La modificación de las reglas del trasvase del Tajo-Segura, aprobado por el Consejo Nacional del Agua la semana pasada puede suponer un recorte de 80 hectómetros cúbicos de agua anuales en la red de riego que alimenta una extensa región desde Alicante hasta Almería, pasando por Murcia. Además, si la propuesta de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de fijar un caudal ecológico por el Tajo, va adelante, esta cifra se podría incrementar en 70 hectómetros más. Una posibilidad que ha puesto en pie de guerra a los regantes de estos territorios, pero que, además, puede tener importantes consecuencias políticas.

Por ahora, desde la consellería de Agricultura y Medio Ambiente aseguran que se encuentran "a la espera" de que esta propuesta se formalice en un Real Decreto donde puedan presentar alegaciones. "Entonces será el momento de influir", explican. El pasado lunes, la consejera Mireia Mollà, en declaraciones a la Cadena Ser, anunciaba que "sin renunciar al diálogo" mostrarían "toda la firmeza". Desde el ministerio de Transición Ecológica responden que el problema "es el cambio climático" y que el actual modelo es insostenible: "Los regantes quieren continuar igual, pero esto no funciona, hace falta una diversificación de las fuentes de agua que incluyan la reutilización las desaladoras".

A pesar de que este discurso no está tan alejado del que exhibió Mollà en la entrevista, esta ha lamentado no tener "toda la reciprocidad del Gobierno español" que esperaban. Una línea de confrontación después de una semana en que el Gobierno valenciano ha intentado pasar de puntillas sobre el tema. Pero el tema del agua es especialmente sensible en las comarcas alicantinas más meridionales y ya no se podía continuar ignorando. La semana pasada, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS) anunciaba movilizaciones para impedir que el volumen del capital trasvasado se reduzca. En rueda de prensa, el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez ha explicado que la decisión "de salir a la calle" se ha tomado por unanimidad y que preparan "protestas de impacto" a Madrid, aunque por la situación sanitaria renuncian a las manifestaciones masivas y optarán "para ser imaginativos". Ya han recibido apoyos desde los gobiernos de Murcia y Andalucía, así como la Diputación de Alacant.

¿Cambio en las relaciones?

En el pasado, la situación de los regantes que dependen del agua del trasvase del Tajo había sido explotada por el PP para desgastar los socialistas. De hecho, la dirigente popular valenciana, Isabel Bonig, se ha apresurado a pedir "contundencia, firmeza y liderazgo" a Ximo Puig en esta cuestión. A esta presión, ahora hay que sumar la de Compromís, con Mollà, que además es ilicitana, con opciones de coger la bandera de la firmeza en esta cuestión. Para evitarlo, Puig podría subir el tono de las reivindicaciones ante Madrid.

Entonces, ¿las condiciones del trasvase pueden tensar las relaciones entre el gobierno valenciano y español? O internamente, ¿entre los socios del Gobierno valenciano? Públicamente nadie quiere hablar del tema y, de hecho, los intentos de preguntar sobre estas opciones no han recibido respuesta. En otra escala, fuentes próximas a los socialistas, a pesar de repetir que "en el tema del agua no hay colores políticos, si no territorios" reconocen cierto temor que una nueva guerra del agua podría impulsar sus socios de Compromís, en unas comarcas donde los valencianistas son especialmente débiles, y hacer pinza con el PP.

Otra posibilidad seria que los socialistas valencianos levantaran más el tono ante Madrid, una opción que tiene el riesgo de enfriar la buena sintonía entre ambos gobiernos. Cargos alicantinos y murcianos del PSOE ya han manifestado su oposición a la disminución del trasvase, pero un desencuentro serio de Sánchez con el principal gobierno autonómico del PSOE ya sería otra cosa. Y, además, no sería la primera vez. Además de conflictos enquistados como lo de la financiación, recientemente, Puig ya ha demostrado diferencias importantes con el Gobierno español con temas como la no convocatoria de la Conferencia de Presidentes autonómicos –que no se reúne desde octubre- o el de mostrar sus dudas sobre la política de adquisición de vacunas. A otro nivel, el anuncio de Puertos del Estado sobre que la polémica ampliación del Puerto de València se podría hacer sin la exigencia de una nueva Declaración de Impacto Ambiental –un nuevo frente entre los socios del Botánico-, ha sido recibida con extraordinaria frialdad en entornos socialistas valencianos. En este contexto, el agua del Tajo puede suponer un elemento más que ayudo a enrarecer el ambiente.