El Tribunal Constitucional (TC) comenzará a estudiar previsiblemente el próximo martes en el Pleno que ya estaba convocado para la próxima semana la admisión a trámite de la impugnación que el Gobierno presentó el pasado viernes contra la nueva consulta convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 9 de noviembre.

El asunto no había sido incluido en el orden del día del citado Pleno a última hora del viernes, si bien fuentes del TC han señalado que la intención del presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, es hacerlo para que la admisión pueda ser discutida desde el mismo martes.

El Pleno se prolonga hasta el jueves, por lo cabe la posibilidad de que la decisión sobre el último movimiento de la Abogacía del Estado no se conozca hasta ese día. La intención del tribunal de garantías, no obstante, es poder resolver la impugnación y notificar su resolución mucho antes según las mismas fuentes.

A diferencia de lo ocurrido con este recurso, el presentado contra el decreto de convocatoria de la consulta inicial y contra la Ley aprobada para darle cobertura legal tuvo que resolverse en una semana en la que inicialmente el TC no tenía previsto Pleno ordinario, por lo que convocó uno de urgencia apenas siete horas después de presentarse las impugnaciones.

De hecho, y de forma inédita, el Pleno emitió un comunicado en el que que explicaba que su premura en reunirse y resolver el asunto obedecía a que era consciente de 'la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas'. Añadía que esta trascendencia en resolver debía entenderse 'para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana'.

La nueva impugnación se basa en informe del Consejo de Estado y solicita la suspensión de todas las actuaciones para organizar este denominado proceso participativo, tanto las ya realizadas como las que vengan.

El Gobierno acusa a Mas de estar  trasladando la responsabilidad de incumplir la ley  a los catalanesDurante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, hizo hincapié en que uno de los objetivos principales del recurso es defender los derechos de los ciudadanos catalanes a los que, a juicio del Gobierno, Artur Mas está trasladando la responsabilidad de incumplir la ley, una responsabilidad que él 'no quiere asumir con su firma'.

'El Gobierno quiere defender los derechos de los catalanes y en especial de los funcionarios, a los que la Generalitat quiere colocar a la intemperie legal', ha dicho, recordando el aviso a directores de colegios e institutos para que el día 9 abran sus centros y estos acojan urnas de votación. 'Uno de los objetivos fundamentales es proteger a los funcionarios, que se no se vean obligados a incumplir la ley', ha añadido.