Tres propuestas para atajar la pobreza y repartir la riqueza

BARCELONA.- Una de las consecuencias más evidentes de la larga crisis económica es el incremento de las desigualdades, con una concentración de la riqueza en grupos muy reducidos de personas mientras cada vez hay más que se encuentran en situación de total vulnerabilidad y abocadas a la pobreza. Para darle la vuelta a la situación, la solución no es la lenta creación de un empleo cada vez más precario y mal pagado, sino poner en marcha medidas mucho más radicales que garanticen un nivel mínimo de bienestar en todo la ciudadanía y que, en algunos casos, contribuyan a avanzar hacia un horizonte fuera del capitalismo. En definitiva, apostar por políticas diametralmente opuestas a las que siguen Artur Mas en Catalunya y Mariano Rajoy en el conjunto del Estado español.

En el inicio de la jornada, organizada por la sectorial de Pobreza y Exclusión Social de Procés Constituent —el movimiento liderado por la monja Teresa Forcades—, el economista Arcadi Oliveres ha querido poner en contexto que el combate contra la pobreza no deja de ser una cuestión de voluntad. “La ONU pidió 50.000 millones a los países ricos para acabar con el hambre, pero no los pudo reunir, mientras que estos mismos países destinaron 4,6 billones de dólares a rescatar a la banca. Es decir, que con el dinero gastado en salvar a los bancos se habría podido acabar con la pobreza en todo el mundo 92 veces”. Oliveres también se ha mostrado partidario de repartir el trabajo, a partir de la reducción de la jornada laboral.

David Casassas: “El miedo que tienen no es que no trabajemos, sino que no trabajemos para ellos”

Según la propuesta de la ILP, la recibirían todas aquellas personas que no tengan ningún tipo de ingreso o que perciban prestaciones inferiores a los mencionados 664 euros -hasta llegar a esta cantidad-, por lo que se considera “suplementaria” y sería “incondicional”, o sea que no dependería de las “disponibilidades presupuestarias ni de la obligación de participar en acciones de inserción social y laboral”. El coste de su implementación seria de 2.100 millones de euros al año, una cifra que ha provocado el rechazo de CiU a aceptar la medida con el argumento de las actuales limitaciones presupuestarias. En este sentido, Toledano ha querido subrayar que su implantación implicaría la desaparición de las actuales prestaciones inferiores -y que según él tienen un coste de unos “700 o 800 millones anuales”- y se podría financiar además con cambios fiscales a nivel autonómico, como la “recuperación total del impuesto de patrimonio”.

En opinión de Casassas, sus grandes ventajas son la “simplicidad administrativa, sobre todo si se compara con los actuales programas condicionales”, que terminaría con la “estigmatización de los receptores” y que marcaría un “suelo de ingresos”, a diferencia de prestaciones actuales como el paro o la RMI que implican “un techo” a sus beneficiarios. Para Casassas, además, su aplicación implicaría un “aumento del poder de negociación de los trabajadores, porque al tener garantizados unos ingresos se ganaría en capacidad para decir no a lo que se intenta imponer desde el mundo del trabajo remunerado. Sería como una caja de resistencia desagregada”. El economista Eduardo Garzón, encargado de presentar la propuesta de trabajo garantizado, ha discrepado en este punto con el argumento de que “existe el riesgo de que suponga una subvención para los empresarios, que se planteen bajar sueldos porque el cobro de la renta básica ya compensaría al trabajador”.

Lluís Torrens: "La desigualdad se situaría a niveles de los países nórdicos"

Casassas ha insistido en que la “lucha por la incondicionalidad es la gran batalla que tenemos hoy” y ha afirmado que la Renta Básica supondría “una palanca de activación de la actividad humana ahora paralizada por el capitalismo, que nos obliga a llevar a cabo determinadas tareas para subsistir”. Lluís Torrens, también integrante de la Red Renta Básico, ha insistido que con su aplicación “al menos se terminaría la pobreza estadística”. Torrens ha sido el encargado de asegurar que financiar la medida es totalmente viable y que se haría a “través de una reforma del IRPF, con la eliminación de la mayoría de las deducciones y reducciones existentes, ya que muchas son de carácter regresivo y con el ahorro de las prestaciones actuales”.

“Miedo a que no trabajemos para ellos”

Eduardo Garzón: "Varios estudios demuestran que su implantación no tendría un coste superior al 3% del PIB"

Para que sea viable se deben de dar dos circunstancias: la disponibilidad de recursos económicos para poder financiar estos nuevos empleos y la necesidad de unos nuevos puestos de trabajo útiles desde un punto de vista económico, social, medioambiental o cultural. En el primer caso, Garzón ha querido subrayar que “varios estudios demuestran que su implantación no tendría un coste superior al 3% del PIB, muy inferior al rescate de la banca, y, además, se si llevan a cabo una serie de reformas fiscales en el Estado se podría recaudar en torno a un 6,3% del PIB más en impuestos. Por lo tanto, en términos financieros se puede garantizar un trabajo”.