado, "un escarmiento" para todos aquellos que llevaron a cabo el proceso participativo del 9N y, por otro, "un aviso a navegantes" para futuras ocasiones.

Ahora, la Sala de Justicia del Tribunal ha informado este viernes que ha acordado no solo mantener las condenas impuestas, sino añadir un "leve aumento" de las mismas al decidir incluir otras partidas de gastos no contempladas inicialmente que suman 41.831,95 euros más. Así, el total que debe ahora ser restituido a la Generalitat asciende a 4.988.620,11, importe del que los condenados responden de manera solidaria.

La sentencia detalla que, más allá de que Mas sea el responsable último por los casi cinco millones, cada uno de los condenados es considerado responsable directo de determinadas cantidades en función de las atribuciones y responsabilidades que asumieron con motivo del 9N.

Así, los demandados deberán reintegrar a la Generalitat de Catalunya la suma total más los intereses legales correspondientes calculados desde la fecha en que se efectuaron los pagos determinantes del daño causado a los fondos públicos.